Según informa la prensa de hoy, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz “ha retirado el pasaporte y ha prohibido salir del territorio nacional" al ex inspector Antonio González Pachecho, alias Billy el Niño, y al ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar. Los dos miembros del aparato represor franquista aún vivos, de los cuatro que la juez argentina María Servini de Cubria ha imputado recientemente por el delito de torturas en los últimos años del franquismo, y contra los que ha solicitado una orden internacional de detención. Las medidas impuestas a los dos ex agentes, que incluyen la "obligación de comparecer semanalmente en la Audiencia Nacional o en el juzgado más próximo a su domicilio", han sido decretadas por el juez Ruz "en conformidad con lo solicitado por el fiscal, Pedro Martínez Torrijos".
La citación de los dos ex mandos policiales franquistas se ha producido después de que el Consejo de Ministros decidiera, el pasado viernes, continuar los trámites legales del proceso de extradición solicitada por la justicia argentina para que la juez Servini de Cubría pueda tomarles "declaración indagatoria".
Lo ocurrido hoy en la Audiencia Nacional es el resultado de las denuncias presentadas en Argentina, desde 2010, por las familias de las víctimas de la represión franquista ante la falta de progreso de las causas contra estos agentes en España. Un resultado que ha sido posible porque la Justicia argentina ha tomado en consideración el criterio de "justicia universal" utilizado por el juez Baltazar Garzón cuando investigó en España, a finales de la década de los noventa del pasado siglo, a los criminales de las dictaduras de Argentina y de Chile de los años 1976-1983 y 1973-1990 respectivamente.
Pero también es - como lo ha declarado hoy frente a la Audiencia Nacional una de las víctimas del bestialismo de esos torturadores - un "sueño hecho realidad" que ha sido posible gracias a la obstinación de las asociaciones de represaliados en proseguir las denuncias judiciales en Argentina después del fracaso de la tentativa de hacerlo en España con Garzón.
Un "sueño hecho realidad" que los miembros de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) quisieran repetir con el ex ministro Martín Villa.
¿Se realizará este "sueño"? ¿Serán extraditados a Argentina los dos ex agentes franquistas para que les interrogue la juez Servini de Cubría? ¿Los juzgará y condenará la Justicia argentina?
Por lo sucedido hoy en la Audiencia Nacional, tanto en el despacho del juez Ruz como en la calle, pocas esperanzas pueden alentarse. El hecho de que la juez haya dejado en libertad a los dos ex mandos de la Policía y la Guardia Civil, y que los agentes de la Policía y de la Guardia Civil, que guardaban el edificio, hayan alejado a empujones y con amenazas de multar a los integrantes del grupo de víctimas del franquismo que reclamaba justicia, induce más bien a pensar que ni ese “sueño” se repetirá, ni serán extraditados, juzgados y condenados esos dos ex agentes franquistas.
Además, aunque en los próximos días, semanas, meses o años, ese "sueño" llegara a repetirse y hubiera extradición, juicio y sentencia, sería la Justicia argentina y no la española la que finalmente juzgaría y condenaría (o no) a los torturadores y responsables de la represión franquista que aún queden vivos. Es decir, que tendríamos que asumir la vergüenza de nuestra impotencia por no haber sido capaces de poner fin a la continuidad del franquismo en las Instituciones del Estado.
Desgraciadamente, el que el juez Ruz se haya visto obligado a actuar a petición de la juez argentina evidencia ya esa impotencia. Una impotencia cuya responsabilidad incumbe principalmente a la clase política española que se pretende "progresista": tanto por aceptar este estado de cosas en la oposición como por su cobardía a cambiarlo cuando ejerció funciones de gobierno.
Ante una tal situación, ¿que hacer?
Por supuesto, todo lo que se haga por recordar y rehabilitar públicamente a las víctimas de la represión franquista tiene su valía y debemos continuar haciéndolo… Lo peor sería enterrar la memoria de su lucha con nuestro silencio... Pero me parece que no se conseguirá preservar esa memoria dejándola en manos de la Justicia (sea la argentina o la española); pues un acto judicial entierra la memoria más que la preserva.
El combate de la memoria no debe ser para castigar, aunque sea simbólicamente. El castigo, y más si es judicial, es una venganza. El objetivo de la memoria debería ser el de interesar a las nuevas generaciones en lo que fue aquella lucha, para que no haya amnesia histórica y los Poderes responsables de aquella tragedia no sigan decidiendo el ordenamiento de la sociedad.
El recurso a la Justicia, como lo hicimos los libertarios con las demandas de revisión de las sentencias pronunciadas por los tribunales franquistas, era para romper la amnesia impuesta por la “transición” y obligar a los partidos políticos “progresistas” a asumir su responsabilidad…
El “proceso de memoria histórica” se puso en marcha y esos partidos no supieron ir más lejos de esa cobarde e hipócrita Ley, parida por un gobierno socialista, que ni siquiera sirve para anular las sentencias franquistas. No obstante, eso demostró que el combate, aunque deba pasar en algún momento por lo judicial, es político y que es a los políticos de asumir la responsabilidad del resultado del mismo. Y a nosotros de obligarles a asumirlo.
Desgraciadamente, la situación es la que es , y por ello se impone ahora, cuando comienza el tiempo de las promesas, de no olvidar lo que esos políticos no tuvieron el valor de hacer cuando tuvieron en sus manos el poder de hacerlo.
Octavio Alberola
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