EL GOBIERNO SUSPENDE EN DERECHOS HUMANOS POR EL FRANQUISMO Y LA DESIGUALDAD

Los crímenes del franquismo, la discriminación de la mujer y las condiciones de los inmigrantes en los CIES, son de tres de los temas por los que la ONU ha reclamado al Gobierno español corrija su actitud cara al examen que nuestro país tendrá que pasar ante Naciones Unidas el próximo año. Las sentencias condenatorias de los tribunales internacionales apuntan a que la calificación en materia de Derechos Humanos para España no supera el suspenso. Así se resume el informe de 2014 realizado por la organización de Derechos Humanos Rights International Spain.

La situación en España ha llamado la atención de varios mecanismos internacionales, recuerda RIS. “De hecho, han visitado nuestro país, por parte de la ONU, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra la mujer”...



Inmigrantes, tortura y mujer
También lo ha hecho el Director de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, que realizó una visita ad hoc centrada en la situación de personas migrantes privadas de libertad bajo la Ley de Extranjería. “El Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió la lista de cuestiones que el Gobierno deberá responder para su examen ante este organismo en 2015.Tanto el Comité de Derechos Humanos como el Comité para la Eliminación de la Discriminación de las Mujeres de la ONU, emitieron sendos dictámenes condenatorios contra España”, reseña RIS.

Condenas y sentencias
“Finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en cuatro ocasiones a lo largo de este año –continúan- y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado dos sentencias importantes en materia de derechos fundamentales en España, relativas al derecho a un juicio justo en los procedimientos judiciales hipotecarios y a la protección al derecho a la intimidad en Internet”.

Saharauis expulsados
Las condenas del TEDH se refieren a la violación del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales por parte del Estado español. Así se dictaminó en el caso de 30 solicitantes de protección internacional de origen saharaui a los que se denegó el asilo y fueron expulsados a Marruecos. Explicaron que sus propios familiares habían sido torturados en represalia, pero España consideró que sus alegatos no eran creíbles.

Con la Iglesia hemos topado
Es interesante también la sentencia condenatoria en el caso de un particular que adquirió una finca en la que se ubicaba un monasterio cisterciense y que vio como 16 años más tarde el obispo de Palencia inscribía a nombre de la iglesia los edificios de origen eclesiástico. Los tribunales fallaron a favor del prelado y el Supremo inadmitió el recurso del propietario privado. Ahora el TEDH le da la razón considerando que se había vulnerado su derecho a la propiedad de unos bienes adquiridos e inscritos debidamente.

Extradición a Marruecos
En cuanto a Naciones Unidas, condenas y toques de atención a España han sido la tónica. El Comité de Derechos Humanos formuló un dictamen negativo por la extradición a Marruecos de una persona por parte de la Audiencia Nacional. El Comité concluyó que el Estado no había evaluado adecuadamente el riesgo de tortura y severos malos tratos que se podían producir.

El maltratador que mató a su hija
Por su parte, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer emitió un dictamen en el caso de una señora víctima de violencia doméstica. El juzgado consintió tras un tiempo a que las visitas del padre a la hija de los dos, que tenía tres años, se realizaran sin vigilancia. En uno de estos encuentros el padre mató a la niña y se suicidó. El Comité dictaminó la responsabilidad del Estado.

Sin justicia para víctimas del franquismo
Sobre los crímenes del franquismo el Relator Especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición informó: “Es en el ámbito de la justicia donde se observan mayores déficits en el tratamiento de los legados de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo”. El Relator expresa preocupación por la falta de investigaciones efectivas y por el contenido de la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2012 (caso Garzón) ya que la misma “habría solidificado la tendencia de los jueces a archivar casos similares.

Examen en julio
En julio de 2015 España deberá responder a la lista de cuestiones redactada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU que pone en tela de juicio muchas de las reformas del Gobierno, como por ejemplo el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, así como del
Código Penal, en concreto, por su “afectación al derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión”.

Los inmigrantes
También se vuelven a cuestionar varias deudas pendientes de España, como lo son el trato a migrantes en los CIE, el control fronterizo en Ceuta y Melilla, la detención incomunicada, la falta de respuesta adecuada frente a las desapariciones de la guerra civil y el franquismo, la vigencia de la Ley de Amnistía o las lagunas en las investigaciones de las denuncias de tortura.

Asimismo, se solicita información adicional sobre “las medidas tomadas para poner fin a los controles policiales basados en perfiles raciales y étnicos”, sobre cómo se “garantiza el acceso al aborto” así como sobre la Ley de Seguridad Privada.

Ley de Seguridad Ciudadana
En materia del derecho a un juicio justo, resume RIS que se cuestiona la Ley de Tasas (ya en vigor) y el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Refiere además esta organización de Derechos Humanos que en múltiples declaraciones a los medios, el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa se ha pronunciado de forma reiterada sobre que la enmienda que pretende legalizar las devoluciones sumarias desde Ceuta y Melilla y las restricciones a las libertades de reunión y expresión en el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana son contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos.