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lunes, 21 de abril de 2014

EMIGRACION E INMIGRACION

Fundamental: recuerden que jamás hablo de política, luego en lo que viene a continuación no hay ni una brizna de ella. Quien la quiera buscar en lo que a continuación viene, le sugiero que deje de leer en este instante.

En tiempos de paz y en el 99,99% de los casos, la emigración se produce porque quienes se van no tienen posibilidades de desarrollo económico ni social en sus lugares de origen: el ejemplo que siempre se pone: los 55 M de personas que desde Europa emigraron a USA entre 1840 y 1913: en Europa se habían convertido en población activa excedente porque el desarrollo económico de entonces no podía ocuparlas porque no las necesitaba.


Quienes emigran se convierten en inmigrantes cuando llegan, y en pura lógica, esos inmigrantes tienen que tener ante sí una panoplia de posibilidades, positivas, se sobre entiende. Qué hagan y cómo lo hagan dependerá de las circunstancias y de lo que les permitan las autoridades y el entorno de la zona o país al que han emigrado.

Evidentemente, y aunque existan puntos en común, es muy diferente el entorno al que emigraron un irlandés o un italiano que llegaron a USA en 1860, al de un español o un portugués que se fueron a Alemania en 1962, y al de un marroquí o un guatemalteco que ha venido a España en el 2002.


Tal vez aquel irlandés se instaló en Five Points, en NYC, y en él que pudo inspirarse Martin Scorsese cuando dirigió ‘Gangs of New York’; y el italiano se integró en una caravana que se dirigió hacia el Oeste, registró unas tierras en lo que sería Oklahoma para lo que tuvo que matar a algunos indios. El español y el portugués entraron a trabajar en una planta fabril situada en las cercanías de Munich en las que trabajaban, de forma totalmente legal, el tiempo estipulado y por el que les pagaban un salario para ellos de cine que, casi en su totalidad, remitían a sus empobrecidas familias. Y, tal vez, el marroquí y el guatemalteco llegaron a España con un visado de turista, se establecieron de forma no legal, y, muy posiblemente, ilegal, empezaron a trabajar en la construcción, en la agricultura o en la hostelería, también muy posiblemente sin garantías y explotados en horario y en salario, salario que, en parte, remitían a sus familias en el exterior y en parte muchos emplearon como respaldo para adquirir una vivienda.

Entre los tres casos expuestos existen puntos en común, pero las diferencias son enormes. De USA, hasta 1900 no puede hablarse como un país completamente formado: en 1890 tuvo lugar la que está considerada la última masacre de indios perpetrada por la caballería estadounidense: en Wounded Knee, Dakota del Sur. USA, al estar en formación, absorbía toda la población que llegase, sobre todo desde que finalizó su Guerra Civil: los actuales WASP son descendientes de parte de aquellos emigrantes.

En Alemania ya no fue igual. La emigración fue necesaria para arrancar la reindustrialización y avanzar en la potenciación de la economía alemana tras la II GM en un período en que, en todas partes, para generar más PIB era necesario ocupar a más factor trabajo. Pero Alemania, la RFA: adonde el español y el portugués de nuestra historia emigraron, ya estaba formada, por ello, cuando llegó la recesión del 73 a muchísimos de aquellos emigrantes les invitaron a irse, y muchos otros se fueron porque a mediados de los 70 en España o en Portugal ya había unas expectativas que en 1962 no había: pocas contra ninguna. Y ese español y ese portugués muy posiblemente, aunque tal vez menos bien de lo que pensaban, encontraron un lugar en la sociedad laboral española y portuguesa, respaldados por la familia que les esperaba a su llegada.

Los casos del marroquí y del guatemalteco, son muy distintos. Su emigración fue económica, sí, pero su establecimiento y su estancia se produjeron en demasiadas ocasiones de foama ilegal, y fueron conscientemente mantenidas por las autoridades de tal forma. Fueron los años del ‘España va bien’. Había que construir 800.000 viviendas al año y atender la estancia de muchos millones de turistas, y había que hacerlo al menor coste laboral posible a fin de que los beneficios fueran los mayores imaginables. Y como a través de la imposición indirecta y de los que estuvieran de forma legal ya se recaudarían impuestos y cotizaciones sociales, y como el crecimiento continuaba y continuaba, todo estaba bien.



Pienso que la Historia será muy dura cuando analice la inmigración española venida entre mediados de los 90 y finales de los 2000, la fase del ‘España está de moda’, lo será con respecto a cómo se administró la llegada y la estancia de esa inmigración, y lo será con cómo evolucionó el ya problema de la inmigración cuando España empezó a ir mal.

España, toda España, cometió tropelías sin cuento sobre la inmigración cuya llegada permitió y fomentó, y luego, cuando el boom acabó, se quedó sin argumentos para abordar un problema de seis millones de personas y un problemón de más de dos millones. Pienso, siempre he pensado, que la residencia en un país para extranjeros ha de estar vinculada a un contrato de trabajo; y siempre he pensado que mientras un inmigrante se halle en un país ha de contar con absolutamente las mismas garantías legales que un originario histórico de ese país.

Eso significa que su entrada debe ser registrada como trabajador porque ha de entrar ya con un contrato en la mano por un tiempo determinado para realizar unas tareas especificadas en una entidad concreta y conocida. Que ha de hacerlo contando ya con una residencia, con una remuneración conocida, con unas plazas escolares ya asignadas para sus hijos. Eso supone que los ‘papeles’ de ese inmigrante han de pasar unas verificaciones determinadas. Que su lugar de trabajo ha de contar con unas especificaciones que se ajusten a la legalidad y que han de pasar unas inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo. Eso significa que ese inmigrante ha de contar con idénticos derechos que un originario.

Vía|Santiago Niño-Becerra

sábado, 17 de agosto de 2013

EL ESTRECHO DE GIBRALTAR VISTO DESDE ÁFRICA

Ya no se atisban pateras en el horizonte del Estrecho de Gibraltar. De esas frágiles embarcaciones atiborradas de seres humanos hacinados, que cruzaban las aguas que llevan desde el Tercer hasta el Primer Mundo, sólo quedan podridos armazones en depósitos desperdigados desde Algeciras a Tarifa. Si cruzar de una orilla a otra ya era una epopeya a bordo de esas cuatro maderas flotantes, ahora el riesgo se multiplica por mil. Los inmigrantes subsaharianos que han llegado a la costa de Cádiz en los últimos días tripulan barcas de juguete, en un viaje que nada tiene de juego. “Son embarcaciones que no están ni para navegar. Siempre las hubo, pero ahora son el medio de transporte más habitual. Han emprendido el viaje en días en los que el levante ha soplado con fuerza en una zona muy peligrosa. La desesperación les ha hecho asumir el riesgo”, comenta Miguel García, de Cruz Roja en Cádiz.
 
 

Las mantas y el consuelo de los voluntarios es el primer calor que reciben esos cuerpos ateridos de frío después de interminables horas de travesía en mar abierto. Más de 200 personas  han sido  rescatadas por los efectivos de Salvamento Marítimo en las aguas del Estrecho. “Están siendo unos días muy intensos, en una actividad que no es nada usual”, afirma García. 20 voluntarios de Tarifa y de la provincia hicieron turnos durante el fin de semana para dar auxilio y un primer consuelo a aquel que ha emprendido en condiciones tan precarias una huida hacia un mundo mejor.
 
La explicación a este repunte está en las turbulencias políticas y sociales que afectan a la zona del Sahel, “una crisis humanitaria enorme”, según describe Miguel García. La falta de alimentos provoca desplazamientos masivos de bolsas de población que buscan una alternativa a una vida de tanta precariedad al otro lado del mar. Puestas en una balanza las crisis de una y otra orilla, aquella que sacude el Norte de África siempre pesa mucho más. Además, España ya no es el objetivo. Es la primera parada de una ruta que tiene su destino final todavía a muchos miles de kilómetros.

A pesar de la situación tan complicada, hay más atención puesta en las mismas aguas a sólo unas cuantas millas de distancia por la enésima regañina entre España y Reino Unido a cuenta de Gibraltar. Sobran bloques de hormigón en el fondo de sus aguas y falta alguno en la estructura del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras. La instalación no ha podido dar asistencia a los últimos inmigrantes que han llegado a la zona por las malas condiciones del edificio; tal es así que  el Sindicato Unificado de Policía de la ciudad denuncia desde hace meses “el deterioro y las indignas condiciones de habitabilidad del recinto”.

La Delegación del Gobierno de Andalucía ha caído ahora en el problema y llama al timbre de Bruselas para solucionar este problema: pedirá financiación a la Unión Europea para acometer la reforma definitiva del edificio o la construcción de uno nuevo. Todo lo que se ha hecho hasta ahora han sido parches para intentar convertir la cárcel vieja de la localidad en algo para lo que no está preparada: falta comodidad, las instalaciones no son las apropiadas y hasta el propio fiscal de Extranjería de Algeciras, José Luis Jaudenes, ha pedido en varias ocasiones su cierre y ha calificado la instalación de “horripilante”.

Mientras, los subsaharianos rescatados por Salvamento Marítimo son derivados al CIE de la Isla de las Palomas en Tarifa. “Están siendo días de mucho trabajo, pero estamos intentando dar la mejor atención posible a todas las personas que llegan aquí. No es la primera vez que ocurre esto por aquí, ¿desbordados?, intentamos hacer nuestro cometido de la mejor manera posible”, cuenta una trabajadora del centro a andalucesdiario.es, mordiéndose la lengua y pidiendo cortar cuanto antes la conversación.
 
Este centro tarifeño no deja de ser un anexo del principal y no tiene capacidad para un volumen de llegadas tan alto como el de la última semana. La organización humanitaria Andalucía Acoge ha alertado de situación y ha exigido un cambio de estrategia que profundice en las causas del movimiento migratorio. En un comunicado, pide a las instituciones públicas el cierre de todos los Centros de Internamiento de Extranjeros y a reflexionar ante el colapso del centro en Tarifa  y la situación que vive el de Algeciras, cerrado por problemas estructurales.

Ante estas circunstancias, las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional de Algeciras se han convertido en el primer techo que ha dado cobijo en Europa a muchos de los que viajaban en busca de una vida mejor y un bocadillo es el mejor manjar que han probado desde que pisaron tierra. Diplomáticamente, el Sindicato Unificado de Policía califica la situación de “anómala”, pero la preocupación es evidente ante la posibilidad de que la llegada de más inmigrantes provoque un colapso en la zona y no haya medios ni personal para atenderlos. La Comisaría de Tarifa también está saturada hasta el punto de que sólo dos agentes custodian a 200 personas entre subsaharianos y detenidos.

Tras este nuevo repunte de la llegada de inmigrantes a las costas de Cádiz, Andalucía Acoge califica de fracaso la política de fronteras de la Unión Europea “en la medida que después de años de inversión desproporcionada en medidas de control de fronteras, la situación en el perímetro de Europa continúa siendo la misma”. Además, recuerda que esta política fronteriza se puso en marcha con la ayuda de los países norteafricanos, pero no ha servido nada más que para “avalar a Marruecos en su política represiva ante la inmigración está forzando a las personas inmigrantes a lanzarse al agua en balsas de juguete, lo que aumenta el riesgo para sus vidas”.
 
Alberto Cabello / Cádiz
Publicado por andalucesdiario.es
 
 

sábado, 20 de julio de 2013

EL RETORNO DEL MIGRANTE

Más de 6 millones de personas sufren el desempleo en España al tiempo que cada vez son más los emigrantes que regresan a sus países de origen. En el caso de Bolivia, según datos del padrón español con fecha del 1 de enero de 2013, en el último año un total de 13.606 residentes bolivianos salió de España.
Este retorno migratorio se ha favorecido por la crisis económica actual y la falta de oportunidades en sectores que hace un tiempo ofrecían cierta estabilidad, como la construcción, fábricas de calzados o textiles, el trabajo doméstico o cuidado de ancianos… Pero según explican los investigadores centrados en la migración, la decisión de que una persona regrese a su país no es sólo por factores económicos, hay otras razones como retomar los lazos afectivos de las relaciones familiares, de esos hijos a los que no se ve durante años o la enfermedad de algún familiar cercano también están detrás de estas decisiones.
 
En este reportaje, se dan ejemplos de casos de bolivianos que han emigrado, como los de Ericka Apaza, quienes regresaron  a sus ciudades natales. Y otros como Kiko Tordoya que están en la encrucijada de regresar, o la madre de Melisa Rivera, que todavía está batallando en España y viendo cómo su salario como cuidadora se reduce considerablemente por la crisis.
En Bolivia asistimos cómo este país se enfrenta al reto de recibir a todas estas personas a las que no les puede ofrecer un futuro cierto. Es por esta razón por la que muchos bolivianos, optarán, antes que el regreso, por emigrar a países europeos como Alemania o Gran Bretaña, o bien a países latinoamericanos como Argentina o Brasil, que se convierten en nuevos destinos migratorios, según el Consejo Internacional de Residentes Bolivianos en el Exterior (CIRBE).
 
 
Según explica Leonardo de la Torre Ávila, investigador reconocido con el Premio Nacional y el Premio Latinoamericano de Investigación en Comunicación Social y Premio Nacional en Periodismo para el Desarrollo Humano, el caso de la crisis económica no es algo nuevo para los bolivianos. “no es la primera que nos toca afrontar en un destino migratorio. La de Argentina, en 2000, fue mucho más dura, y determinó la movida de muchos bolivianos a Estados Unidos”, asegura.
 
Esa decisión de emigrar, de preparar maletas e ir a buscar oportunidades laborales es como “la decisión de salida obligatoria como ocurría con el servicio militar antiguo, un viaje como un deber para los jóvenes”, explica este sociólogo que subraya que algunas zonas bolivianas tienen mucha experiencia en dinámicas migratorias desde hace casi un siglo, con destinos como Argentina, principalmente, Brasil y Estados Unidos. El emigrar a Europa es algo más reciente, de los últimos 10 años.
 
 
Razones para regresar
Según este sociólogo, tres son las razones principales  en las que se sustenta la decisión del retorno, de volver de nuevo al país de origen, en este caso Bolivia. La más acuciante es la de la cuestión laboral, de la falta de empleo y sustento en España, la otra el caso de la regularización, si finalmente la persona logró legalizar la situación migratoria e igual de importante es la cuestión de las relaciones familiares, de volver a retomar los lazos afectivos con hijos o parejas.“Creíamos que la razón de retornar era sobre todo por falta de trabajo, pero también los factores familiares son muy determinantes”, subraya  este investigador y docente de la Universidad Católica Boliviana.
Lo que sí es cierto es que la crisis económica española, “genera una situación atroz, sobre todo en la construcción” y el colectivo masculino boliviano “es uno de los más afectados por la caída en la construcción”, mientras el femenino debe también afrontar “los coletazos en la reducción del pago a las internas”, señala este investigador  y autor de libros como “No llores, prenda, pronto volveré”.
En investigaciones realizadas para analizar este retorno migratorio se ha comprobado que la aunque la crisis económica actúa como detonante en la decisión final de retorno, “la mayoría de las mujeres entrevistadas aclaran que la decisión final estuvo determinada por estas otras razones más de tipo personal, familiar. En cambio, Los hombres retornan por motivaciones puramente laborales: No había oportunidad de trabajo en España”, según explica Virginia Fuentes, trabajadora Social e Investigadora de la Universidad de Jaén, colaborada del Observatorio Infantojuvenil de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.
 
 
Historias personales
Una de esas personas bolivianas que ha retornado es Ericka Apaza, una joven de 23 años natural de Santa Cruz de la Sierra, que viajó a España con sus padres cuando tenía  14 años. “El cambio fue duro durante el primer año porque extrañaba mucho a mis hermanos y amigos. Finalmente viví casi 8 años en Barcelona y ya me acostumbré e hice mi vida allí, trabajaba y estudiaba”. Pero fue entonces cuando estalló la crisis y “empezó a escasear el empleo. Había pocas oportunidades, España tenía la tasa de paro entre la población joven más alta de Europa y había más dificultad si no tenías los papeles y siendo extranjera”, asegura Ericka, que confiesa que comenzaba a pensar en regresar.
Pero la vuelta fue inesperada, fue deportada, un fin de semana que realizaba un viaje con su novio, en la frontera de Francia, cuando la policía le solicitó sus papeles. “Con solo 60 euros en el bolsillo, me obligaron a regresar a Santa Cruz de la Sierra. La alegría era muy grande porque volvía a ver a mi familia y al tiempo un sentimiento de rabia ya que en España en ese momento tenía un trabajo y una vida con ilusiones porque estaba a las puertas para ser ciudadana legal”, señala esta joven que ahora debe afrontar otras opciones de vida, en trabajos que apenas se remuneran en Bolivia como la hostelería.
 
 
Familias separadas
La migración boliviana hacia España ha sido principalmente femenina (55% del total), lo cual hace que también sean más las mujeres que retornen. Y se trata en muchos casos de un “retorno cíclico”, porque “muchas mujeres piensan en ir otro país como Chile, Brasil o Argentina”. Así lo explica Maggy Jáuregui, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y cofundadora del Observatorio Infantojuvenil de esta universidad.
Estas mujeres que retornan se encuentran con “dificultades para volver a acomodarse, porque extrañan una sociedad más organizada, como la española. Aquí ven todo más sucio, desordenado, con mayor inseguridad”, señala esta investigadora y psicóloga, que asegura que  al regresar  estas madres de familia ven cómo sus hijos ya son diferentes, han crecido sin ellas. Esa sensación de extrañeza también la perciben los menores, que llegan a decir “mi mamá vino más blanca o habla en otro lenguaje”, señala Jáuregui, que es una de las autoras del libro “Maternidad Transnacional: Vivencias Migratorias de Madres e Hijos/as adolescentes”.
 
Esta psicóloga también apunta que algunos de estos niños, hoy ya jóvenes, han experimentado un sentimiento de abandono ante la partida de su madre o de sus progenitores. Pero esto no es general, otros hijos se han educado y han crecido sin su madre y en cambio tienen un claro sentimiento de agradecimiento por el esfuerzo que ha realizado ésta, mandándoles dinero para que puedan tener una vida con más posibilidades. Éste es el caso de Melisa Rivera, que ahora tiene 24 años y que con apenas 17 vio partir a su madre Dorys a España, quedándose ella y su hermano Fabio, un año mayor, al cargo de cuatro hermanos, cuando el más pequeño, Josué tenía apenas 2 años.
“Mi madre tenía miedo de irse y dejarnos a nosotros solos, porque no teníamos papá ni ninguna persona mayor que se pudiera hacer cargo. Pero mi hermano Fabio y yo le dijimos ‘Mamita, tienes que irte, es lo mejor, nosotros dos cuidaremos de nuestros hermanitos”, explica Melisa Rivero, que gracias a la aportación de su madre hoy está concluyendo su tesis para obtener la licenciatura de Sociología.
 
Esta joven y futura socióloga está orgullosa de su madre, porque “ha trabajado muy duro por nosotros y aunque no la veamos desde hace 7 años, nos llama unas tres veces a la semana y se preocupa de todo”.  La crisis económica le está afectando en su trabajo como trabajadora doméstica y cuidadora de una anciana  en Sevilla. “Tiene miedo a quedarse sin trabajo y le han reducido el salario porque cada vez hay más oferta de mujeres de otros países, como Marruecos, que cobran más barato”, explica Melisa, que cuenta que su madre no tiene pensado regresar a España hasta que no haya pagado y equipado completamente la casa y el terreno. “Dice que tiene pensado irse a Alemania porque en España la crisis está empeorando y está cansada de su trabajo, porque la explotan”, concluye esta joven.
 
 
Lazos familiares debilitados
Esto demuestra que aunque generalmente los lazos familiares casi siempre se encuentran debilitados con la vuelta, hay excepciones. Depende de “la cotidianeidad y fluidez de la comunicación y de si la migración se ha vivido como una experiencia vital compartida, donde los padres e hijos han participado de las decisiones. En tal caso, la vuelta es más normalizada. Por el contrario, si las relaciones han sido puntuales, no se ha hecho partícipes a los hijos de las decisiones tomadas y éstos no han participado de los benefícios de la migración, los lazos familiares están fuertemente deteriorados”, asegura  la investigadora en formación Virginia Fuentes, de la Universidad de Jaén.
Es muy diferente cuando en la migración es el padre o la madre la que opta por irse a vivir a España. “La madre es el centro del hogar, si emigra al extranjero debe explicar bien los motivos a los hijos y tener clara la responsabilidad de quién los cuidará”, detalla Maggy Jáuregui, docente e investigadora de UAGRM.
Los hijos fueron la razón que impulsaron a la familia de Kiko Tordoya a regresar a Bolivia, nos explica: “Mi mujer nunca se acostumbró a vivir en España, pero la decisión del retorno fue que nuestro hijo de 18 años se fue conmigo de viaje a Bolivia y no deseo regresar de nuevo a Alicante”. Comparte durante la entrevista que es triste estar en España sin su mujer y tres de sus hijos, de los cuales, la pequeña cuenta sólo con 4 años y nació en España. Vive con su hijo mayor, que es el único que no desea regresar al país andino y que trata de forjarse un futuro estudiando mecánica electromotriz. “Como no hay trabajo, estudia, ya hizo Informática. Es mayor, no puedo obligarle a que regrese a Bolivia. Cuando decidimos emigrar, la idea era regresar todos juntos, no pensaba en desintegrar la familia”, asegura.
Este padre de familia nos adelanta que pronto cogerá las maletas para vivir con su mujer e hijos en Santa Cruz de la Sierra. “Deseo regresar, porque me comenta mi esposa que hay mucha inseguridad y deseo protegerles”.
 
Sentimientos cruzados
 Muchos de los que emigran desean un día volver a su país, pero si llega ese momento extrañan la “sensación de autonomía personal, económica y especialmente de derechos sociales que en España están asegurados hasta el momento como la atención sanitaria, educativa o la defensa legal”, precisa Virginia Fuentes,  investigadora en formación de la Universidad de Jaén. Este sentimiento unido a la falta de un futuro prometedor en Bolivia hacen que crezca con fuerza el deseo de emigrar de nuevo y esta vez a países vecinos como es el caso de Brasil o Chile. “Están próximos a Bolivia y pueden tener la ventaja de venir todos los años a ver a sus hijos, por lo que los vínculos estarían más fuertes”, apunta la investigadora y docente Maggy Jáuregui, de la UAGRM.
 

Rosa Castro (Bolivia)

lunes, 24 de junio de 2013

LOS 'CIE' : ¿LOS 'LIMBOS LEGALES' DE LA POLICÍA?

En EE.UU hay montado un debate porque Obama propone un DNI nacional para combatir la migración irregular. Allí no se estila (desde 2005 hay uno opcional) y muchos se oponen a esta medida blandiendo el espantojo del socialismo. La tradición del liberalismo yanqui (anglosajona: en Inglaterra tampoco tienen) protege más la esfera de lo privado, y la intromisión del Estado en la vida de cada cual es menor que en Europa. Y no digamos en la burocrática España, donde los papeles son todo un clásico, y un perfecto método de control social. Allí tienen los suyos. Por ejemplo, si a un joven le pillan en Mineapolis con una bolsita de maría a la segunda puede irse a la cárcel un mes, y aquí, si te pillan con su equivalente china, te cae una multa de 300, que si no pagas te sitúa en una lista. Pero allí viajan entre estados sin papel alguno y aquí te da palo viajar sin DNI a Francia, incluso salir a la calle sin él. No está prohido ni es ilegal no llevarlo. Pero es un engorro si te lo piden. Allí, te controlan menos pero si rompes la ley la pagas. Aquí dejo que me fichen con un número pero (depende de quien seas) si la rompo no la pago.
 
  • Los controles racistas para la estigmatización de los migrantes y las identificaciones masivas y arbitrarias para desincentivar las protestas vía buro-represión son el pan de cada día. 
  • El gobierno ha pasado de negar los controles racistas a normalizarlos. 
  • Sólo en Madrid, se ha recaudado desde 2011 un cuarto de millón de euros en multas a manifestantes pacíficos. 
  • Varios colectivos desobedientes están luchando contra esta forma de control social.
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    La tragedia de ese papel ha roto vidas en dos. Por ejemplo, J y C vivían juntos en Usera (Madrid). Los dos vinieron de Bolivia. J estaba regularizada y C no. Una noche, C salió del metro y un policía de paisano le pidió la documentación y le detuvo. J recibió una llamada de comisaría. Le pedían que llevara el pasaporte de su novio. Lo hizo. Pidió hablar con C. No la dejaron. Estando embarazada de cinco meses, esperó hasta las 2 de la mañana. Lo intentó al día siguiente y tampoco la dejaron. Cuando al día siguiente volvía a comisaría, recibió una llamada de C. Lloraba. “Me están mandando a casa”. J fue en metro a Barajas. Allí un policía le dijo que le iban a expulsar. “Tengo derecho a despedirme”, dijo J. “Has visto muchas películas americanas”, respondió el policía.
     
    Esto pasó en 2010 y J lo contó en un informe de Aministía Internacional sobre Perfiles raciales y control de la inmigración en España. “Los policías lo habrán olvidado, pero para él y para mi ha sido un trauma que nunca olvidaremos”, dice también. “Ahora estoy sola con mi hijo. No paro de buscar trabajo pero sola con un niño es difícil”.
     
    En el mismo informe, Amnistía Internacional recoge más casos de detención por no llevar papeles. Un senegalés al que se los han llegado a pedir cuatro veces en un día. Otro chico indio que ha pasado por todas las comisarías de Madrid… También denuncia que la policía cuenta con cupos de detención de migrantes en situación irregular y con indicaciones de qué nacionalidades es prioritario pedir su ingreso en un CIE y de cuáles no. Tránsito entre la detención y la expulsión (allí pueden estar hasta 60 días), los Centro de Internamiento para Extranjeros (9 en España, 420 en toda la UE) son, como si dijéramos, extensiones de un calabozo policial. Al no haber cometido ningún delito (no tener papeles no es delito, es falta administrativa) no dependen del Ministerio del Interior, si no que son limbos legales que dependen de la policía. Como se cuenta en el blog cárcelesracistas, los CIEs violan 8 de los 30 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos. En ellos, a los internos no se les suele informar de sus derechos, se les niega asistencia jurídica y médica, hay muchas denuncias de trato degradante, e incluso de torturas.
     
    Si no tienen papeles (se calcula un millón en España), muchas veces el destino es el CIE y la expulsión (la otra opción, la multa, se impone menos). Si los tienen pero pertenecen a una minoría étnica (unos 4 millones), les pedirán los papeles muchas más veces. A todas horas. Sin importar que lleguen tarde al trabajo, en cualquier lado: en locutorios, a la salida del metro, en discotecas. Y si protestan, a comisaría, aunque todo esté en orden, con el pretexto de que a lo mejor les engaña.
     
    El efecto de las identificaciones racistas, asegura AI, es reforzar el prejuicio social de que las personas de otras etnias comenten más delitos. Y así aumenta el racismo. Malena, integrante de las Brigadas vecinales de Observación de los Derechos Humanos, añade que su efecto atañe a toda la sociedad al estigmatizar a un grupo social. “Además, hacen que nos acostumbremos a la presencia policial en la calle. Cumplen, por tanto, con una labor de control social. Aunque las identificaciones racistas sean distintas a las identificaciones masivas que se están dando en las protestas, ambas persiguen que se normalice el control del uso de los espacios públicos, el derecho a circular libremente. Las aceptamos porque tocan a otros y no a nosotros. Pero tras este colectivo llegarán otros”.
     



    Las Brigadas llevan trabajando en Madrid desde 2009. “Surgen de muchos colectivos de barrio tras un año de trabajo previo”, cuenta Malena. “Intentamos aplicar la figura del observador de los derechos humanos, recocida en el marco del derecho internacional, aunque aquí antes no se aplicaba, como si no se vulneraran derechos”. Salen por un barrio, mínimo en grupos de cuatro, con chalecos naranjas para ser identificados. Documentan las redadas racistas. Desde abril de 2011 en que presentaron su primer informe hasta noviembre de 2012 (que presentaron el segundo) recibieron 1.144 avisos de redadas racistas, muchos de ellos a través de su Twitter. En ese año y medio, las propias Brigadas detectaron al menos un control racista en la tercera parte de sus salidas. En su web, además, estudian los datos incoherentes presentados por el Ministerio del Interior tras la presión ciudadana. De los 8,7 millones de identificaciones que se hicieron en 2012, reconocen 49.256 en las que el 56% fue a extranjeros, siendo sólo el 12% de la población.
     
    “El gobierno ha pasado de negar los controles racistas, en época del PSOE, a normalizarlos después”, asegura Malena. “Dicen que los controles se hacen a personas que infunden sospecha, para luchar contra delincuencia, la trata de personas y las redes de inmigración ilegal. Meten en el mismo saco a personas y a delitos”.
     
    El número de brigadistas en Madrid es variado, pero haciendo un cálculo de los que han pasado por los talleres mensuales de incorporación, Malena calcula unas 200 o 300 personas. “Al haber tensión frente a la policía, realizamos un taller de formación, para que se conozca el marco jurídico y los principios del proyecto”. El trabajo de las Brigadas pasa, también, por la elaboración de informes y la visibilización de estas prácticas en todos los barrios donde abundan los migrantes. “Nuestro objetivo es acabar con las redadas por perfil étnico, así que documentamos y denunciamos”, dice Malena, “pero no entorpecemos físicamente la labor policial, aunque recibimos coacciones y la criminalización de las instituciones”. Así pues, su labor no es, senso estricto, desobediencia civil (aunque este tema es todo un debate en el colectivo), como la que han practicado vecinos de Madrid al declarar sus barrios (Aluche, Carabanchel, Usera, Lavapiés) libres de redadas. “Actuamos dentro del marco legal, pero nuestra presencia molesta mucho, de ahí las sanciones, que persiguen amedrentar y silenciar al colectivo”. Han ganado un juicio, pero las sanciones por otras 7 causas abiertas (y recurridas), suman ya 3.400 euros.
     
    Buro-represión. Así se llama a la práctica de multar a colectivos o personas que están protestando ante las actuaciones de las instituciones. Y es, junto a represión policial, una tendencia en aumento, que se da tras identificaciones masivas y arbitrarias, encaminadas a precarizar más a los activistas, desmovilizarles e infundirles miedo.



    Aunque la multa media ronda los 300 €, han llegado a poner 1.000 € de multa por ir a manifestación no comunicada o de 6.000 € al que convocó el 25-S. En Madrid, desde 2011, se ha recaudado más de un cuarto de millón de € (entre multas a mil personas). Muchas de ellas están recurridas y se han presentado 59 demandas por indefensión contra las sanciones indiscriminadas.
     
    Para hacer más difícil a la policía su trabajo, la Plataforma por la Desobediencia Civil (que nació en 2012, tiene tres pilares –formación, campañas y caja de resistencia– y está formada por las Brigadas, además de otros colectivos como LegalSol, Ecologistas en Acción, Antimilitaristas o la Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala), presentó hace dos meses la campaña DNI (Di No a las Identificaciones). Una respuesta colectiva a la buro-respresión. El objetivo es salir de casa sin DNI y, ante la petición de documentación, decir que no la llevas, que no has hecho nada malo, que estás harto de que te multen y que preferimos ir a comisaría que dejar de defender un derecho básico.
     
    Una campaña que se inserta, esta sí, en los parámetros de la desobediencia civil clásica: es alegal o va en contra de una práctica de la autoridad, es colectiva, pública, no violenta y asume las consecuencias de la acción. “Con esta acción se pretende hacer el trabajo policial más difícil y mostrar el ridículo de esta situación”, resume Malena. “Tiene sentido si es masiva”. ¿Lo es? “En eso estamos”.

    Marcos Rebollo Fidalgo - Periodismohumano

    domingo, 24 de febrero de 2013

    EL NUEVO MURO DE EUROPA CONTRA LA INMIGRACIÓN



    Los alrededores de la Estación de tren de Orestiada, situada en el noroeste de Grecia junto a la frontera turca, están cubiertos de zapatos, mocasines de imitación y zapatillas deportivas. Los han abandonado inmigrantes y refugiados recién llegados de Turquí, como si así cambiando de calzado, pudiesen también trocar su suerte y empezar una nueva etapa.

    Hasta hace poco ésta estación de tren era una de las primeras paradas ya en territorio europeo de las rutas migratorias que se inician en África, Oriente Medio o Asia. De Orestiada, viajaban a Atenas y, de allí, a la costa oeste de Grecia para colarse en algún barco hacia Italia y, como polizones, continuar su ruta hacia la Europa más próspera.

    Ahora las ropas y los zapatos abandonados se pudren a merced de las lluvias del invierno, ya que apenas pasan inmigrantes por éste punto.
    "En 2010 sufrimos un tsunami de inmigrantes pues por ésta zona entraron ilegalmente unos 36.000", explica el director general de la Policía de Tracia, Georgios Salamangas.
    Entonces se desplegó una misión del cuerpo europeo Frontex y se reforzó la cooperación con las autoridades turcas. Igualmente, el pasado agosto se enviaron 2.000 efectivos más de Policía a la región y recientemente se concluyó la construcción de un muro en la frontera greco-turca.

    La valla de 10,3 kilómetros de longitud, 4 metros de alto y coronada por alambre de espino, ha sido elevada sobre las huertas que antes hacían de frontera entre estos dos países y su construcción ha costado más de tres millones de euros, sufragados enteramente por el Gobierno griego, ya que la Unión Europea se negó a financiar un proyecto que ha desatado protestas de los grupos de derechos humanos.

    "Los resultados de la operación policial y de la valla son muy buenos. El número de inmigrantes que cruza ilegalmente se ha reducido drásticamente. Esto debería satisfacer no sólo a Grecia sino a toda Europa porque todos éstos inmigrantes no quieren quedarse aquí, sino ir a otras capitales europeas", añade Salamangas.

    Los vecinos que viven junto al nuevo muro están, con todo, satisfechos, aunque reconocen que, aparte de pisadas en sus campos de cultivo, nunca han tenido mayores problemas con los "sin papeles".
    "Antes venían muchos. Con el muro ya no pasan más. Pero, ¿por qué vienen a Grecia?. Esto no es el paraíso. Aquí hay crisis, no hay trabajo", critica el viejo Vangelis mientras despluma un pollo.
    Sin embargo, Jalid, un paquistaní que hace años cruzó ilegalmente ésta frontera se defiende : "Ya sé que aquí las cosas no son fáciles, pero en Paquistán están peor. Si no fuese así, no habría venido".

    Algunos locales, en cambio, si que han alzado la voz contra la construcción del muro, como el joven Panos, de Orestiada.
    "Lo irónico es que Orestiada se construyó para los refugiados griegos expulsados de Turquía y los hijos de éstos refugiados emigraron en 1960  a Alemania para ganarse la vida. Ahora, construimos una valla contra refugiados e inmigrantes", lamenta.

    Gökhan Tuzladan, periodista turco que vive al otro lado de la valla, asegura además que no solucionará el problema de la inmigración irregular.
    "Está claro que la valla tiene un efecto disuasorio, pero sólo cubre 10 kilómetros. Los otros 190 de frontera están separados por el río Evros. Y por ahí sigue habiendo gente que cruza ilegalmente" apunta y añade que incluso se están empezando a producir entradas ilegales de Turquía a Bulgaria, a pesar de que éste país no forma parte del espacio Schegen de libre tránsito europeo.

    Las organizaciones humanitarias denuncian que, debido a la valla, los inmigrantes están utilizando rutas peligrosas, como el Mar Egeo -donde en los últimos meses se han producido varios hundimientos de pateras- o el propio río Evros.

    Según datos de la Policía, entre 2010 y 2012, murieron 112 inmigrantes ahogados o de hipotermia mientras trataban de cruzar el río, pero el muftí musulmán de la provincia griega de Evros, Serif Damatoglu, asegura haber enterrado él mismo a unos 400.
    "Yo sufro mucho. Ves a ésta gente que es tan joven y ha perdido la vida... y en ocasiones no son uno ni dos, sino grupos de nueve o diez a los que tienes que enterrar. Algunos cadáveres llegan incluso mutilados por haber pisado las minas que hay en la frontera", afirma.

    En el pueblo de Sidiro han habilitado un pequeño monte para enterrar éstos cadáveres.

    La lluvia del invierno cae inmisericorde sobre los montes de tierra, algunos todavía frescos, que cobijan los cuerpos sin vida de los inmigrantes. No hay lápidas. Nadie conoce el nombre de sus ocupantes, ni su país de origen. Ni cuantos miles de kilómetros recorrieron para venir a morir a las puertas de Europa.











    Andrés Maurenza