La crisis económica se ha convertido en una importante fuente de financiación para CCOO y UGT que, a través de sus asesorías jurídicas, cobran un porcentaje sobre las indemnizaciones que recibe cada uno de los trabajadores obligado a abandonar su empresa a través de los ERE.
Los sindicatos utilizan en ocasiones empresas para camuflar ingresos por estudios inexistentes. Varios despachos de abogados denuncian que pactan tarifas al margen de su representatividad.
La crisis económica se ha convertido en una importante fuente de financiación para las centrales sindicales que, a través de sus asesorías jurídicas, cobran un porcentaje sobre las indemnizaciones que recibe cada uno de los trabajadores obligado a abandonar su empresa a través de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). De acuerdo con los datos a los que ha tenido acceso elEconomista, CCOO y UGT estarían ingresando actualmente entre el 5 y el 10 por ciento del coste del despido.
Al margen de las cuantiosas subvenciones que reciben del Estado y de las comunidades autónomas, los sindicatos hacen así caja con los trabajadores afectados por las regulaciones de plantilla, incluso cuando la indemnización debe ser pagada por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). De esta forma, cuanto mayor sea el número de trabajadores afectados por los ERE, mayores serán los ingresos de las centrales sindicales.
Un dato importante a tener en cuenta es que la contratación del abogado para negociar los términos del ERE con la compañía, se realiza por el comité de empresa, por el delegado de personal o por quienes representen los intereses de todos los trabajadores, pero no con cada uno de los trabajadores...
Un millón de afectados
Y los últimos años a tenor de las cifras oficiales, no les ha ido mal. El número de trabajadores afectados por un ERE entre 2008 y 2010 sobrepasó ligeramente el millón de personas (1,08 millones) y el número de expedientes llevados a efecto alcanzó los 42.858. De estos procedimientos, el 24,1 por ciento fueron de extinción del contrato, el 62,82 por ciento de suspensión temporal de empleo y el 12,9 por ciento de reducción de jornada.
La estadística correspondiente a los dos primeros meses de 2011, muestra que, aunque han descendido los ERE con respecto al mismo periodo del año anterior en un 11,7 por ciento, los anuncios realizados por diversas cajas de ahorros y, sobre todo el de Telefónica, hacen pensar en un cambio de tendencia a estas alturas.
Durante los dos primeros meses, según los datos de Trabajo, el número de expedientes presentados fue de 3.200, de los que se autorizaron 3.111, que afectaron a 44.404 trabajadores. El número de ERE pactados entre los empresarios y los sindicatos ascendió a 2.850 y afectó a 40.295 trabajadores, lo que supone el 90,7 por ciento del total. El número de expedientes de extinción de contrato en enero y febrero ascendió a 566 trabajadores.
Conceptos de la factura
Los cálculos de varios bufetes de abogados, que consideran la actividad de estas asesorías jurídicas sindicales como un claro caso de competencia desleal, indican que por cada ERE de tamaño medio los sindicatos obtienen, al menos, entre 100.000 y 300.000 euros. Es lo que pasó, por ejemplo, en el ERE llevado a cabo por Fibracolor, una empresa participada por la Generalitat de Cataluña, que pagó 1.000 euros por trabajador, lo que permitió a los sindicatos embolsarse cerca de 280.000 euros en un conflicto laboral que acabó con el cierre de la empresa hace tres años.
Y más grave aún es lo que está pasando ahora, por ejemplo, con alguno de los ERE fraudulentos en Andalucía. Como el de Delphi, donde los sindicatos podrían haberse embolsado 2,4 millones de euros en concepto de mediación, después de que sólo 600 de los 1.500 trabajadores afectados por el cierre hayan podido ser recolocados.
Pero los ingresos no vienen sólo vía asesoría jurídica sino que, en muchos casos, aparecen incluso facturas que responden a estudios o informes que nunca llegan a ver la luz, según denuncian algunas empresas. Esta documentación suele ser facturada por sociedades instrumentales, especialmente cuando, como suele ocurrir con las multinacionales, la dirección se niega a pagar a los sindicatos.
El responsable de los servicios jurídicos de Comisiones Obreras, Antonio García, niega este extremo, aunque reconoce que ellos facturan a cada trabajador entre un 5 por ciento y un 10 por ciento de la cantidad con la que resultan indemnizados. "Como cualquier bufete de abogados" se defiende. Según García, "un bufete puede llegar a cobrar incluso un 15 por ciento o más". Los sindicatos insisten en que la cantidad pactada tan sólo es abonada por los no afiliados al sindicato.
Pero el problema es mucho mayor. Según han asegurado varios despachos de abogados expertos en derecho laboral -que han participado en un gran número de ERE en los últimos años-, existe además un problema de competencia, porque "al margen de la representatividad que tengan, pactan las facturas para cobrar lo mismo. Es un comportamiento irregular, con una falta absoluta de transparencia".
El responsable jurídico de CCOO matiza este extremo y asegura que tan sólo se pactan tarifas "cuando se trata de expedientes de empleo de grandes compañías, ya que es en esos casos cuando los propios trabajadores piden que se llegue a un acuerdo sobre la factura a cobrar".
Criterios diferentes de cobro
Aunque lo normal es cobrar un porcentaje, hay también casos en los que los sindicatos cobran una cantidad fija a cada trabajador por el asesoramiento técnico y jurídico. Estas cantidades dependen del número de trabajadores incluidos en el expediente que acepten el asesoramiento y de las dificultades que pueda plantear el expediente. Es decir, si es una simple tramitación puede rondar el 5 por ciento, mientras que si implica acudir al Juzgado la tarifa puede estar más cerca del 10 por ciento.
Aunque en algunos casos, los afiliados al sindicato no pagan, en la mayoría de los casos, al contrario de lo que asegura García, sí que lo hacen, aunque en una cantidad inferior a la de los no afiliados.
En numerosas ocasiones, los sindicatos ajustan sus honorarios a través de unas tablas que regulan la cantidad a pagar, atendiendo a la antigüedad de la afiliación sindical. Con ello se trata de que no se beneficien de esta situación quienes se han dado de alta en los meses anteriores a la presentación del ERE.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que los honorarios del abogado deben tener en cuenta la cuantía del asunto, las circunstancias de esfuerzo intelectual y laboriosidad exigidas por la actuación profesional, el dictamen del Colegio de Abogados y el alcance de la condena dictada por el Tribunal correspondiente. La división del pago de honorarios en dos conceptos distintos viene recomendada por los propios colegios profesionales en sus criterios sobre los honorarios.
Como ejemplo, el Colegio de Abogados de Madrid aconseja a sus colegiados solicitar 360 euros por trabajador cuando se solicite la extinción de contratos, la suspensión temporal del empleo o la modificación de la jornada de trabajo.
En este primer concepto de las recomendaciones aportadas por el Colegio, se incluye la preparación del expediente, la comunicación a la autoridad laboral y la comunicación a los representantes de los trabajadores de la apertura del periodo de consultas en el que deben participar. Y, finalmente, ante la autoridad laboral, la presentación del periodo de consultas.
En la mayoría de los ERE, el abogado cobra un porcentaje al finalizar el proceso, pactado al principio, sobre la cantidad obtenida como indemnización por cada trabajador.
Existen una tablas de reducción de los honorarios dependiendo del número de trabajadores que participen en el ERE y sean representados por el mismo abogado o firma.
En el caso de los sindicatos, aunque suelen cobrar honorarios idénticos, éstos niegan que se hayan puesto de acuerdo para establecerlos.
No obstante, sí reconocen que en aquellos casos en que actúan los abogados de varias centrales con los trabajadores de la misma empresa o grupo empresarial es lógico que todos paguen lo mismo por los servicios prestados.
Trabajo autorizó el 94% de los ERE presentados en los dos primeros meses del año
El Ministerio de Trabajo o las consejerías de empleo autonómicas competentes autorizaron el 94,4% de los más de 3.200 ERE que se presentaron en los dos primeros meses del año, si bien sólo el 17,7% de éstos eran de extinción, y contemplaban el despido de un total de 7.409 trabajadores.
Según los últimos datos del departamento que dirige Valeriano Gómez, los ERE autorizados afectaron a un total de 44.404 trabajadores, de los que 27.065 (el 60,9% del total) fueron incluidos en los más de 1.400 expedientes de suspensión aprobados.
Ahora bien, en pleno debate sobre el endurecimiento de las prejubilaciones de los ERE de compañías con beneficios, que el Gobierno prepara como respuesta al recorte de plantilla del 20% anunciado por Telefónica, los empleados afectados por algún tipo de ERE se redujeron un 11,7% con respecto a los dos primeros meses de 2010, cuando un total de 54.716 trabajadores se incluyeron en un expediente de regulación.
Esta disminución con respecto al ejercicio precedente, que podría explicarse por las mayores virulencias de la crisis, se mantuvo también en los expedientes de extinción, aunque de enero a febrero de este año afectaron a 7.400 empleados, esto es, sólo 500 trabajadores menos.
En este sentido, desde CC.OO. acusaban al Gobierno de "gobernar a golpe de titular" para evitar que la Seguridad Social sufrague también las prestaciones por desempleo de ERE presentados por empresas con grandes beneficios, y recordaban que la reforma laboral "facilita" esta posibilidad al contemplar el despido objetivo, con 20 días de indemnización, para compañías con "previsión de pérdidas".
LA MAYORÍA DE ERES, PACTADOS
En concreto, el 91,6% de los 3.111 ERE autorizados en los dos primeros meses del año fueron pactados entre los empresarios y los representantes sindicales, que afectaron a 40.295 trabajadores, con lo que sólo algo más de 4.000 empleados se vieron incluidos en un expediente que no contó con beneplácito de los sindicatos.
Capítulo aparte merecen los ERE de reducción de jornada, un instrumento que permite combinar la reducción de jornada con el cobro de la prestación por desempleo, y que da derecho además a una bonificación del 50% en las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, siempre que la empresa se comprometa a mantener en el empleo a los trabajadores afectados durante al menos el año posterior a la finalización de la reducción de jornada autorizada.
LOS ERE DE SUSPENSIÓN SUPONEN YA EL 22% DEL TOTAL
Este tipo de ERE no se utiliza demasiado en España, como demuestran los datos que maneja el Ministerio de Trabajo, aunque el Gobierno, adaptando el modelo alemán, ha querido potenciarlo en la reforma laboral como alternativa al despido.
Y los efectos del llamado 'modelo alemán' se dejaron notar en los dos primeros meses del año, pues este tipo de expediente se multiplicó por más de cinco, hasta los 9.930 ERE. Además, los ERE de reducción ganaron peso en el total, y pasaron a representar el 22,4% del total de expedientes autorizados, frente al escaso 3,6% que significaban en el mismo periodo de 2010.
Los sindicatos mayoritarios se lucran con los ERE a costa de los trabajadores
Los empleados de las empresas afectadas por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) pagan por los servicios de asesoría jurídica del sindicato una cantidad fija que oscila entre los 100 y los 400 euros.
En la mayoría de los casos los trabajadores desconocen que se les descuenta estas minutas de su indemnización, pues se trata de un ingreso que no consta en ningún recibo ni factura. Y que supone un gran negocio si se tiene en cuenta que la cifra de ERE se ha disparado.Además, la organización sindical tiene un ingreso extra: cobra a cada uno de estos trabajadores entre un 10% y un 15% de la cantidad que obtiene como indemnización por encima de los veinte días por año trabajado, según han confirmado a EXPANSIÓN varios abogados de importantes bufetes laboralistas.
En concreto, el número de empleados afectados por un ERE se multiplicó casi por 16 en los primeros meses de 2009: afectó a 589.049 trabajadores, un 222% más que en 2008. Entre enero y julio de este año, la cifra ya supera la de todo 2008, al ascender a 183.126 empleados. Así, desde que comenzó la crisis, los sindicatos se han embolsado -sólo por la parte fija del pago- alrededor de 240 millones de euros (unos 80 millones anuales). Esta cifra resulta de multiplicar el total de trabajadores afectados por ERE durante la crisis (953.331) por un ingreso fijo medio de 250 euros. La parte variable, según los expertos, no se puede estimar de forma rigurosa.
Diferencias territoriales
Para gestionar este abultado número de expedientes, UGT ha llegado a tener en nómina a tiempo completo a 316 abogados y 55 graduados sociales., y 400 trabajaban en CCOO.
Rafael Nogales, del departamento jurídico confederal de UGT, confirmó a este periódico que "se cobra una cantidad fija a cada trabajador por el asesoramiento técnico y jurídico, y que las cantidades dependen de cada caso". "En determinados lugares como Madrid, los afiliados del sindicato no pagan nada y si se les cobra es a razón de unas tablas dependiendo de su antigüedad, pero mucho menos que a los no afiliados". Nogales cifra en el 10% esa cantidad variable que se obtiene en la negociación.
Por su parte, César López, responsable de asesoría y servicios de CCOO, afirmó que "el criterio del tanto por ciento para lo que se consigue por encima de los 20 días no está establecido en nuestro sindicato, sino que depende de cada caso en concreto". Lo que sí aseguró López es que "se cobra una cantidad fija a cada trabajador por el asesoramiento jurídico prestado, pero por debajo de los honorarios fijados por los colegios profesionales. Y a nuestros afiliados se les bonifica". El letrado jefe de Honorarios Profesionales del Colegio de Abogados de Madrid, Francisco Fernández Ortega, aclaró que "los sindicatos establecen por su cuenta la minuta por el asesoramiento jurídico que realizan sus abogados, que suele establecerse en un fijo más un tanto por ciento, y el Colegio no influye en nada a no ser que haya un procedimiento judicial".
Desconocimiento
Otro de los sindicatos consultados, Unión Sindical Obrera (USO), afirmó que en su caso como norma en los ERE nunca se cobra nada a los trabajadores, pero que son conscientes de que en otros sindicatos, sobre todo los más grandes, se les cobra un fijo y un tanto por ciento de lo que se consiga por encima de 20 días, y otras veces se le cobra a la empresa. El secretario de acción sindical, José Vía, explicó que "nosotros no cobramos al trabajador por asesorarle en un ERE porque bastantes problemas tienen éstos ya con irse a la calle como para encima pedirles dinero". "A quien sí cobramos en ocasiones es la empresa".
Otra fórmula que también se utiliza, sobre todo en grandes empresas afectadas por un ERE, es que sea la propia compañía la que corra con los honorarios de los abogados de los sindicatos.
"En estos casos, este acuerdo se establece antes de empezar las negociaciones entre los representantes de los trabajadores y la empresa, porque a ésta le interesa que haya un acuerdo y se produzca un ERE pactado entre ambas partes, que es lo mayoritario para que la autoridad laboral no entre a revisar sus cuentas y de cara a su imagen exterior", afirmó un experto de un gran despacho de abogados.
Casi todos los ERE acaban en acuerdo
Alrededor del 98% de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que se presentan se están resolviendo con acuerdo de las partes -empresa y trabajadores-. Desde 2008, de los 35.627 ERE presentados, tan sólo 3.493 no estaban pactados entre ambas partes.
Con estos datos encima de la mesa es fácil deducir que prácticamente ningún ERE se suele aprobar sólo con los 20 días por año trabajado que establece la Ley como mínimo, ya que las negociaciones siempre hacen subir esta cifra. Las fuentes jurídicas consultadas aseguran que normalmente se están aprobando con entre 30 y 40 días por año trabajado, e incluso algunos llegan hasta 45. Esto aumenta notablemente la cantidad de entre 100 y 400 euros que aporta cada trabajador a los sindicatos.
Los bufetes alertan de que el trabajador desconoce sus opciones
¿Saben los trabajadores afectados por un ERE que una parte de su indemnización va a parar a los sindicatos? Los abogados laboralistas consultados coincidieron en responder que generalmente esto se desconoce. "Teóricamente, cada trabajador debería firmar una hoja de encargo para solicitar los servicios jurídicos del sindicato en cuestión, pero esto en la práctica nunca ocurre", explican fuentes cercanas a negociaciones rutinarias.
"Lo que sucede es que hay un código no escrito que dice que el Comité de Empresa, que representa y ha sido elegido por los propios trabajadores, tiene la legitimidad de negociar con los abogados de los sindicatos u otros que estimen", añadieron. Otra cosa es que luego el trabajador no esté de acuerdo en pagar esa parte correspondiente de su indemnización por el asesoramiento jurídico, o prefiere contratar por su cuenta a un bufete privado. Rafael Nogales de UGT aclara que "si esto ocurre, por supuesto, que no se les cobra , pero si no se dice nada al respecto lo lógico es cobrar, porque damos por hecho que se está de acuerdo con el asesoramiento".
Un asesoramiento jurídico 'jugoso'
¿Cuánto están ganando las asesorías jurídicas de los sindicatos por asesorar a los trabajadores en los ERE? "Los abogados de los sindicatos perciben siempre el mismo sueldo porque están contratados por cuenta ajena, pero las organizaciones sindicales se están enriqueciendo muchísimo en estos procesos a costa de la cantidad que aportan los trabajadores afectados por ERE. El problema es que en la mayoría de los casos los empleados desconocen esta situación", afirmó un prestigioso laboralista.
El cálculo
Los sindicatos ganan una cantidad fija de entre 100 y 400 euros a cada trabajador inmerso en un ERE (una media de 250 euros). Si se multiplica esta cifra por los afectados en los despidos, se obtienen los 80 millones anuales. Las 'comisiones' son una fuente más de financiación para las organizaciones sindicales.
- 1. El cobro por estos servicios de los sindicatos se suma a otro tipo de asignaciones presupuestarias, cuotas y subvenciones.
- 2. En total, durante todo el año 2009, los sindicatos, sin contar este cobro por los ERE, se embolsaron cerca de 200 millones de euros.
- 3. El ingreso por el servicio en los ERE puede ser mucho mayor, pero los expertos apuntan la dificultad de calcular la parte variable de la indemnización.
- 4. Ese importe oscila, según casos, entre un 10% y un 15% de la cantidad que se obtiene por encima de los 20 días de indemnización por año trabajado.
- 5. La estimación realizada es sólo una media de la parte fija. Al oscilar el cobro hasta los 400 euros por trabajador, puede incluso llegar a duplicarse.
- 6. En pleno boom de los ERE, durante el primer trimestre de 2009, sólo UGT tenía en nómina a 316 abogados y 55 graduados sociales. CCOO, a 400.
Pravda Internacional: El negocio del desempleo: UGT y CCOO se embolsan hasta un 10% del coste por despido en cada ERE
