La restauración de la monarquía, encarnada por la Casa de Borbón, y la presión creciente de las luchas populares, posibilitaron la llamada Transición, deseada por el pueblo español. Sin embargo, la Transición no consiguió desplazar de forma efectiva a los poderes que sostuvieron la dictadura. De este modo la estructura administrativa del Estado -civil y militar- quedo intacta, manteniéndose lo esencial para continuar su dominación bajo otra forma.
A cambio de las ansiadas libertades democráticas, hoy en franco retroceso, las fuerzas democráticas pactaron con el poder del franquismo. Este pervive actualmente enquistado en las estructuras del Estado y en la sociedad.
El régimen de la Transición ha desembocado finalmente en una crisis/estafa financiera, cuyo incierto desenlace amedrenta a gran parte de nuestra ciudadanía.
La intensificación de la expoliación de nuestro pueblo está siendo criminalmente impulsada mediante leyes y cambios constitucionales impuestos por las instituciones europeas. Estas instituciones -nada democráticas en su funcionamiento- hacen inviable el éxito de cualquier esfuerzo encaminado a la estabilización política y económica del Régimen vigente.
Si a esto se añade la creciente antipatía de muchas capas populares hacia la monarquía, la posible reacción del régimen de la Transición puede resultar letal para las libertades tan penosamente conquistadas.
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| La ruptura con los residuos del franquismo –incluida la monarquía- ha de ser el inicio para una salida pacífica y negociada a la grave crisis social e institucional... |
Veamos algunos ejemplos
Un militar de alta graduación, cuya vinculación al Monarca es conocida, justifica -en determinadas circunstancias- la actuación de las Fuerzas Armadas al margen del Gobierno de la Nación. Su afirmación se fundamenta –según he creído entender- en un concepto de patria muy subjetivo, según el cual la voluntad de los muertos (la tradición) debería prevalecer sobre la de los vivos (el pueblo). Sin embargo, según la Constitución vigente, los poderes del Estado emanan del pueblo español, es decir de los vivos. Pues cualquier ley, por muy antigua que sea, puede ser legalmente modificada por estos; si esa es su voluntad. Por otro lado sería imposible contrastar su opinión con la que tendrían actualmente los que ya no existen (los muertos). Ellos ya no están ni en sus cenizas, tan solo en nuestra memoria.
Este general justifica también -pública y reiteradamente- la ayuda aportada por Franco a Adolf Hitler. Enaltece así –directa o indirectamente- el régimen nazi de la Alemania de aquellos años, bajo el pretexto de un exaltado anticomunismo. Esto puede comprobarse en varios diarios digitales, incluso en un diario de rancia tradición monárquica: el ABC.
Todo lo anterior ha transcurrido dentro de la “normalidad”, sin mayores consecuencias. Sin embargo, las más elementales normas de libertad de expresión -en estratos militares subalternos- están siendo severamente violentadas.
Su Alteza Real, el capitán de fragata de la Armada Don Felipe de Borbón y Grecia, Príncipe de Asturias, y su esposa Dña. Leticia, han sido abucheados recientemente por la alta burguesía catalana. Este hecho se ha producido en el Liceu de Barcelona. Mientras S.A.R. se disponía ese día a disfrutar junto a su consorte de una ópera en el Liceu, más del 50 % de la juventud continúa en situación de paro.
La forma prepotente de tratar públicamente a una educada joven republicana, no hace tanto tiempo, constituye un precedente que agrava, si cabe, el sentido de este abucheo. El resultado de estos incidentes sobre la valoración de la monarquía –incluidos otros más o menos escabrosos- resulta devastador.
Por si todo esto no bastase, desde algunas altas instituciones del Estado, incluida La Casa Real, y desde algunos altos cargos del Gobierno y de la Administración, se defiende a capa y espada una justicia muy peculiar: la que pretenden que se aplique a Su Alteza Real la Infanta Dña. Cristina de Borbón y Grecia. Dicho sea esto con el debido respeto a su presunción de inocencia. Presunción de inocencia no mayor que la de cualquier otro ciudadano.
No es sorprendente que la Justicia, e incluso la Agencia Tributaria, utilicen criterios y procedimientos sancionadores diferentes, según sea la "casta social" a la que se pertenece. La exclamación -que ya ha quedado para la historia del oprobio- de un ex presidente balear ¡Era el duque de Palma! muestra de forma descarnada esta injusta sociedad de clases. Es un sistema lleno de desprecio -en sus hechos- hacia las capas populares. También servilismo de políticos y altos funcionarios. Prepotentes con el pueblo, aduladores con el poderoso.
Para mayor indignación, esa justicia tan peculiar procesa al juez Garzón -que persiguió implacablemente los crímenes de ETA- no permitiéndole sin embargo investigar los crímenes del franquismo.
Crímenes de ETA investigados, juzgados y condenados en su mayoría, pero no más horrendos ni de mayor trascendencia que los perpetrados por la dictadura. Víctimas del franquismo que siguen reclamando verdad, justicia y reparación. Dicho sea esto sin menoscabo del respeto debido a las víctimas del terrorismo etarra. Respeto que también ha de exigirse –como es de justicia- para las víctimas de la represión franquista y de la llamada “guerra sucia”. También a las víctimas del 11M –el mayor atentado terrorista de nuestra historia- que como todo el mundo sabe fue un “daño colateral” debido a la implicación ilegal del Gobierno de turno en la guerra de Irak.
Todas las víctimas son dignas de compasión y deben ser atendidas.. Todas tienen además algo que enseñarnos. Estos horrores, que hieren la conciencia de la humanidad, deben ser juzgados y condenados. El perdón es posible, pero no se puede decretar el perdón –la auténtica amnistía- sin el previo reconocimiento de los crímenes. No se puede asentar una democracia decente sobre cientos de miles de cadáveres.
Finalmente el juez Garzón ha sido expulsado de la carrera judicial. No se le ha tolerado el inicio de una investigación judicial sobre una gigantesca trama de corrupción, conocida como el caso Gurtel.
Esto ha constituido, una vez más, un gran escándalo internacional. Prueba del rechazo y denuncia del origen franquista de estos hechos, es el apoyo público al juez Garzón de un político conservador y ex-primer ministro del Gobierno de la República Francesa: el Sr. Dominique de Villepin.
Ni las amenazas armadas de los residuos franquistas, que coexisten con la monarquía -como es notorio-, ni la ofuscación residual de la organización armada ETA, facilitan la evolución de nuestra democracia hacia mayores cotas de justicia y libertad. Ambas aberraciones históricas deben desaparecer urgentemente de la escena pública, de nuestras vidas. Su persistencia ahonda la gravedad de la situación y dificulta la salida de la crisis, aumentando si cabe el sufrimiento.
También ha de ser firmemente rechazada la llamada doctrina de la "guerra sucia", pues si es posible el asesinato "paralegal", violando gravemente la ley ¿Quién pondría coto a esos desmanes? ¿Estaría todo permitido? ¿Quién decidiría hasta donde debería llegar el horror? ¿Habría de quedar la justicia al margen? Sin juicio ¿quién garantizaría que esos asesinatos "paralegales" no fuesen un simple ajuste de cuentas mafioso, o una caza de brujas? ¿Qué seguridad jurídica ampararía a los inocentes para no ser secuestrados, torturados y asesinados? ¿Qué legitimidad tendrían en adelante las leyes dictadas por ese régimen?..
Veamos ahora, muy resumidamente, cual es la situación del pueblo, del que según la Constitución emanan los poderes del Estado.
El sistema público está sufriendo un deterioro creciente. El paro y la exclusión social se extienden por doquier. Los criminales desahucios empujan a la desesperación a miles de familias. La sanidad pública parcialmente desmantelada. La enseñanza atropellada. En un país con 3.8 millones de personas discapacitadas, las ayudas a la dependencia recortadas. El 20% de los niños españoles en situación de pobreza, condenado al desamparo. Padres que roban, o merodean por los contenedores de basura, para dar de comer a sus hijos. El 25 % de los niños menores de 16 años desnutridos. Las pensiones de nuestros mayores, que son en muchos casos el sustento de muchas familias en paro, recortadas. Las futuras pensiones degradadas. El futuro de nuestro país: la juventud -una juventud sin futuro- arrojada al paro o a la emigración por este régimen indecente.
Se transfieren ingentes recursos públicos -con el dinero de todos- a la gran banca. Se “indemniza” a altos ejecutivos de esos mismos bancos. Se extiende la corrupción política en un escándalo sin precedentes, que alcanza presuntamente a la Familia Real. Políticos reciben presuntamente abultados sobres en complicidad con redes de corrupción. El clima de desconcierto y alarma social se propaga velozmente como voraz incendio.
Es aterrador el balance de este naufragio político y social.
Por todo ello hay que poner coto urgentemente a la angustia de tanta gente ante un mañana incierto. Al dolor y el sufrimiento de tantas familias trabajadoras, que constituyen la inmensa mayoría del pueblo español.
Sostengo que -ante esta gravísima crisis provocada por la codicia de políticos y banqueros-nuestros valores democráticos han de concretarse, urgentemente, en la defensa activa de los derechos del pueblo trabajador. Derechos que están siendo injustamente lesionados.
La ruptura efectiva con los residuos del franquismo -incluida la monarquía- ha de ser el punto de partida para alcanzar una salida pacífica y negociada a la grave crisis social e institucional.
Por lo tanto, hagamos el balance del desastre y exijamos un pacto entre todas las fuerzas democráticas. Sin exclusiones. Un pacto social que posibilite un proceso auténticamente constituyente. De nueva planta, pues las vigas maestras del régimen de la Transición están podridas. Irreversiblemente dañadas, por la terrible corrupción que ha estallado en las entrañas políticas y financieras del régimen. También por la acción persistente de la carcoma franquista, cuyo hedor empieza a ser insoportable.
Ese pacto no puede ser otro que el de allanar el camino para un proceso que abra las puertas a la III República. Quizá mediante un referéndum. Una república que encarne los valores democráticos de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Es decir del pueblo trabajador. Y participen en su construcción –de forma pactada y fraterna- las naciones históricas y pueblos de nuestra vieja y querida patria.
Las mentiras y pretextos, de este régimen bipartidista de la alternancia, ya no dan una respuesta satisfactoria a los graves problemas a los que nos enfrentamos.
Los medios de persuasión y de control social del régimen –como en una pesadilla orwelliana- han llegado a un máximo de paroxismo, entrando en conflicto frontal con la realidad. El rechazo mayoritario de la monarquía por parte de la juventud es ya un hecho irreversible.
Las masas han desbordado los estrechos cauces del régimen, surgidas de un movimiento social sin precedentes, y avanzan “por las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor”.
Ellas están haciendo visibles nuestros anhelos.
Manuel Ruiz Robles. Capitán de Navío de la Armada Retirado. Ingeniero de l'Ecole Supériure d'Electricité (Supélec). DEA Physique de l'Energie de l'Université de Paris. Licenciado en Ciencias por la UAM. Membre bienfaiteur de l'ACER (Amigos de los Combatientes en la España Republicana). Adherent du Musée de la Résistance Nationale. Fue miembro de la Unión Militar Democrática (UMD).
