Durante muchos años, hemos escuchado a nuestros políticos hablar sobre lo modélica que fue la Transición de la dictadura a la democracia. Hoy en día, prácticamente nadie se cree ese cuento falaz y la mayoría de las personas son conscientes de que la Transición dio continuidad al franquismo. En primer lugar, porque no hubo una ruptura con el régimen anterior y en segundo lugar, porque los poderes fácticos que incitaron el golpe de Estado contra la República y ganaron la posterior guerra civil, permanecieron y permanecen hoy en el poder.
El franquismo no murió tras la muerte del dictador Franco. Los partidarios de la continuidad del régimen franquista y quienes lo apoyaron de una forma directa o implícita, iniciaron conversaciones con las fuerzas de oposición antifranquistas, para construir un nuevo modelo de Estado basado en imposiciones.
Fruto de estos acuerdos, los franquistas -incluida la iglesia católica-, garantizaban, consolidaban e incrementaban sus privilegios socioeconómicos conseguidos durante la dictadura. De la misma forma lograron inmunidad, para que no se les juzgara por los crímenes cometidos durante el golpe militar fascista de 1936 y la posterior dictadura. Todo ello, gracias a la aprobación de la Ley de Amnistía de 1977. Así mismo, entronaban a Juan Carlos como rey de España, siguiendo las indicaciones que dio el dictador Franco tras su muerte.
Por su parte, las fuerzas antifranquistas renunciaban la República y aceptaban la monarquía a cambio de una democracia imperfecta y un nuevo sistema de libertades; la legalización de partidos y sindicatos; la amnistía a los presos políticos y el regreso de los exiliados. El PSOE liderado por Felipe González, tuvo que renunciar a la ideología marxista y adaptar su ideología a la socialdemocracia. El PCE liderado por Carrillo, a cambio de su legalización, renunciaba a la restitución de la República, aceptando al rey y la bandera rojigualda. Respecto a los partidos republicanos, se les negó la participación en política y el Gobierno de la República en el exilio, representado por José Maldonado y que fue obligado disolverse por falta de apoyos.
En este sentido, la monarquía sería concebida bajo un régimen a todas luces ilegal y golpista. Posteriormente, se asentaría tras la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, ya que el régimen monárquico utilizaría esta infame agresión, para ensalzar la figura del rey. Sobre este siniestro tema hay tantos interrogantes e incógnitas, que algunas personas como Antonio GarcíaTrevijano y altos mandos del ejército como el Coronel Amadeo Martínez Inglés, implican directamente al monarca como organizador del golpe.
De aquellos lodos, tenemos estos barros que todos conocemos: una Jefatura de Estado impuesta y hereditaria. Una Constitución que es papel mojado, porque vulnera la democracia y beneficia los intereses de los mercados. Una Ley Electoral que no es igualitaria y favorece el bipartidismo. Un pueblo que no tiene soberanía, ni poder popular para realizar iniciativas legislativas populares o referéndums vinculantes, sin que estos tengan que pasar la censura del Congreso o el Senado.
En España se sigue honrando y cultivando la memoria de los asesinos golpistas, quienes todavía conservan honores y privilegios: títulos honoríficos, estatuas, calles, avenidas y plazas dedicadas a preservar su memoria fascista... Incluso el dictador Franco y el falangista Jose Antonio, incomprensiblemente permanecen en el valle de los caídos junto a personas honradas que defendieron la República y fueron asesinadas por estos verdugos del holocausto franquista. Por no hablar de los más de 140.000 republicanos y republicanas asesinados y que aún hoy permanecen enterrados en fosas comunes, esperando a que se les haga justicia y se persiga a los responsables de aquel genocidio. También recordar, los más de 30.000 casos de bebes robados por el franquismo, que siguen sin resolverse.
A estas vicisitudes que nos avergüenzan como personas, hay que sumarle que en España todavía no se ha ilegalizado, ni juzgado el franquismo. Esto obedece a tres causas: la primera, como consecuencia de la indiferencia y la pasividad política, de quienes tuvieron la oportunidad y la obligación moral de hacerlo cuando gobernaban y miraron para otro lado. La segunda, porque ilegalizar el franquismo y juzgar la dictadura, pondría a la monarquía en un situación por lo menos comprometida. La tercera, es porque los poderes políticos, que representan a quienes ganaron guerra se niegan a condenar el franquismo e impiden cualquier posibilidad de hacer justicia.
Además de todo esto, tenemos un gobierno de derechas de origen franquista (ver artículo de Eco Republicano), que engaño a sus votantes con un programa electoral fraudulento, que se ha financiado ilegalmente desde hace más de 20 años y que ha aprovechado el poder político, para retroceder -en dos años de gobierno- la mayoría de nuestros derechos consolidados; postergado el llamado estado de bienestar a tiempos que la mayoría de ciudadanos desconocíamos o no hemos vivido. En definitiva, tenemos una democracia imperfecta que irradia y apesta franquismo por todas partes.
Luis Egea
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