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sábado, 27 de septiembre de 2014

LAS FUERZAS ARMADAS CON EL PUEBLO

Soy miembro del Colectivo de militares españoles ANEMOI. Mi graduación es Capitán de Navío de la Marina Española en situación de retirado, anteriormente fui miembro de la Unión Militar Democrática (UMD), disuelta voluntariamente tras las primeras elecciones generales en España el 15 de junio de 1977. Nuestro portavoz en el exilio en París fue el Capitán de Aviación, piloto de reactores, José Ignacio Domínguez, hoy Teniente Coronel de Aviación en la Reserva...




José Ignacio fue condenado a siete años de prisión, con las accesorias de separación del servicio y suspensión de todo cargo público, profesión, oficio y derecho de sufragio durante este tiempo de condena. Lo fue en un indigno Consejo de Guerra, el 27 de diciembre de 1977, bajo el reinado de Juan Carlos I. Su delito: haber defendido las libertades democráticas y los derechos sociales recogidos en la Constitución, hoy burlados criminalmente bajo el ilegítimo reinado de Felipe VI. Reinado impuesto, sin el menor respeto por la soberanía popular, en esta segunda restauración borbónica española.

Anteriormente, otros valerosos compañeros de la UMD habían sido brutalmente detenidos en sus domicilios en plena madrugada -aún en vida del dictador, el asesino Francisco Franco, promotor de la segunda restauración borbónica- jugados en Consejo de Guerra, condenados a largos años de prisión y expulsados del Ejército. Entre ellos el Comandante Luis Otero, fundador de la Unión Militar Democrática, hoy Coronel retirado y Presidente del Foro Milicia y Democracia.

La falsa Ley de Amnistía, en realidad una "ley de punto final", ocultó los crímenes del franquismo y dejó expresamente fuera de ella a los compañeros demócratas condenados y expulsados. Aquella decisión "militar" es una prueba más del carácter ilegítimo del régimen borbónico, que sigue ignorando a las víctimas del franquismo y ha expulsado injustamente de la carrera judicial al Juez Garzón. Juez que ha intentado valerosamente investigar las atrocidades de la dictadura.

La presentación del Colectivo Anemoi en esta Fête de l'Humanité del año 2014, cuya acogida fraternal agradecemos vivamente, es para nosotros un hito más para dar a conocer nuestra lucha pacífica por unas Fuerzas Armadas respetuosas con la soberanía popular.

Daré lectura de nuestro comunicado número 12, emitido el 25 de Agosto de este año, que fue leído públicamente en los actos del 70 aniversario de la liberación de Paris por el muy digno y heroico excombatiente republicano Daniel Serrano, cuyo lema hacemos nuestro; "ne pas s'avouer vencu" (no darse por vencido).

También daré lectura a algunos párrafos de nuestro Manifiesto, presentado en un acto público en el Club de Amigos de la UNESCO en Madrid el 23 de enero del presente año. En él se pone de relieve nuestra inquebrantable actitud democrática al servicio del pueblo y las motivaciones que nos impulsan a expresar públicamente nuestros ideales. Por ultimo responderé a todas las peticiones de aclaración que desee realizar el público asistente.

Procedo, pues, a dar lectura de nuestro comunicado número 12.

El Colectivo de militares españoles ANEMOI, fiel a la memoria de las mujeres y hombres que lucharon por la libertad, la democracia y la justicia social, rechaza el régimen borbónico del 78 -vigente en España e impuesto bajo extorsión militar- y propugna la unidad popular por un proceso constituyente en libertad.

En el 70 aniversario de la liberación de París nos honra enviar nuestro saludo fraternal al pueblo francés, a sus autoridades, y muy especialmente al pueblo de París junto a su alcaldesa Anne Hidalgo y su equipo de gobierno.

El 25 de agosto, 70 aniversario de la liberación de la capital, deseamos fervientemente que las autoridades francesas graben de forma indeleble en su callejero la memoria de los republicanos españoles que, junto a sus compañeros franceses, supieron morir para que Francia viviese. Sería sin duda un gesto decisivo del presidente Hollande que hermanaría una vez más a nuestros pueblos. Aquella lucha ejemplar contra la barbarie fascista es la que desde el fondo de nuestros corazones honramos todos los demócratas españoles.

¡No pasarán!

A continuación procedo a la lectura de algunos párrafos de nuestro Manifiesto: Las Fuerzas Armadas con el pueblo.

Un grupo de profesionales de las Fuerzas Armadas, preocupados por la deriva de la situación política y social en España en el contexto de la crisis global actual y estimulados por la creciente ola de protestas sociales, hemos decidido participar en el debate público. Queremos aportar nuestros conocimientos del medio militar para poner de relieve las amenazas y las limitaciones que el actual modelo de fuerzas armadas representan para los cambios necesarios.

En la actual situación de crisis, la soberanía popular está secuestrada por los grandes poderes económicos y financieros, nacionales y transnacionales. El pacto social establecido con la Constitución de 1978 ha perdido toda su validez. El estado de la Transición, lastrado en sus orígenes por la inclusión de los poderes económicos del franquismo, se ha convertido finalmente en un auténtico Régimen oligárquico en el que la “democracia” no es más que una declaración formal vacía de contenido.

La respuesta popular contra la crisis y, fundamentalmente, contra las terribles consecuencias de la misma, ha avanzado desde la perplejidad y el miedo, hasta la resistencia activa, pasando por las protestas masivas en la calle, la ocupación de las plazas públicas y el intento de bloquear y denunciar en sus propias sedes a los distintos poderes públicos.

La represión del estado de la Transición ha desarrollado métodos de control masivo de la población. Las detenciones arbitrarias, los cacheos y fichajes de los ciudadanos en manifestaciones y asambleas, y las amenazas a los dirigentes que alientan las movilizaciones, predicen la preparación de mecanismos de represión masivos si el movimiento popular sigue avanzando en organización, movilización y determinación en las protestas.

Las anunciadas reformas del Código Penal, de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la Ley de Seguridad Privada, así como las que se avecinan sobre la Ley de Huelga y el Código Penal Militar, constituyen todo un repertorio de instrumentos represivos que vacían de contenido los derechos y libertades proclamados solemnemente en la Constitución, en lo que muchos analistas consideran un “golpe de estado” encubierto.

La clave de bóveda del Régimen de la Transición es la Monarquía y su conexión –constitucional y de fidelidad- con las Fuerzas Armadas. Su imagen de “salvadora” de la democracia tras el golpe del 23 F ha caído en el descrédito más absoluto. 

Cada vez más las movilizaciones sociales levantan la bandera de la República. Cada vez más la exigencia de un “proceso constituyente” se plantea como el inicio de la solución a los problemas de este país, que no puede provenir de los responsables del desastre.

El Régimen resistirá apoyado en los recursos institucionales y represivos de su estado. La gran pregunta de las organizaciones sociales y políticas emergentes, de los sectores en lucha, de los que pretenden un mundo nuevo, es sobre cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad ante los cambios que se avecinan.

En los últimos meses se han hecho públicas diversas manifestaciones de militares que plantean la fidelidad al Rey como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, subrayando el papel que les ha reservado la Constitución como custodios de la misma y, sobre todo, manifestando la existencia de un “patriotismo militar” que está por encima de cualquier constitución y, por supuesto, de cualquier reclamo de soberanía popular.

Se plantea pues, en primer lugar, la necesidad de neutralizar la posibilidad de intervención militar cuando la revuelta popular resulte irresistible, cuando el choque social se agudice.

.......

La obediencia de las Fuerzas Armadas al Rey debe ser definitivamente quebrada. Únicamente es aceptable que la Jefatura de las Fuerzas Armadas recaiga en quien que haya sido democráticamente elegido. La III República es, pues, inaplazable.

He finalizado mi intervención. Gracias por su atención. Será un placer responder a las preguntas que los asistentes deseen formular.

París, 13 de septiembre de 2014

Manuel Ruiz Robles es Capitán de Navío de la Armada

Visto en :

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

domingo, 1 de diciembre de 2013

LOS VIGILANTES PRIVADOS PODRAN IDENTIFICAR Y DETENER EN PLENA CALLE

La nueva Ley de Seguridad Privada que tramita el Congreso de los Diputados  permitirá a los vigilantes de seguridad privada patrullar por las calles comerciales de las ciudades, una labor que hasta ahora sólo podían ejercer los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Además de realizar labores de control en los espacios públicos, también podrán efectuar comprobaciones de identidad, registros y detenciones. Así consta en el informe de la ponencia sobre el proyecto de Ley de Seguridad Privada que acaba de aprobarse en la Cámara Baja. Si se cumplen las previsiones del Gobierno, la norma entrará en vigor en un plazo aproximado de dos meses...



La ley actual sólo permite a los vigilantes de seguridad privada actuar en el interior de instalaciones, como empresas, organismos o centros comerciales. Las vías públicas las tienen expresamente vetadas por la legislación actual, con las excepciones de los polígonos industriales y las urbanizaciones privadas. Sin embargo, la nueva ley amplía el ámbito de actuación de estos profesionales, permitiéndoles intervenir en “zonas comerciales peatonales” y en “acontecimientos deportivos, culturales o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos”.

En la práctica, el último punto ya se venía autorizando, por ejemplo, en la comprobación de accesos a conciertos al aire libre o en la vigilancia de los campos de fútbol. De hecho, en los encuentros que se disputan en el Santiago Bernabeu, por ejemplo, ya participan en su vigilancia más guardias de seguridad privada que policías nacionales. Pero la habilitación para controlar “zonas comerciales peatonales”, como la calle Preciados de Madrid o Las Ramblas de Barcelona, concede por primera vez a las empresas de vigilancia privada competencias hasta ahora reservadas en exclusiva a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Los vigilantes de seguridad ya no tendrán que limitarse a controlar el interior de edificaciones o propiedades. Podrán patrullar por las principales calles de las ciudades o en otros “espacios públicos” si así lo determinan las autoridades correspondientes.

Ampliación de facultades

El proyecto de ley también amplía considerablemente las facultades que les concede la Ley de Seguridad Privada vigente, del año 1992. El nuevo texto autoriza a los guardias de seguridad privada a realizar “comprobaciones, registros y prevenciones necesarios” para la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados. En el caso de los controles de los accesos a inmuebles, también concede a los guardias de seguridad la facultad de denegar el acceso a las personas que se nieguen a ser sometidos a un control de identidad o que no admitan un registro de su vehículo o de las mercancías que en ese momento porte.

Hay más cambios. La legislación actual atribuye a los empleados de empresas de seguridad privada el derecho a “evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección”. El nuevo texto va más allá y les permite efectuar, con el fin de evitar los delitos, “las comprobaciones necesarias para prevenirlos o impedir su consumación”. Es decir, que podrán identificar y registrar a cualquier persona que consideren sospechosa.

Averiguación de datos personales

Asimismo, mientras que la normativa actual obliga a los agentes de seguridad privada a “poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección” y les prohíbe interrogarlos, el nuevo proyecto de ley los faculta para “detener” a delincuentes vinculados con el objeto de su cometido y también los habilita para “averiguar, comprobar o anotar sus datos personales para su comunicación a las autoridades”.

La ponencia de la Comisión de Interior ya ha dado luz verde a todas estas modificaciones. Los partidos de la izquierda del arco parlamentario las han criticado duramente porque creen que el texto abre la puerta a que las empresas de vigilancia privadas comiencen a suplantar progresivamente las labores de seguridad ciudadana que la legislación encomienda únicamente a Policía Nacional y Guardia Civil.

Dos meses de plazo para su entrada en vigor

La Comisión de Interior estudiará el informe de la ponencia el próximo 10 de diciembre. Después, el proyecto de Ley de Seguridad Privada será remitido al Senado para que complete el trámite de la norma. En caso de que la Cámara Alta apruebe algún cambio, el texto deberá volver al Congreso para que sea sometido a una nueva votación. Pero si, como se espera, el Senado da el visto bueno a la redacción de la Cámara Baja, la Ley de Seguridad Privada estará publicada en el Boletín Oficial del Estado en un plazo de sólo dos meses.

elconfidencial.com