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lunes, 1 de diciembre de 2014

NO NOS ENGAÑEMOS, NOS GOBIERNA NICOLÀS

Debo de ser de las pocas personas que cree a Nicolás. Su historia es delirante, sí, pero es que así de delirante es la política que hace el Partido Popular. Nicolás exagera, claro; o quizá se le ha ido la cabeza: demasiado joven para tanta influencia. Por supuesto que se da a sí mismo mucha más importancia de la que realmente tiene o tenía, pero lo cierto es que las reuniones, los conocidos, los contactos, la posibilidad de hacer negocio, todo eso es verdad.

Los desmentidos del PP en este asunto vienen a ser como decir “todo es mentira, salvo alguna cosa”. Nunca sabremos lo que había de verdad y lo que había de mentira o exageración porque al chico le van a mandar a galeras, pero yo puedo decir que sé que una gran parte de lo que cuenta es cierto porque lo he vivido muy de cerca. Y no, yo no deliro.

En este asunto, como en otros muchos de la política española, el Partido Popular se beneficia de que la realidad resulta casi increíble para la mayoría de la gente no relacionada con los círculos de poder, por lo que basta con desmentir para que la gente se crea el desmentido. Pero si Nicolás miente en algunas cosas, también mienten los desmentidos...


Caricatura de Borja Montoro




La realidad es que todo el mundo le conocía, todo el mundo se ha reunido con él y no le hacía falta colarse porque le invitaban a todas partes. Sobre esta historia yo puedo aportar un punto de vista vivencial para asegurar que lo que cuenta Nicolás no es más que la manera en que funciona el Partido Popular, que está lleno de Nicolases de todas las edades.

Fui presidenta de una asociación no muy grande pero que durante algunos años estuvo en el centro del debate social y político. Eso me permitió tener relación política e incluso personal con cargos públicos de todo tipo, desde concejales hasta diputadas pasando por toda una pléyade de cuadros medios de los ministerios. He estado decenas de veces en el Senado, en el Congreso, en despachos de diputados y diputadas. Me he reunido con ministros/as y también he estado en la Moncloa varias veces. Durante algunos años he comido en muchas ocasiones en el comedor del Congreso y he paseado por ministerios e instituciones políticas como parte de mi trabajo de entonces.

Una vez que una persona, en mi caso en función de mi cargo, se introduce en ese mundo político institucional, comienzan a llegar invitaciones a todo tipo de recepciones y reuniones; unas estrictamente políticas y muchas otras que no lo son pero en las que sí se hace política, o lo que ellos llaman política. Hay recepciones cada vez que viene un mandatario extranjero, hay recepciones por las fiestas regionales, municipales, estatales, constitucionales, religiosas; hay reuniones de partido, reuniones de secretarías, reuniones electorales, congresos, congresillos, reuniones de agrupación, reuniones de famosos, inauguraciones de todo: desde una rotonda hasta un monolito. Y con el tiempo te das cuenta de que, a estas cosas, siempre van los mismos.

Nicolás empezó como empiezan muchos en el PP aunque, para su desgracia, algo falló en su progresión hacia un ministerio o una gran empresa. Quizá lo que haya ocurrido es, simplemente, que los tiempos están cambiando y que se empieza a descorrer el velo que durante todos estos años ha impedido ver la realidad de la política española, y especialmente al Partido Popular, como lo que es: el partido heredero del franquismo que hace la misma política que se hacía en la dictadura.

El Partido Popular está lleno de gente que entró siendo muy joven, que supo agarrarse como una garrapata y que consiguió trepar a base de pegarse a los importantes, hacerse el simpático, resultar servicial, estar en todas partes, resultar gracioso/a y hacer la pelota sin límite. Es un partido que está lleno de “groupies”.

En el caso de Nicolás su propia madre le llevó a la FAES con catorce años, igual que hay madres o padres que llevan a su niño a un club de tenis para que aprenda a jugar y se haga rico. Los padres ya no quieren que sus niños o niñas sean médicos o abogadas, lo que quieren es que encuentren un camino para hacerse ricos y la política es uno de ellos; quizá el más sencillo porque no hace falta ningún mérito personal; a la vista está. El niño se hizo simpático en la FAES y desde allí fue trepando según se situaba de acompañante de alguien importante.

Podría poner muchos ejemplos de chicos y chicas que empezaron así y han acabado, con suerte, en lo más alto. Los líderes suelen adoptar a unos cuantos incondicionales porque a veces les utilizan para hacer algún trabajo sucio dentro del partido, porque les caen simpáticos, porque muchos de nuestros políticos funcionan como estrellas del rock y siempre llevan un séquito que les dicen en todo momento lo bien que lo hacen. Si alguno de este séquito destaca o cae mejor que otro, enseguida comienza a ser invitado a todas las reuniones y recepciones. Y allí conocerá a todo el que es importante, desde el rey a un gran empresario.

Así, poco a poco, estos personajillos, si son espabilados, terminarán entrando en alguna lista política o se buscarán un puesto de trabajo en el partido o incluso en las instituciones. El objetivo de todos ellos es dejar de ser un “acompañante” para conseguir tener influencia propia, no delegada, su propio poder. La otra opción, además de la política, es la de los negocios, tipo Agag. Es relativamente fácil hacer negocios una vez que estás en estas recepciones, tienes don de gentes y ningún tipo de ética personal.

Lo mismo consigues que un ministro te cuente cómo van las negociaciones con determinado país, y así enseguida sabes cómo y dónde invertir, que te enteras antes que nadie de que va a salir a concurso público tal o cual servicio al que podrás concursar con la consiguiente ventaja. Simplemente caes simpático, estás en el sitio adecuado, conoces a alguien que conoce a alguien que te presenta a alguien y, al final, todo eso termina en un cargo público que reparte el dinero entre amiguetes. Aquí no hay ley ni control público que valga. Igual que en el franquismo, en España, y singularmente en el partido heredero de Franco, se tiene una concepción patrimonial de la política.

Claro que en esto también hay clases. Se pude empezar desde arriba como Agag o Urdangarin o se pude empezar desde abajo como un currante de la intriga y la corrupción. Hace unos días fui a una recepción oficial de estas que menciono y me encontré a Carromero, pululando alrededor de varios altos cargos. ¿Alguien se acuerda ahora de que Ángel Carromero se fue a Cuba más o menos becado por la Comunidad de Madrid para conspirar contra Fidel Castro? ¿Quién pagó el viaje de Carromero? ¿Qué se supone que hacía allí? ¿Quién le mandó? Si pensamos en Carromero conspirando en Cuba, nos daremos cuenta de que no es tan raro que Nicolás se creyera comandado para arreglar lo de Cataluña.

Recordemos que aquel chico tiene una trayectoria parecida a la de Nicolás. No estudió nada, no aprobó nada, no tiene ningún mérito que se sepa, excepto que desde muy joven se acercó donde debía: su único oficio conocido es el de pelota e intrigante oficial, pero ya ha conseguido cobrar un buen sueldo del partido. La ventaja que tuvo Carromero sobre Nicolás es que fue más discreto y, sobre todo, que cuando se descubrió su caso la opinión pública española no estaba tan ahogada por la náusea como ahora.

Empezar siendo un niñato que hace la pelota a Aznar y le ríe las gracias, y que enseguida te inviten a todas las recepciones político/sociales en las que se termina hablando de Guinea o de Cataluña y proponiendo soluciones al peso, es algo que he vivido yo misma rodeada de políticos profesionales cuya inteligencia, formación, compromiso social o político, está a años luz de los jóvenes que tienen que exiliarse porque aquí no hay espacio para ellos/as. No voy a dar nombres, pero todos los tenemos en la cabeza.

En la mayoría de los partidos, pero singularmente en el Partido Popular, porque la mediocridad es parte de su ADN, se premia el peloteo, el elogio de la incultura, la ambición desmedida y el desprecio a la inteligencia; esos son los únicos méritos que cuentan en la meritocracia particular del Partido Popular. En ese partido prima sobre todas las cosas la chulería y el presumir de mediocridad intelectual. Este es el país en el que se gobernó al grito de “muera la inteligencia”, los políticos del PP son los herederos de aquellos. Nicolás no es más que uno de sus hijos; quizá salió demasiado listillo o quizá comenzó su carrera en un mal momento. Pero todos ellos son, o han sido, Nicolases.

Autora: Beatriz Gimeno

EL JUEZ RUZ: DE MIRLO BLANCO A 'BESTIA NEGRA' DEL PP

Era el juez ideal para el PP. Discreto, equilibrado, ideológicamente aséptico, ajeno a banderías gremiales y con cara de buen chico. Pero en apenas año y medio se ha convertido en su bestia negra. Esta semana se decide su futuro.

"Quería la cabeza de un ministro y ya la tiene". El juez Pablo Ruz ha pasado de ser un buen chico, un 'mirlo blanco', la perita en dulce de la judicatura, a tornarse en una verdadera pesadilla para el Partido Popular. La caída de la ministra de Sanidad, primer miembro del Gobierno de Rajoy que sucumbe por un asunto de corrupción, ha rebasado toda la paciencia y ha laminado todos los disimulos. "Hay hostilidad hacia el partido, eso se nota", comenta en privado un miembro de la Ejecutiva. Es una opinión muy extendida en sus filas. 


Ilustración de Ivan Mata
Su salida de la Audiencia está a punto de concretarse. Pero antes de volver a su juzgado en Móstoles, Pablo Ruz quiere resolver la pieza del asunto Bárcenas, los dineros negros del Partido Popular, otro auto que se espera con inquietud en los altos despachos de Génova. Seis años de instrucción tocan a su fin. Será el último arreón del juez contra los intereses de la formación en el Gobierno, según manifiesta la mencionada fuente.

Ruz debe irse. Tiene que abandonar la Audiencia Nacional, insisten. El próximo 24 de diciembre, en plena Nochebuena, concluye su periodo semestral al frente del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que llegó en junio de 2010 en sustitución de Baltasar Garzón que había sido suspendido de sus funciones. 

Su aterrizaje en el corazón judicial del 'caso Gürtel' se recibió como una bendición en las filas del Partido Popular. Garzón era la bicha y el horror, y, de pronto, se ponía al frente de la causa un joven magistrado de 35 años, nacido en Liébana (Santander), licenciado por la Universidad Pontificia, hijo de abogado, nieto de un vocal del Tribunal de Cuentas, bisnieto de juez y sobrino de notario. 

Un admirador de los Beatles, guitarrista en sus horas libres, con tres hijos y una formación jurídica de primer orden. Minucioso hasta los límites de lo razonable, estudioso (aprobó las oposiciones en dos años), entregado a su trabajo, siempre ha sido muy bien valorado por sus colegas y compañeros.

La pugna con el colega Bermúdez


Ruz no sólo sucedió a Garzón en el endiablado sumario de la Gürtel sino que, en abril del 2013, se quedó con la investigación de los papeles de Bárcenas en ardorosa pugna con su colega Gómez Bermúdez, el presidente del tribunal del 11M, quien por entonces no mantenía unas relaciones demasiado amigables con el PP. La formación de Mariano Rajoy respiró relativamente tranquila con el resultado de la pugna. Había ganado el bueno, se decía.

"Qué error. Cómo nos equivocamos", confiesan ahora al recordar aquel episodio. Pensaban que Ruz era una especie de Ransom Stoddard, el abogado justiciero que encarnaba James Stewart en 'El hombre que mató a Liberty Valance'. Pero ha resultado ser más bien Roy Bean, el juez de la horca, implacable perseguidor de los implicados en la Gürtel y pesadilla permanente para los inquilinos de Moncloa.

Y aunque no lo reconozcan, echan ahora de menos a Bermúdez. En especial tras el episodio de Ana Mato. Ruz soltó el demoledor auto que laminaba políticamente a la ministra la víspera en la que Rajoy se preparaba para acudir al Congreso a presentar su paquete de medidas contra la corrupción. Un bombazo en la línea argumental del Gobierno. ¿Casualidad? Pocos lo creen. Ruz suele emitir sus autos en viernes, como es bien sabido en la Audiencia. Pero esta semana lo hizo un miércoles. "De haber esperado 48 horas a cerrar la primera fase de la Gürtel, no cabe duda de que Mato seguiría siendo ministra", comentan. Y la fórmula elegida para señalarla, "partícipe a título lucrativo', una figura rara, poco frecuente, extremadamente singular y algo forzada, según las mismas fuentes, alimenta esa teoría de que "quería una cabeza de ministro". El PP focaliza en Ruz algunos de sus muy serios problemas con la Justicia. El partido está inquieto, temeroso de la próxima cita con las urnas y sabe que el libreto de la economía ya no da votos. Pero la corrupción y los jueces, restan. He ahí el problema.

El relevo en la puerta


Pablo Ruz ya es un juez bajo sospecha para los cuadros directivos de la formación conservadora, donde no se ve la hora en que abandone la Audiencia y regrese a Móstoles, donde tiene su plaza ganada desde hace dos años. Es posible que la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial decida esta semana sobre su futuro. El CGPJ debería sacar a concurso ya 300 plazas judiciales que están a la espera. Si lo hace, Ruz, cuyo plazo de sustituto en la Audiencia cumple a finales de año, no tendría posibilidad alguna de mantenerse en el juzgado número 5 ya que la designación es por estricto orden de antigüedad. Ahí Ruz tiene las de perder. Se estudia, eso sí, la posibilidad de que aunque la plaza salga a concurso, Ruz se mantenga como refuerzo del nuevo titular, dada la importancia de los casos que ahora inundan el codiciado juzgado. El caso del primogénito de los Pujol, por ejemplo, entre ellos.

El episodio andorrano protagonizado hace unos días por Mercè Pigem, vocal de la Comisión Permanente del Consejo, ha provocado su salida. Carlos Lesmes, presidente del gobierno de los jueces, le solicitó su renuncia. Pigem fue descubierta en la frontera de Andorra cuanto introducía en España 9.500 euros en compañía de su hermana, que llevaba 10.500. Todo en metálico. En pleno ataque de transparencia y guerra contra la corrupción, no puede una vocal del CGPJ ser interceptada y sorprendida pasando fajos de billetes de un país a otro, aunque la cantidad no incurría en la ilegalidad. Pigem llegó a la dirección del Consejo en noviembre pasado a propuesta de CiU. Su primera reacción fue vincular su patinazo transfronterizo con el proceso soberanista que impulsa el partido que le apadrina. Un disparate más del nacionalismo catalán, cuya tendencia irrefrenable a manejar dineros hacia Andorra, o viceversa, resulta ya patológico.

Ruz está a la espera de lo que decida Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, sobre quien ahora caen presiones de todo tipo. Y el Gobierno también. Su extrema meticulosidad, su afán perfeccionista, la dificultad de la investigación y las interferencias de las defensas han hecho que la Gürtel se prorrogue ya más de cinco años sin que haya pasado aún de la fase de instrucción. Esta semana se cerró una pieza. La más importante. Más de 40 imputados con vínculos directos con el PP. Y una ministra, a casa. No es raro que en el partido de Rajoy a Ruz, a quien se adoraba, tengan tantas ganas de devolverlo a su plaza. Parece que su viaje de vuelta a Móstoles está ya en huertas.

domingo, 4 de mayo de 2014

CORRUPCIÓN Y ABUSO DENTRO DE LAS FUERZAS ARMADAS

“Un paso al frente”, la obra escrita por un teniente del Ejército de Tierra en activo, de próxima aparición, cuestiona los privilegios de la cadena de mandos y denuncia la indefensión que sufren suboficiales y tropa. Ahora teme ser represaliado.

El autor de "Un paso al frente", el teniente del Ejército de Tierra Luis Gonzalo Segura, de 37 años y destinado en Trasmisiones, teme sufrir represalias por la publicación de su libro. De hecho, incluso valoró la posibilidad de sacarlo a la luz bajo un pseudónimo...



Un oficial, un suboficial y un soldado

“Ha sido el mayor reto de mi vida, porque jamás había escrito nada más allá de cualquier estúpido formulario”, asegura el teniente Gonzalo Segura, que ha dedicado año y medio a redactar esta novela. Lo ha hecho en su tiempo libre, y sin informar a sus superiores, consciente de que, si lo hubiera hecho, podrían haber intentado boicotear el proyecto.

La historia del libro gira en torno a tres militares –un oficial, un suboficial y un soldado- que se conocen durante su estancia en un centro de instrucción. Posteriormente vuelven a encontrarse destinados en Afganistán, un país donde sirvió temporalmente el autor.

Crítica a las “castas” de oficiales

El relato, según indica Gonzalo Segura, está plagado de hechos y situaciones reales, que él ha visto y vivido en sus años de servicio, y que ponen en cuestión el actual modelo y funcionamiento de las Fuerzas Armadas.

Hace hincapié especialmente en el “doble rasero” que se aplica a militares de tropa (“expulsados a los 45 años”) y suboficiales ("se les niegan los ascensos”), contrapuesto a lo que ocurre con lo que denomina “castas” de oficiales.

El centro principal de la crítica es este último colectivo: las “corruptelas y privilegios” que, según detalla en ‘Un paso al frente’, practican oficiales de los tres Ejércitos. Principalmente aquellos que tienen capacidad de decisión en materias como la compra de combustible, de comida o de equipos y armamento.

Lotería de condecoraciones

Dedica un apartado a los “privilegios” que tienen los altos mandos, como el acceso exclusivo a clubs e instalaciones deportivas militares.

También las condecoraciones-‘lotería’, distinciones que se reparten a aquellos que no hacen “demasiado ruido, aunque nunca hayan pisado un escenario de guerra”. Y las indemnizaciones de 60.000 euros que reciben los tenientes coroneles por no ascender a coronel, junto con las dietas y comisiones de servicio que reciben mientras “a la tropa se le reduce el salario”.

Denuncia también los denominados IPECs, los informes de evaluación que elaboran los mandos sobre el personal de tropa, y de los que dependen sus posibilidades de ascenso. Se utilizan, denuncia, como un castigo contra aquellos que no sigan la línea que marque su superior.

Coroneles al mando de piscinas

Las Fuerzas Armadas que describe están “condicionadas de cara al futuro” por la bicefalia: “52.000 cuadros de mando para 78.000 integrantes de tropa. Hay 205 generales para 10 brigadas, y coroneles en España que están al mando de piscinas militares…” asegura el autor.

La historia, según ha sabido ECD, ha llamado la atención del televisivo Jordi Évole, conductor del programa ‘Salvados’, aunque su participación en el espacio de laSexta aún no se ha cerrado.

"Un paso al frente" será presentado el próximo 21 de abril en Madrid, en la librería Enclave de Libros, y en Zaragoza los días 22 y 23 de abril.

"Es muy probable que me expulsen"

“Es muy probable que sea expulsado del Ejército”, asegura a El Confidencial Digital, el teniente Gonzalo Segura, que añade que no le preocupa perder su sueldo pese a ser consciente de que eso repercutirá gravemente en su estabilidad económica. “Que pase lo que tenga que pasar”, dice.

Este oficial, que no tiene ni una mancha en su expediente tras 12 años de servicio, es consciente de que se le ha abierto una investigación para determinar posibles sanciones. Desde una multa económica a arresto, hasta incluso la expulsión de las Fuerzas Armadas, ya que, según recoge el Régimen Disciplinario militar, cualquier crítica sobre el funcionamiento interno difundida de forma pública es considerada falta grave.

sábado, 21 de diciembre de 2013

EL REY JUAN CARLOS COMO INTERMEDIARIO EN LA VENTA DE ARMAS

Varias ONG denuncian por cuarta vez la venta de armas españolas a Marruecos para la represión del pueblo saharaui.


Diversas ONG de defensa del pueblo saharaui denunciaron el pasado mes de julio, en un acto público ante el Ministerio de Economía en Madrid, al Gobierno español por la venta de armamento a Marruecos, una circunstancia que infringe la legislación internacional que regula la exportación de armas a países en conflicto. La denuncia, presentada no sólo en acto público sino también ante los tribunales, va acompañada de una serie de documentos, entre ellos fotografías y vídeos, que demuestran que el material comprado a España ha sido utilizado por las Fuerzas de Seguridad marroquíes en la represión del pueblo saharaui.

Es el cuarto año consecutivo que estos organismos acusan públicamente al Gobierno de vender material bélico –tanques, todoterrenos y armas– al monarca marroquí, Mohamed VI, quien el mismo lunes dio la bienvenida al rey Juan Carlos I, al ministro de Exteriores y a sus acompañantes, que llegaron al país vecino para debatir sobre sus intereses comerciales comunes.

LA VENTA DE ARMAS A MARRUECOS

La venta de armas a Marruecos no es algo actual. Según ha explicado Eduardo Melero, abogado y miembro de Justicia i Pau –una de las ONG denunciantes–, “desde 1995 hasta 2012 España ha exportado material bélico a Marruecos por valor de más de 250 millones de Euros de forma ininterrumpida”. A estas cifras, calculadas sólo hasta 2012, hay que añadirle la venta de material del año vigente. A pesar de que no se han encontrado datos detallados sobre ella, el pasado mes de abril el ministro de Defensa español, Pedro Morenés, y el de Marruecos, Abdeltif Loudyi, se reunieron en la fábrica de Urovesa, una empresa encargada de fabricar vehículos militares, en Santiago de Compostela.

JUAN CARLOS, INTERMEDIARIO 

Las ONG han aprovechado la visita de Juan Carlos I a Mohamed VI, y han manifestado su descontento con la intención del monarca, que “con sus visitas a Marruecos no sólo pretende mejorar las relaciones internacionales, sino que trabaja como intermediario en la venta de armas”, según ha afirmado Melero. Las denuncias anteriores han sido desestimadas por los tribunales, que han alegado que toda información “acerca de la exportación de armas es secreto de Estado”. Melero se ha indignado ante la situación, ya que “basándose en el secreto de Estado el Gobierno impide que podamos plantear una demanda judicial”, ha añadido. Por su parte, Luis Mangrané, miembro del Observatorio Aragonés por el Sáhara Occidental, ha recalcado que a pesar de que el Gobierno se empeñe en calificarlo como secreto estatal, “la exportación de armas es un secreto a voces”.

REPRESIÓN EN EL SAHARA

La legislación internacional prohíbe la venta de armas a países que mantienen algún conflicto en su territorio, sin embargo, España se ha saltado esta ley desde hace años y ha olvidado el conflicto del Sáhara Occidental. La Coordinadora Estatal de Acciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara), una de las organizaciones denunciantes, envió junto a otras ONG una carta al rey antes de su visita a Marruecos con el objetivo de pedirle que tuviera el “coraje de asumir sus responsabilidades” para con el pueblo saharaui, un pueblo “al que España abandonó y con el que tiene una deuda histórica”.
Días después del envío de la carta y de que comenzara la visita oficial de Juan Carlos I en territorio marroquí, éste sigue negociando sobre sus intereses comerciales con el monarca marroquí, entre los que se encuentra la venta de armas.

Uno de los activistas saharauis, Hassana Aalia, estaba presente en el acto público de denuncia ante el Ministerio de Economía. Durante el acto, ha mostrado su preocupación por la situación y ha afirmado que “es una vergüenza que los intereses económicos estén por encima de los Derechos Humanos”. Ha sido Aalia quien ha asegurado que junto a la denuncia han presentado documentación que demuestra que el material bélico español, principalmente tanques y todoterrenos militares, han sido utilizados para reprimir al pueblo saharaui. “Cuando yo estuve en el Campamento de la Dignidad –el Gdeim Izik, situado a las fueras de El Aaiún– pude ver cómo utilizaban los vehículos, y tenemos fotos y vídeos para demostrarlo”, ha asegurado. Aalia fue acusado junto a otros 23 activistas saharauis de matar a once soldados durante el desalojo del Campamento de la Dignidad, y condenado in absentia el pasado 18 de febrero a cadena perpetua. Actualmente vive en España a espera de poder presentar algún recurso para que su sentencia, de la que se enteró a través de la radio, quede anulada.

Mientras tanto, las ONG siguen en su lucha por denunciar la venta de armas a Marruecos, exigiendo que se denieguen las autorizaciones para exportar armas a países en conflicto y que se revoquen las concedidas. Sin embargo, Melero ha explicado que “todos los años el tribunal falla a favor del Ministerio y la denuncia queda desestimada”.

Fuentes:
www.diagonalperiodico.net/global/rey-juan-carlos-trabaja-como-intermediario-la-venta-armas.html

sábado, 2 de noviembre de 2013

LAS 30 EMPRESAS ESPAÑOLAS QUE EVADEN IMPUESTOS EN PARAISOS FISCALES

Si hace cuatro años eran 18 las firmas del IBEX que utilizaban este tipo de tácticas, el último informe anual del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa revela que ya lo hacen 30 de las 35 que componen el índice.

Estas prácticas de elusión fiscal no violan ninguna norma española o internacional, pero el director del estudio, Carlos Cordero, destaca que se producen en un contexto en el que los ciudadanos sufren recortes en salarios y en prestaciones sociales para reducir el déficit público, al tiempo que se les exige que aporten más a las arcas públicas.

En el año 2010, los ciudadanos españoles entregaron a Hacienda el 11,5% de sus ingresos, mientras que las empresas del IBEX-35 aportaron el 9,9% de sus beneficios.

El estudio señala además que ninguna de las firmas ofrece datos desglosados de los impuestos que pagan en cada uno de los países en los que están presentes.

¿Qué se considera un paraíso fiscal?

No existe consenso a nivel internacional para definir qué países son paraísos fiscales, si bien diversas instituciones han publicado sus propias listas de territorios.

En España, el criterio es que estén incluidos en la lista del Real Decreto 1080/91, de 5 de julio. Originalmente, el decreto enumeraba 48 territorios, pero en 2003 fue modificado para precisar que se excluiría a aquellos países que firmasen con España un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria. Tras una intensa actividad en los dos últimos años, la lista ha quedado sensiblemente reducida.

El alto ritmo de convenios firmados por España se enmarca en la persecución de los delitos fiscales, pero las empresas pueden evitar pagar sus impuestos en los países donde generan el beneficio sin por ello incumplir ningún precepto legal.
Por ello, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa señala que el hecho de que se suscriban acuerdos sobre intercambio de información fiscal no puede considerarse suficiente como para quitar la condición de ‘paraíso’ a un país.

El listado del ORSC incluye un total de 75 territorios y ha sido elaborado utilizando fuentes especializadas como las listas publicadas por la OCDE y la organización especializada Tax Justice Network, además del informe Hamon del Parlamento Europeo. A modo de ejemplo, esas tres listas incluyen a Belice entre los paraísos fiscales, pero el país no aparece en el Real Decreto español.

Es por ello que en su reciente declaración judicial, el que fuera secretario del Instituto Nóos, Miguel Tejeiro, señaló que no cometió ningún delito al crear una sociedad en ese pequeño Estado centroamericano cuando ejercía como contable de entidades gestionadas por Iñaki Urdangarín, el yerno del Rey de España.

El informe del ORSC pone de manifiesto operaciones corrientes en el panorama empresarial español, como compraventas de fuel domiciliadas en Delaware o producciones de hidrocarburos de Ecuador domiciliadas en las Islas Caimán.

Las tiendas online, otra vía de evasión

El Observatorio alerta también del “agujero” que están creando las tiendas por Internet en lo que respecta a recaudación de impuestos debido a que las sociedades que se encargan de facturar las ventas “online” están ubicadas en territorios considerados paraísos fiscales. Esto provoca un impacto negativo en el volumen de dinero recaudado tanto a través del impuesto de sociedades como del IVA.

Desde el ORSC señalan que la elusión “legal” de impuestos seguirá aumentado mientras los gobernantes no pongan límites y las empresas sigan viendo con buenos ojos “las estrategias agresivas de optimización fiscal”.

Las 30 empresas que evaden impuestos:

ABENGOA
ABERTIS
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ARCELOR MITTAL
BANESTO
BBVA
BANCO PASTOR
BANCO POPULAR
BANCO SABADELL
BANCO SANTANDER
CRITERIA
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IBERDROLA
INDITEX
MAPFRE
OHL
RED ELECTRICA
REPSOL
TECNICAS REUNIDAS
TELECINCO
TELEFONICA
BOLSAS Y MERCADOS
IBERIA

http://economiazero.com/las-30-grandes-empresas-espanolas-que-evaden-impuestos-en-paraisos-fiscales/
Las 30 grandes empresas españolas que evaden impuestos en paraisos fiscales

domingo, 1 de septiembre de 2013

LA ÚLTIMA NÓMINA DE FRANCO

En nuestra deriva diaria por blogs y redes sociales, rumbo al pasado, recalamos en el blog Historias de la Historia, que nos muestra un documento singular: la última nómina del dictador Francisco Franco Bahamonde.
 
Se embolsaba, como Generalísimo de los Ejércitos, 168.000 pesetas al mes, si bien otros conceptos elevaban su retribución a 800.000
 
 
Así descubrimos que Franco era, en cierto modo, un «mileurista»; se embolsaba, allá por 1975, la nada despreciable cantidad de 168.477 pesetas —unos mil euros en la actualidad—, que después de las preceptivas deducciones quedaban en 154.710 pesetas. Para los que no hayan guardado nunca pesetas en sus bolsillos, Javier Sanz ofrece una serie de datos orientativos sobre su valor.
Con ese sueldo de Franco, en los años setenta se podían adquirir seis televisores de gama alta; o un Renault 5 —el coche que causaba furor— con combustible para recorrer un país sin red viaria. Un piso de ochenta metros cuadrados venía a costar unos dos millones de pesetas; y el agraciado con el Gordo de Navidad se embolsaba veinte millones.
 
Pero éste sería el capítulo oficial; otros documentos inéditos, rescatados la Ley de Memoria Histórica y archivos de la Fundación Franco, dan cuenta de unos emolumentos muy superiores a los declarados en esta «nómina» oficial, que no sería más que un sobresueldo. El Ministerio de Hacienda, por orden del Gobierno franquista, ingresaría cada mes 600.000 pesetas al dictador, por sus labores como Jefe del Estado. Pero la cosa no queda ahí: la propia Jefatura del Estado contaba con una asignación anual de 30.900.000 pesetas; la Jefatura de la Casa Civil, 20.987.000 pesetas.
 
Estos datos contrastan con los sueldos de la época: un funcionario cobraba unas 35.000 pesetas en los años setenta; el director de ventas de una multinacional, 90.000; un oficinista no superaba las 30.000 pesetas.
 
ABC- hemeroteca

lunes, 8 de julio de 2013

LA RUPTURA CON LOS RESIDUOS DEL FRANQUISMO : LA REVOLUCIÓN BLANDA

La restauración de la monarquía, encarnada por la Casa de Borbón, y la presión creciente de las luchas populares, posibilitaron la llamada Transición, deseada por el pueblo español. Sin embargo, la Transición no consiguió desplazar de forma efectiva a los poderes que sostuvieron la dictadura. De este modo la estructura administrativa del Estado -civil y militar- quedo intacta, manteniéndose lo esencial para continuar su dominación bajo otra forma.
A cambio de las ansiadas libertades democráticas, hoy en franco retroceso, las fuerzas democráticas pactaron con el poder del franquismo. Este pervive actualmente enquistado en las estructuras del Estado y en la sociedad.
El régimen de la Transición ha desembocado finalmente en una crisis/estafa financiera, cuyo incierto desenlace amedrenta a gran parte de nuestra ciudadanía.
La intensificación de la expoliación de nuestro pueblo está siendo criminalmente impulsada mediante leyes y cambios constitucionales impuestos por las instituciones europeas. Estas instituciones -nada democráticas en su funcionamiento- hacen inviable el éxito de cualquier esfuerzo encaminado a la estabilización política y económica del Régimen vigente.
Si a esto se añade la creciente antipatía de muchas capas populares hacia la monarquía, la posible reacción del régimen de la Transición puede resultar letal para las libertades tan penosamente conquistadas.
 
La ruptura con los residuos del franquismo –incluida la monarquía- ha de ser el inicio para una salida pacífica y negociada a la grave crisis social e institucional...
 
Veamos algunos ejemplos
Un militar de alta graduación, cuya vinculación al Monarca es conocida, justifica -en determinadas circunstancias- la actuación de las Fuerzas Armadas al margen del Gobierno de la Nación. Su afirmación se fundamenta –según he creído entender- en un concepto de patria muy subjetivo, según el cual la voluntad de los muertos (la tradición) debería prevalecer sobre la de los vivos (el pueblo). Sin embargo, según la Constitución vigente, los poderes del Estado emanan del pueblo español, es decir de los vivos. Pues cualquier ley, por muy antigua que sea, puede ser legalmente modificada por estos; si esa es su voluntad. Por otro lado sería imposible contrastar su opinión con la que tendrían actualmente los que ya no existen (los muertos). Ellos ya no están ni en sus cenizas, tan solo en nuestra memoria.
Este general justifica también -pública y reiteradamente- la ayuda aportada por Franco a Adolf Hitler. Enaltece así –directa o indirectamente- el régimen nazi de la Alemania de aquellos años, bajo el pretexto de un exaltado anticomunismo. Esto puede comprobarse en varios diarios digitales, incluso en un diario de rancia tradición monárquica: el ABC. 
 
Todo lo anterior ha transcurrido dentro de la “normalidad”, sin mayores consecuencias. Sin embargo, las más elementales normas de libertad de expresión -en estratos militares subalternos- están siendo severamente violentadas.
Su Alteza Real, el capitán de fragata de la Armada Don Felipe de Borbón y Grecia, Príncipe de Asturias, y su esposa Dña. Leticia, han sido abucheados recientemente por la alta burguesía catalana. Este hecho se ha producido en el Liceu de Barcelona. Mientras S.A.R. se disponía ese día a disfrutar junto a su consorte de una ópera en el Liceu, más del 50 % de la juventud continúa en situación de paro.
La forma prepotente de tratar públicamente a una educada joven republicana, no hace tanto tiempo, constituye un precedente que agrava, si cabe, el sentido de este abucheo. El resultado de estos incidentes sobre la valoración de la monarquía –incluidos otros más o menos escabrosos- resulta devastador.
 
Por si todo esto no bastase, desde algunas altas instituciones del Estado, incluida La Casa Real, y desde algunos altos cargos del Gobierno y de la Administración, se defiende a capa y espada una justicia muy peculiar: la que pretenden que se aplique a Su Alteza Real la Infanta Dña. Cristina de Borbón y Grecia. Dicho sea esto con el debido respeto a su presunción de inocencia. Presunción de inocencia no mayor que la de cualquier otro ciudadano.
No es sorprendente que la Justicia, e incluso la Agencia Tributaria, utilicen criterios y procedimientos sancionadores diferentes, según sea la "casta social" a la que se pertenece. La exclamación -que ya ha quedado para la historia del oprobio- de un ex presidente balear ¡Era el duque de Palma!  muestra de forma descarnada esta injusta sociedad de clases. Es un sistema lleno de desprecio -en sus hechos- hacia las capas populares. También servilismo de políticos y altos funcionarios. Prepotentes con el pueblo, aduladores con el poderoso.
 
Para mayor indignación, esa justicia tan peculiar procesa al juez Garzón -que persiguió implacablemente los crímenes de ETA- no permitiéndole sin embargo investigar los crímenes del franquismo.
Crímenes de ETA investigados, juzgados y condenados en su mayoría, pero no más horrendos ni de mayor trascendencia que los perpetrados por la dictadura. Víctimas del franquismo que siguen reclamando verdad, justicia y reparación. Dicho sea esto sin menoscabo del respeto debido a las víctimas del terrorismo etarra. Respeto que también ha de exigirse –como es de justicia- para las víctimas de la represión franquista y de la llamada “guerra sucia”. También a las víctimas del 11M –el mayor atentado terrorista de nuestra historia- que como todo el mundo sabe fue un “daño colateral” debido a la implicación ilegal del Gobierno de turno en la guerra de Irak.
 
Todas las víctimas son dignas de compasión y deben ser atendidas.. Todas tienen además algo que enseñarnos. Estos horrores, que hieren la conciencia de la humanidad, deben ser juzgados y condenados. El perdón es posible, pero no se puede decretar el perdón –la auténtica amnistía- sin el previo reconocimiento de los crímenes. No se puede asentar una democracia decente sobre cientos de miles de cadáveres.
 
Finalmente el juez Garzón ha sido expulsado de la carrera judicial. No se le ha tolerado el inicio de una investigación judicial sobre una gigantesca trama de corrupción, conocida como el caso Gurtel.
Esto ha constituido, una vez más, un gran escándalo internacional. Prueba del rechazo y denuncia del origen franquista de estos hechos, es el apoyo público al juez Garzón de un político conservador y ex-primer ministro del Gobierno de la República Francesa: el Sr. Dominique de Villepin.
 
Ni las amenazas armadas de los residuos franquistas, que coexisten con la monarquía -como es notorio-, ni la ofuscación residual de la organización armada ETA, facilitan la evolución de nuestra democracia hacia mayores cotas de justicia y libertad. Ambas aberraciones históricas deben desaparecer urgentemente de la escena pública, de nuestras vidas. Su persistencia ahonda la gravedad de la situación y dificulta la salida de la crisis, aumentando si cabe el sufrimiento.
 
También ha de ser firmemente rechazada la llamada doctrina de la "guerra sucia",  pues si es posible el asesinato "paralegal", violando gravemente la ley ¿Quién pondría coto a esos desmanes? ¿Estaría todo permitido? ¿Quién decidiría hasta donde debería llegar el horror? ¿Habría de quedar la justicia al margen? Sin juicio ¿quién garantizaría que esos asesinatos "paralegales" no fuesen un simple ajuste de cuentas mafioso, o una caza de brujas? ¿Qué seguridad jurídica ampararía a los inocentes para no ser secuestrados, torturados y asesinados? ¿Qué legitimidad tendrían en adelante las leyes dictadas por ese régimen?..
 
Veamos ahora, muy resumidamente, cual es la situación del pueblo, del que según la Constitución emanan los poderes del Estado.
El sistema público está sufriendo un deterioro creciente. El paro y la exclusión social se extienden por doquier. Los criminales desahucios empujan a la desesperación a miles de familias. La sanidad pública parcialmente desmantelada. La enseñanza atropellada. En un país con 3.8 millones de personas discapacitadas, las ayudas a la dependencia recortadas. El 20% de los niños españoles en situación de pobreza, condenado al desamparo. Padres que roban, o merodean por los contenedores de basura, para dar de comer a sus hijos. El 25 % de los niños menores de 16 años desnutridos. Las pensiones de nuestros mayores, que son en muchos casos el sustento de muchas familias en paro, recortadas. Las futuras pensiones degradadas. El futuro de nuestro país: la juventud -una juventud sin futuro- arrojada al paro o a la emigración por este régimen indecente.
Se transfieren ingentes recursos públicos -con el dinero de todos- a la gran banca. Se “indemniza” a altos ejecutivos de esos mismos bancos. Se extiende la corrupción política en un escándalo sin precedentes, que alcanza presuntamente a la Familia Real. Políticos reciben presuntamente abultados sobres en complicidad con redes de corrupción. El clima de desconcierto y alarma social se propaga velozmente como voraz incendio.
 
Es aterrador el balance de este naufragio político y social.
Por todo ello hay que poner coto urgentemente a la angustia de tanta gente ante un mañana incierto. Al dolor y el sufrimiento de tantas familias trabajadoras, que constituyen la inmensa mayoría del pueblo español.
Sostengo que -ante esta gravísima crisis provocada por la codicia de políticos y banqueros-nuestros valores democráticos han de concretarse, urgentemente, en la defensa activa de los derechos del pueblo trabajador. Derechos que están siendo injustamente lesionados.
 
La ruptura efectiva con los residuos del franquismo -incluida la monarquía- ha de ser el punto  de  partida para alcanzar una salida pacífica y negociada a la grave crisis social e institucional.
Por lo tanto, hagamos el balance del desastre y exijamos un pacto entre todas las fuerzas democráticas. Sin exclusiones. Un pacto social que posibilite un proceso auténticamente constituyente. De nueva planta, pues las vigas maestras del régimen de la Transición están podridas. Irreversiblemente dañadas, por la terrible corrupción que ha estallado en las entrañas políticas y financieras del régimen. También por la acción persistente de la carcoma franquista, cuyo hedor empieza a ser insoportable.
 
Ese pacto no puede ser otro que el de allanar el camino para un proceso que abra las puertas a la III República. Quizá mediante un referéndum. Una república que encarne los valores democráticos de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Es decir del pueblo trabajador. Y participen en su construcción –de forma pactada y fraterna- las naciones históricas y pueblos de nuestra vieja y querida patria.
 
Las mentiras y pretextos, de este régimen bipartidista de la alternancia, ya no dan una respuesta satisfactoria a los graves problemas a los que nos enfrentamos.
Los medios de persuasión y de control social del régimen –como en una pesadilla orwelliana- han llegado a un máximo de paroxismo, entrando en conflicto frontal con la realidad. El rechazo mayoritario de la monarquía por parte de la juventud es ya un hecho irreversible.
Las masas han desbordado los estrechos cauces del régimen, surgidas de un movimiento social sin precedentes, y avanzan por las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor.
Ellas están haciendo visibles nuestros anhelos.
 
Manuel Ruiz Robles. Capitán de Navío de la Armada Retirado. Ingeniero de l'Ecole Supériure d'Electricité (Supélec). DEA Physique de l'Energie de l'Université de Paris. Licenciado en Ciencias por la UAM. Membre bienfaiteur de l'ACER (Amigos de los Combatientes en la España Republicana). Adherent du Musée de la Résistance Nationale. Fue miembro de la Unión Militar Democrática (UMD).
 

domingo, 2 de junio de 2013

BEBÉS ROBADOS: LOS HIJOS DEL ENGAÑO

Las madres afectadas por el robo de bebés denuncian el uso sistemático de drogas por parte de los centros para arrebatarles a sus hijos.

Se hace frecuente la pérdida de los historiales médicos de los bebés, "fallecidos" en circunstancias extrañas y poco detalladas.

Las madres afectadas denuncian la actitud obstruccionista de la Policía, así como una posible labor de destrucción de pruebas.

 
 
 
 
“Yo no iba de parto, a mí me durmieron y me arrancaron a mi hijo. Como a otras. Nos drogaban, nos inyectaban pentotal y estábamos varios días como borrachas”. Es el testimonio de Paula Díaz, que se repite en otras madres víctimas del presunto robo de sus hijos en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, un monumental edificio renacentista que para muchas de ellas se convirtió en una auténtica cámara de los horrores y que contagió sus métodos extremos a otros centros sanitarios andaluces.
 
En 1970, con apenas 25 años, Paula tenía ya tres hijos, estaba embarazada de un cuarto y visitaba con frecuencia las Cinco Llagas para cuidar a su padre, enfermo de tuberculosis. Cuando su padre se curó, ella explicó a la monja que ejercía como jefa de enfermería que no podía encargarse de él, puesto que iba a tener un cuarto hijo, con una economía muy modesta, pues su marido era panadero en el cercano pueblo de Gelves. La religiosa, enterada de la situación, intercedió para que su padre ingresara en un asilo. El 17 de octubre, antes de cumplir los nueve meses de gestación, Paula acudió al hospital por pérdidas de líquido, pero sin dolores ni síntomas de parto. Ya estaba todo preparado.
Sin reconocimiento previo, la llevaron a un paritorio oculto. “Una enfermera vestida con uniforme nuevo, sin conocerme de nada, me dijo ´Paula por aquí´, y me subió en un montacargas hasta una planta abandonada. Yo iba llorando mucho porque tenía muy mal presentimiento. Había vigas de madera por el suelo del pasillo, por el terremoto del año 69. Las habitaciones de esa planta las utilizaban como trasteros. Me metieron por una puerta pequeña y me recibieron otras tres enfermeras más jóvenes también con uniforme nuevo, formando un círculo. Era otro trastero, con muchas mesitas de noche apiladas. Tenían mucha prisa. Una de ellas me dijo: ´Paula, si ya has tenido tres hijos y te han salido sanos y buenos, por qué tienes miedo` ¿Cómo sabía que me llamaba Paula y que tenía tres hijos, si yo no los había dado a luz allí?”, recuerda con enorme angustia.
“A partir de ahí, me durmieron y no volví a saber nada, hasta que mi niño me despertó llorando. Estaba desnudo y solo encima de un antiguo mueble de cocina de acero inoxidable. Le brillaban las carnecitas a la luz de una bombilla colgada de la pared. Quise cogerlo pero estaba atada al borrico de pies y manos. Yo estaba aturdida pero gritaba y gritaba, y no venía nadie. El niño berreando y yo chillando amarrada. Hasta que llegó una enfermera bajita y se lo llevó y ya no lo vi más”, lamenta Paula. “Me tuvieron en una camilla casi a ras de suelo, me siguieron dando tanta droga que me quedé ciega y apenas me acuerdo de nada”.

El médico le informó que su hijo tenía labio leporino, afección que se le curaría en unos días, pero que en cambio padecía una gravísima enfermedad de corazón. Hoy día Paula reconoce el engaño, pues el certificado de defunción que ha obtenido señala como causa de muerte “labio leporino”, algo del todo imposible, y además un bebé con dolencia cardiaca no podría haber llorado con esa fuerza. A las 36 horas le comunicaron que el niño había fallecido. Nadie vio el cadáver. Tan sólo le enseñaron a su marido, a varios metros y a través de un cristal, una cajita de madera repleta de algodones entre los que sobresalía una carita muy blanca.
 
Es exactamente lo mismo que vieron muchos de los afectados por supuestos robos de bebés en Sevilla, siempre a varios metros de distancia y a través de cristales. Hoy día piensan que se trataba de un truco, un fantoche que tenían preparado para enseñarlo a los padres, como el bebé congelado que, según las denuncias, mostraban en la clínica San Ramón de Madrid para consumar el engaño. Al cabo de diez años avisaron a Paula de que iban a trasladar el féretro de su hijo del nicho. Para entonces ella tenía ya seis hijos y no pudo asistir. Sin embargo, a los pocos días oyó decir al enterrador que el ataúd estaba vacío. “Siempre le dije a mi marido que me lo robaron, pero él no me creyó. Yo nunca le llevé flores porque sabía que mi hijo no estaba allí”, concluye.
 
 
 
 
A María Granada Rodríguez también la drogaron con pentotal en 1974. “Me pusieron una inyección y no me enteré de nada hasta el día siguiente”. Sin embargo, algo traumático ocurrió durante el tiempo que estuvo sedada. No puede recordarlo pero le atormenta en sueños. “Llevo cuarenta años despertándome malísima, buscando a mi hijo, cuarenta años que me paso las noches sentada llorando en la cama y sin querer decir nada”, admite compungida.
Cuando se puso de parto sus padres residían en Madrid y su marido no se encontraba ese día en Sevilla, así que acudió al centro sanitario sola. Nunca llegó a ver a su hijo, al menos de forma consciente. A su esposo le enseñaron la susodicha cajita. Al cabo de los años, se ha enterado de que el motivo oficial de la muerte fue parada cardiorrespiratoria. El hospital no le entregó el historial clínico aduciendo que se había perdido, pero apareció milagrosamente al solicitarlo la Fiscalía.
 
Carmen Lorente tampoco vio a su hijo, ni siquiera cuando fue a desenterrarlo en 1989. La tumba estaba vacía. Sólo había dentro algodón y un trozo de sábana. En ese momento creyó lo que le dijo le enterrador, que al ser un bebé se había disuelto por completo. Hoy día, sabiendo que eso es totalmente imposible, que ni el cráneo ni los fémures pueden nunca desvanecerse, lamenta no haber llamado a la Policía en ese mismo momento. “Con la de lagrimas que he echado yo allí y lo que le he rezado a mi niño” durante toda una década, desde que dio a luz en 1979, “y allí no había nada”. Hoy lleva su caso con un abogado de oficio.
 
 
La práctica de drogar a las parturientas para arrebatarles presuntamente a sus hijos se prolongó en el tiempo. Tanto que a Maria del Carmen Perea, en 1982, también le inyectaron pentotal, esta vez después del parto, en el antiguo hospital García Morato, hoy Virgen del Rocío. Recuerda que quedó muy aturdida, casi sin sentido, pero que no se durmió. Tras dar a luz a las tres de la tarde la pasaron a la unidad de observación, pero no avisaron a su familia, que a las siete aún permanecía a la espera de noticias. Fue una limpiadora conocida quien les informó que el parto se había producido cuatro horas antes. No les dejaron ver a la niña, y a la madrugada siguiente les informaron de que había fallecido. “Yo estaba muy rara, como borracha, y a mi marido le enseñaron la cajita tras los cristales”, recuerda.
La bautizaron sin permiso de los padres y el propio hospital se hizo cargo del entierro. Al padre le explicaron que la niña había tragado líquido amniótico y se había asfixiado. Sin embargo el certificado de defunción aduce una cardiopatía congénita. Como en el resto de los 212 casos documentados por la asociación SOS Bebés Robados en la provincia de Sevilla, no les han facilitado las historias médicas, so pretexto de su pérdida o destrucción, ni tampoco el legajo de nacimiento del Registro Civil.
 
De la documentación que ha podido obtener, Irene Ronda no ha sacado más que dudas e incongruencias. Dio a luz en 1967, con 23 años, y para entonces ya tenía otros tres hijos. Al nacer el cuarto no llegaba a los tres kilos de peso, así que los médicos decidieron meterlo en una incubadora para que fuera ganando volumen. Al quinto día le dieron el alta, y como el niño seguía en la incubadora, Irene fue a casa para encargarse de los otros tres hermanos. El sexto día vieron la bebé en el nido, pero al séptimo, cuando ella y su marido acudieron al hospital, ya el bebé no estaba allí. Les dijeron que había muerto y que el hospital se encargaba del entierro.
A los pocos días la llamaron del juzgado para preguntarle cómo se puso de parto y para que firmara unos papeles. Actualmente Irene piensa que lo que firmó, sin saberlo, fue el trámite de adopción. Tiene indicios para ello: figura como bautizado el mismo día que nació, en todos los papeles aparece como Rafael Martín Gómez, cuando su segundo apellido debería ser Ronda, y en la copia del libro de familia que pidió en el Registro Civil ni siquiera aparece asentado. Por supuesto, el historial clínico ha desaparecido.
 
Rosa Álvarez tiene hasta tres versiones distintas sobre la posible muerte de su hija recién nacida, y ninguna concuerda. La ingresaron en las Cinco Llagas en 1968. Primero le dijeron que estaba enferma de corazón. Más tarde, que habían tenido que realizarle un lavado de estómago porque había tragado meconio, mientras que el cementerio figura una enigmática “muerte craneal”. Ella no vio el cadáver, y a su marido le enseñaron la caja con el supuesto fantoche. Les comunicaron que el hospital se encargaba de enterrarla en una fosa común.
 
 
Todas siguen buscando hoy día a sus hijos. Como ellas, 1.844 personas han puesto anuncios en el blog de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares buscando a sus familiares, por desapariciones ocurridas mayoritariamente entre 1950 y 1990, aunque también las hay anteriores, desde 1939, y posteriores, hasta el año 2000. La mayor parte, 1.309 concretamente, son hermanos que se buscan entre sí o padres que reclaman a sus hijos, pero también hay 535 hijos adoptados que sospechan fueron raptados y buscan a sus verdaderos padres. El presidente de Anadir, Antonio Barroso, asegura que la inmensa mayoría de estos anuncios se corresponden con las denuncias presentadas en los juzgados de toda España. Aunque los casos documentados hasta ahora pueden ser incluso el doble.
En estos 1.844 casos se mencionan un total de 190 centros, entre hospitales, clínicas, maternidades y casas cuna, en los que se perpetraron los presuntos delitos de detención ilegal, que según la doctrina de la Fiscalía General del Estado no inicia su periodo de prescripción mientras persista la situación a la que ha dado lugar, es decir, la separación forzada de padres e hijos. La comunidad que acumula más centros sanitarios denunciados es Andalucía, con 34, seguida de Cataluña con 25, Valencia con 24, Madrid con 22, Castilla y León 18, el País Vasco que alcanza los 15 y Canarias con 12. Por detrás quedan los nueve hospitales y clínicas supuestamente escenario de robo de niños en Aragón, seis en Galicia, cuatro en Extremadura, tres en Murcia y otros tantos en Asturias y Baleares, dos en Navarra y Cantabria y uno en La Rioja.

Hasta ahora los tribunales han dictado el archivo masivo de causa, bien por falta de pruebas e indicios de criminalidad o bien por prescripción del delito, contraviniendo en este último caso la circular de la Fiscalía General. Sin embargo, en este año 2013 ha empezado a cambiar tímidamente la tendencia, al imputar los jueces en la fase de instrucción a más de una decena de médicos y matronas en Madrid, Andalucía y País Vasco. En este sentido, en Sevilla esperan noticias de próximas imputaciones, según les adelantan informalmente sus abogados.
 
Hasta ahora, sin embargo, todo han sido obstáculos. Las madres afectadas se quejan de la actitud obstruccionista y “prepotente” de la Policía Nacional hispalense, que ha encargado de este asunto a su departamento de Homicidios, cuando en realidad se trata de secuestros, y consideran que se inclinan más por cerrar los casos que por esclarecerlos. A ello se une la labor de destrucción de pruebas que se puede estar realizando. Así, cuando Mari Carmen Perea acudió al cementerio hispalense en busca del nicho de su hijo, le aseguraron que la pared entera de nichos había sido demolida. Las palabras que relata le dijo el encargado fueron esclarecedoras: “Eran nichos de los niños robados esos. Llame usted a la Policía si quiere. Yo no voy a decirle dónde están los restos ni por boca ni por escrito”. Otros trabajadores del camposanto les han revelado que han sido ya decenas los ataúdes de niños que, al ser trasladados, se ha comprobado que estaban vacíos.
 
Muchos de los posibles culpables de tales delitos, principalmente el personal facultativo de los centros sanitarios y empleados del Registro Civil, viven todavía y el algún caso aún ejerciendo. Hay nombres de médicos que se repiten, como el de José María Sillero, que aseguran aparece en al menos ocho de sus casos. Las relaciones entre las tramas de cada territorio de España también empiezan a esclarecerse. A denuncia de la asociación Anadir, la Guardia Civil ha desvelado el tráfico ilegal de niños comprados en Marruecos, introducidos a través de Melilla y dados ilegalmente en adopción principalmente en el Levante español.
 
 
 
 
Son también de público conocimiento las relaciones directas entre sor Juana Alonso en Canarios y Mercedes Herrán de Gras en el País Vasco, señaladas por muchos afectados como cabezas visibles del robo de bebés en ambas comunidades. Sor Juana pertenecía a las Hijas de la Caridad, al igual que Asunción Vivas, condenada en 1984 por la Audiencia de Zaragoza a cuatro meses de arresto mayor por el delito de sustracción de menores, o sor María Gómez Valbuena, fallecida el pasado mes de marzo e imputada en varios casos de robo de bebés en la clínica Santa Cristina de Madrid.
Uno de los médicos que declaró como testigo en el juzgado por su labor en Santa Cristina, Luís Cardona Urda, es cuñado de Adolfo Montero Peña, ginecólogo que ya fue condenado en 1993 por la Audiencia de Granada a un año de prisión, suspensión de empleo y multa de 100.000 pesetas por los delitos de falsedad en documento público y suposición de parto en una adopción irregularidad en la que intervino en 1989. El mismo ginecólogo implicado en el caso de Eduardo Raya, denunciante pionero de robo de bebés España, cuya hija le fue presuntamente sustraída en 1990. Por derivación de aquella causa, la Fiscalía de Granada abrió en 1992 diligencias previas por posible compraventa de recién nacidos entre las provincias de Granada, Barcelona y Alicante, en al menos cuatro casos, pero las investigaciones no prosperaron.
 
José Luis Gordillo (Sevilla)
 
Los Hijos del engaño

http://vimeo.com/channels/409204

domingo, 5 de mayo de 2013

EL SAQUEO CORONADO : LA DEUDA ILEGÍTIMA DEL BILLÓN DE EUROS

Uno de  los temas del que los financieros y los políticos no quieren ni oír hablar es de la deuda ilegítima, sucia, irregular, ilegal o como se la quiere llamar, que corresponde exactamente a lo que se han llevado de la administración pública y de los particulares los especuladores financieros, promotores inmobiliarios, brokers de la bolsa y los políticos, aprovechando el boom económico. Eso  que ahora tenemos que pagar todos los españoles. Además, habría que sumar los datos del fraude o del “escamoteo” fiscal que practican los millonarios españoles, junto a la Iglesia Católica o los futbolistas. En total, más de un tercio de la deuda soberana actual, cifrada en cerca del billón de euros se considera “ilegítima”, en una palabra que corresponde a lo que todos esos personajes e instituciones se han llevado al estilo Iñaki Urdangarín.
 
Más de la tercera parte de lo que debe el Estado se lo han llevado aventureros inmobiliarios, empresas constructoras, banqueros, políticos, la iglesia o los futbolistas. TRESCIENTOS MIL MILLONES DE EUROS. Ellos han saqueado el país.
 



 
LA FINANCIACIÓN DE LOS AVENTUREROS INMOBILIARIOS: ENTRE 100.000 Y 200.000 MILLONES DE EUROS
Entre el año 2000 y el 2008, los grandes bancos privados españoles se dedicaron a engordar artificialmente sus propias promotoras inmobiliarias para venderlas a aventureros que se hicieron millonarios comprando suelo rústico para posteriormente “untar” a los Ayuntamientos y concejales para que se lo recalificaran y construir viviendas a precios desorbitados, diez o doce veces más que su valor real. Uno de estos aventureros, Luis del Rivero y sus socios de una pequeña constructora, Sacyr, compraron Vallehermoso al Santander. Parte del dinero que pagó el constructor murciano salió del mismo banco en forma de crédito, y otra parte de las cajas de ahorro que hoy están en proceso de desaparición, precisamente por el peso de ésta deuda.
También parte de la deuda sucia de las cajas de ahorros y bancos se “gastó” en la compra del 30% de Repsol con la que Luis del Rivero quería coronar su imperio. En total, cerca de 10.000 millones de euros, que finalmente tendremos que pagar todos. Lo mismo que ocurrió con Luis Portillo, otro aventurero, manchego, que adquirió la inmobiliaria a la Caixa y que acabó quebrando y cargando su deuda sobre las cajas de ahorro.
Lo mismo o parecido se podría decir de los Fernando Martín (Martinsa), Manuel Jove (Fadesa), Rafael Santamaría (Reyal Urbis) los Serratosa y Joaquín Rivero (Metrovacesa), que compraron la inmobiliaria de Tabacalera, privatizada, los hermanos Nozaleda (Nozar) y todo un grupo de “nuevos ricos” que hoy han perdido sus empresas o las tienen en quiebra o suspensión de pagos. La cifra de pérdidas que han dejado, principalmente, en las cajas de ahorro -Cajamadrid y Bancaja (Bankia) entre ellas- ascenderán a no menos de 100.000 millones de euros si sumamos a grandes y chicos.
Eso es más o menos lo que va a costar el “banco malo” que quiere hacer el Gobierno y el que no quieren financiar las entidades privadas. Algunos expertos consideran que si el suelo rústico comprado por estos aventureros inmobiliarios no se recalifica o se usa para otros fines, la deuda sucia por este concepto podría subir al doble.



LA CORRUPCIÓN DE LOS POLÍTICOS: ENTRE 600 Y 1.000 MILLONES DE EUROS


 
Una lista que circula por Internet da la cifra de 127 cargos políticos que están inmersos en graves imputaciones de corrupción, en muchos casos también por haberse beneficiado de la “burbuja inmobiliaria”. Hay otros muchos políticos, como el ex presidente del Congreso, que se han hecho ricos y nadie sabe cómo ha sido. La fortuna de José Bono y de su mujer se cifra en más de un millón de euros, partiendo de un patrimonio prácticamente de cero. Las sospechas de corrupción comenzaron tras las primeras elecciones municipales y alcanzó enseguida a algunos alcaldes, como el de Vigo, el socialista Manuel Soto, que se defendió llamando fascistas a los periodistas que le preguntaban por su famoso chalet. Cerca de 250 personas, la mayor parte alcaldes y concejales, además de otros políticos, se encuentran imputadas actualmente en casos de corrupción en la Comunitat Valenciana. No menos de mil y pico alcaldes y concejales de toda España podrían haberse llevado no menos de 600.000 euros por cabeza, lo que nos daría otros 600 millones de euros, tirando por lo bajo. Por supuesto, muy poco han sido juzgados, ninguno ha devuelto el dinero y la mayor parte siguen contando con el apoyo de sus partidos.


 
LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS A TRAVÉS DEL PGOU: ENTRE 60.000 Y 100.000 MILLONES DE EUROS


 
Bastaría con que una comisión de investigación interrogase a los miles de promotores inmobiliarios que han trabajado en los municipios españoles entre 1980 y la actualidad, para descubrir que por cada casa que construían tenían que dar un “impuesto revolucionario” a cada uno de los partidos presentes en el ayuntamiento en cuestión. Ese “óbolo” era, en el año 1998, antes de entrar en el euro, de 100.000 de las antiguas pesetas (600 euros actuales) que iban normalmente al PP y al PSOE, pero también a IU si tenía presencia municipal. En ese año, el precio de una casa de precio protegido iba de 10 a 14 millones de pesetas. Al subir los precios, la “contribución” de los promotores a los partidos fue subiendo hasta llegar en algunos lugares a los 6.000 euros por casa, 18.000 euro en total para los tres partidos que el propietario tenía que incluir en la hipoteca que hoy sigue pagando.
  Si echamos un cálculo de las viviendas que se han hecho en Madrid capital, por ejemplo, más de dos millones en diez años y ponemos una media de 6.000 euros por piso, veremos que los partidos se han llevado no menos de 12.000 millones de euros que, al principio, iban a financiar las actividades políticas y las campañas electorales, pero que en muchos casos fueron directamente al bolsillo de políticos concretos. Si aplicamos la misma norma a los 10 millones de pisos que se han hecho en toda España durante los últimos veinte años, la cifra se elevaría a los 60.000 millones.



EL REPARTO DEL PASTEL DE FOMENTO: ENTRE 14.000 Y 28.000 MILLONES DE EUROS



También las grandes constructoras (Esther Koplowitz (FCC), Florentino Pérez (ACS), Rafael del Pino (Ferrovial), los hermanos Entrecanales (Acciona), etc.) se convirtieron en los verdaderos financiadores de los partidos políticos. Cada año, el ministro de Fomento de turno, fuera del PP o del PSOE, tenía que repartir la tarta de las inversiones públicas entre las ocho grandes y otras diez medianas que consiguieron, tras muchos años de pelea, entrar en la fiesta. La historia consistía en adjudicar las obras por un precio módico y, año tras año, durante su construcción, el Ministerio aceptaba añadidos multimillonarios en los costes, que se repartían las empresas y el partido gobernante, además de los intermediarios.
Cuando Esperanza Aguirre llegó a la Comunidad de Madrid tuvo que emplearse a fondo para que estas constructoras que pagaban, en tiempos de Gallardón, al gerente del PP nacional, lo hicieran al PP de Madrid, lo que explica mejor las diferencias que se produjeron desde el primer momento entre la “LidereS.A.” y Rajoy.
  La diferencia entre lo presupuestado y el coste real de la obra no sería imposible de calcular y todos los expertos lo colocan entre el 5 y el 10% del total. El presupuesto de inversiones de Fomento de 2011 fue 14.000 millones de euros, lo que nos daría un pago extra a las constructoras de entre 700 y 1.400 millones de euros en un año, si lo extendemos a los últimos 20 años, nos daría una “deuda sucia” entre 14.000 y 28.000 millones.
 


LA FINANCIACIÓN DEL FÚTBOL : 6.000 MILLONES DE EUROS


 
Baste recordar la operación de Gallardón, como presidente de la Comunidad madrileña, de permitirle a Florentino Pérez recalificar la esquina del Bernabéu, en pleno centro de la capital, y la Ciudad Deportiva, por la que el Real Madrid sacó cien mil millones de las antiguas pesetas (600 millones de euros) para pagar sus deudas. Los intermediarios del PP, el PSOE e IU del Ayuntamiento de Madrid se llevaron un buen pechizco. Si al “caso Bernabéu” se le sumasen todas las otras operaciones urbanísticas ligadas a los clubes de fútbol podríamos encontrar a donde han ido otros 5.000 millones de euros de dinero público utilizado para enriquecer a futbolistas, intermediarios, directivos y toda la panda que se mueve en torno al “deporte nacional”. A ello habría que sumar las cifras millonarias que, a través de las deducciones de Hacienda, concedió a los grandes fichajes: los Zidane, Figo, Ronaldo, Ronaldinho, etc, para que aceptaran venir a España.


 
iglesia-ibi.jpgEL IBI DE LA IGLESIA: 100 MILLONES DE EUROS


 
Uno de los temas más discutidos hoy en las redes sociales es por qué la Iglesia Católica española no paga el IBI por los más de 70.000 edificios que tiene en propiedad en España y que siguen aumentando gracias a que los sucesivos gobiernos de Aznar y Zapatero le han permitido seguir registrando monumentos como la Mezquita de Córdoba o el Cerro de los Ángeles en Madrid. El monto total de lo que la Iglesia “evade” por este impuesto suma unos cinco millones de euros al año, que si lo multiplicamos por 20 años, nos darían 100 millones de euros.
 
 
 
 


EL FRAUDE FISCAL : 70.000 MILLONES DE EUROS AL AÑO 


 
Los sucesivos gobiernos españoles siempre hablan del fraude fiscal en términos muy generales, que calculaban en 2009 en unos 70.000 millones de euros al año, culpando en la mayor parte de los casos a la “economía sumergida” y a los ciudadanos que no pagan el IVA, pero la realidad es que, según denuncian los propios inspectores de Hacienda, lo más fácil de perseguir sería a los grandes defraudadores, que, bien a través de fórmulas ilegales como la “fuga de capitales”, o por medio de argucias legales, escamotean al erario público no menos de 10.000 millones de euros al año. Eso nos daría una cifra de no menos de 200.000 millones de euros defraudados en los últimos veinte años por los millonarios españoles.

 
          
Rafael Gómez Parra

viernes, 12 de abril de 2013

ESCRACHES: RECUPERAR LA DEMOCRACIA QUE NOS HAN ROBADO

Los derechos siempre se ganan o se pierden en el pulso político. Y una forma clara de ese pulso, hoy, son los escraches.




"Si un perro flauta me acosa por la calle, le arranco la cabeza", dice un diputado del PP. Si por molestarte en la calle mereces ver tu cabeza arrancada del tronco, ¿cuál es la pena proporcional por dejarte sin trabajo? ¿Y por no poder pagar el colegio de tus hijos? ¿Y por perder la casa en la que has metido todos tus ahorros durante los últimos diez años? ¿Y por endeudarte de por vida aunque además hayas perdido la casa? ¿Y por perder el acceso a la sanidad, a la universidad, a una pensión, al seguro de desempleo?
 
Los que dieron el golpe de Estado en 1936 dijeron que los movió el amor a España . Pero de España, como dijo Franco, les sobraba la mitad de los ciudadanos . Que eran españoles. Que están todavía enterrados en zanjas y cunetas. Desde la patronal nos dijeron que nos fuéramos a trabajar a Laponia. Una parte importante de los jóvenes le ha tenido que hacer caso. Los de siempre. Nunca han existido dos Españas. Eso siempre ha sido una mentira. Hay una España mayoritaria y una minoritaria con mucho poder , capaz de acercar a su bando a una parte de la mayoría. El miedo hace el resto. En la España de ellos siempre están los mismos. Desde los Reyes Católicos y su Inquisición. Por eso, el PP no necesita arrancarle la cabeza a los últimos que pusieron el miedo en su bando. Están ahí, hechas tierra y vergüenza para nuestra democracia.
 
El poder, sobre todo, posee eficaces herramientas para amedrentar a una parte importante de la ciudadanía. Medios de comunicación, iglesias, puestos de trabajo, presencia social, ritos, cultura y el Hola. Un diputado dice que no le tiembla la mano para volver a ejecutar disidentes. Antes eran rojos. Ahora, como ya no hay Unión Soviética, son perros flauta. El miedo, y los nombres, siempre los han administrado ellos. Y exhumar asesinados, expropiar unos carritos de la compra, decirles en el portal de su casa que nos están arruinando la vida y la del futuro, cuestionar la monarquía o recordarles que están robándose el país que dicen que aman, les hace caer en una angustia existencial, propia de quien nunca ha tenido la sensación de sobrar en ningún lado.
 
La dureza de la respuesta del PP a los escraches es muy lógica. La derecha entiende siempre muy rápido las cosas del poder. La legitimidad del sistema político español está en cuestión. Cuando los esclavos dejan de interiorizar su condición, el amo ya no puede dormir tranquilo. El PP lo sabe: lo que ayer era permitido, ahora no lo es. Aunque lo sigan diciendo las leyes. Habían puesto al mismo nivel cosas que no se pertenecen. La Constitución, las leyes, los jueces, los policías y el portero de su casa les saludaban como personas importantes. Pero han surgido nuevas preguntas. ¿Por qué no permitimos un diputado que defienda la pederastia o la ejecución de las minorías o la lapidación de las herejes o adúlteras —lo perseguiríamos hasta debajo de las piedras, porque la democracia tiene derecho a defenderse—, pero permitimos un diputado que esté a favor de los desahucios? Ese es el cambio. Y es lo que les pone de los nervios. Es una lucha política. Si podemos perseguir a los que roban nuestra tranquilidad, están en peligro. Estamos escribiendo nuevas reglas del juego. Y los que siempre han sido dueños del tablero se asustan.
 
Los escraches son reformismo. Pero hasta el reformismo asusta. De ahí la ridiculez de comparar escraches y terrorismo. Recuerdan Pisarello y Asens que "los escraches son una acción informativa, que se ha de hacer "de manera totalmente pacífica" y sin "importunar a los vecinos" . También se estipula que deben realizarse en días laborables y en horario escolar, de modo que los niños nunca sean interpelados. Los casos personales se intentarán explicar sin insultos ni amenazas. Se evitarán ruidos o molestias innecesarios y se procurará ser amables con quienes trabajan en comercios y con los transeúntes. No todas las antiguas reglas han perdido su sentido. Sólo aquellas que únicamente sirven a unas minorías privilegiadas. Pero la situación política está tan podrida que hasta las reglas mínimas de la democracia les están sobrando.
 
El escrache es una forma de desobediencia civil. Cumple las tres reglas que marcó Habermas para que sea tal y no caiga en otras formas de desobediencia que carecen de legitimidad: son pacíficas, lo que se reclama tiene carácter universal —no se reclama en exclusiva para uno mismo, sino para todos— y se está dispuesto a asumir las consecuencias de los propios actos. La desobediencia civil es una válvula de seguridad democrática. Surge cuando las demandas sociales van por delante de las leyes y del comportamiento político institucional. Las leyes que ayer nacieron para defender a los políticos del acoso de los monarcas absolutos -inviolabilidad, inmunidad, fueros especiales- se han convertido hoy en formas de privilegio. Si en España tuviéramos una Constitución como la alemana, hace tiempo que el Tribunal Constitucional tendría que haber llamado al derecho de resistencia o habría declarado fuera de la Constitución a, cuando menos, los dos últimos gobiernos del Reino de España. ¿Por qué los jueces son tan solícitos para algunas cuestiones y, en cambio, han tolerado la ruina del país consumada por Zapatero y Rajoy? ¿No cabría situar en la inconstitucionalidad a dos partidos, PSOE y PP, que han dinamitado el carácter social de nuestro país recogido en el artículo 1 de la Constitución?
 
Escribía en otro lugar que vemos con pasmo que lo que estaba prohibido, ahora está permitido —sueldos desorbitados, sacar dinero del país, vaciar instituciones, usar información privilegiada—, y que lo que estaba permitido —derecho a manifestación, libertad de expresión, derecho de reunión— están, de facto, prohibidos. Vemos que desaparecen las garantías de reparto de la riqueza social y aumentan las desigualdades ; que los políticos que gestionan la transferencia de renta desde las clases medias y bajas a los ricos tienen la llave de la puerta giratoria que les permite un futuro cómodo en las grandes empresas; que cualquier tipo de protesta pasa a ser criminalizada por esos políticos que están gestionando ese robo de los de abajo hacia los de arriba (llevando a suelo patrio lo que antes se hacía entre continentes). "Por la mitad de lo que estos están haciendo yo me he pasado diez años en la cárcel", dice el bróker de Wall Street , la película de Oliver Stone, viendo a nuestros actuales dirigentes. Y eso que no sabía ni lo de la Infanta, ni lo del coche en el garaje de Ana Mato, ni lo de la escritora fantasma de Mulas, ni lo de los sobres del PP. Cuando lo ilegítimo se convierte en legal, nace el momento de la desobediencia . En América Latina se preguntan a qué está esperando Europa.
 
Los escraches son nuevas reglas del juego para una nueva partida democrática. Y tienen la misma oposición que en su día tuvo el sufragio universal, el derecho a huelga o a manifestación. El escrache es un diálogo directo con los "mandatarios" que se convierten otra vez, gracias a ese acto de diálogo forzado, en "mandatados". Que es lo que siempre han sido, aunque el abandono de la conciencia democrática le dio la vuelta a los papeles. Los escraches tenemos que entenderlos como la actualización en el siglo XXI de la rendición de cuentas democrática, de la exigencia del cumplimiento cabal de los programas electorales (o la convocatoria de nuevos comicios), de la reclamación de comportamientos acordes con la soberanía popular, de la renovación de la construcción de la voluntad popular más allá de la distancia que marcan los partidos, de la reivindicación de la honestidad en el ejercicio de los cargos públicos.
 
Déjenme repetirlo: los escraches son el penúltimo intento amable de un pueblo que quiere hacerse escuchar. Con los escraches, el escenario, en cualquier caso, se clarifica: los diputados que no soporten la cercanía de los electores, que se marchen. En democracia, es el pueblo el que manda. Aunque expresarnos así parece devolvernos a un lenguaje que se hablaba en tiempos arcaicos. ¿Quieren seguir manteniendo los políticos la impunidad? ¿Quieren trabajar para otro señor que no es el pueblo y que nadie les demande por su traición? ¿Va a convertirse la política en un negocio paralelo al desmantelamiento de los sistemas de previsión social?
 
La salida fácil es decir que los escraches son una forma de amedrantamiento que pertenece a los regímenes fascistas. Se equivocan. Las tensiones entre sectores sociales pertenecen a todos los regímenes que mantienen desigualdades. ¿Quién sin que se le caiga la cara de vergüenza va a defender que un escrache es más violento que un desahucio, que un despido, que un corralito, que el cierre de la universidad y las urgencias, que una mentira electoral, que las machadas de los antidisturbios, que las multas por ejercer la democracia?
 
Los que están en contra de los escraches son los que están a favor de otras formas de protesta que ya no cambian nada. El mismo diputado del PP que vota en contra de la ILP, es decir, el mismo diputado que construye "fascismo social" expulsando de la ciudadanía a una parte importante de los españoles y españolas, dice que los escraches se emparentan con las señales pintadas por los nazis en las tiendas de los judíos. Es al revés: son ellos los que nos cuelgan la estrella en el pecho negándonos el sustento, la vivienda, la salud. Esa democracia que defienden sólo existe en sus discursos. Hace tiempo que se ha ido.
 
Igual que Israel se comporta con los palestinos con maneras de nazis, el neoliberalismo está haciendo de nuestros países un enorme campo de concentración enmascarado en formas democráticas . Una queja que no es oída no tiene efectos democráticos. Por eso los escraches están devolviendo la democracia perdida o quizá, incluso, están permitiendo el advenimiento de la democracia que nunca hemos tenido. La democracia se gana siempre en la confrontación. Por eso dijo Fraga que la calle era suya. Los derechos siempre se ganan o se pierden en el pulso político. Y una forma clara de ese pulso, hoy, son los escraches. Es normal que el PSOE, el PP, UPYD, CIU o el PNV estén en contra. Tan evidente como que hay que regresar a los lugares donde nacieron los partidos. A la calle. Los escraches ya han empezado a marcar el camino.
 
Juan Carlos Monedero es profesor de ciencia política en la Universidad Complutense.