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sábado, 2 de julio de 2016

LA CAIDA DEL 73: DE LA CLANDESTINIDAD AL OLVIDO


Ocurrió en junio de 1973. Ciento sesenta militantes comunistas fueron detenidos a lo largo del mes y dieron con sus huesos en los calabozos de Villanueva y Don Benito, así como en la cárcel de Badajoz. Es “la caída del 73”, como le han llamado siempre los comunistas extremeños, la redada de opositores antifranquistas más masiva que se produce en Extremadura desde la represión de la postguerra y seguramente una de las mayores en toda España. Y, sin embargo, ¿cuántos extremeños conocen estos hechos, cuántos sabrían decir uno solo de los nombres de aquellos luchadores por la libertad?..


lunes, 22 de diciembre de 2014

ESPAÑA ES EL PAÍS MAS PALETO DE INTERNET, LO EXPLICA EL FUNDADOR DE MENÉAME

Hablamos con Ricardo Galli, fundador de Menéame, sobre el cierre de Google News España. Desde hoy, España es el único país del mundo sin Google News. Con casi 400.000 usuarios únicos al mes en nuestro país, Google ha decidido clausurar este servicio como respuesta a la Ley de Propiedad Intelectual que entrará en vigor el 1 de enero de 2015...



En concreto, el gigante de internet rechaza el artículo 32.2 de la norma: este se refiere a la llamada "tasa Google", que pretende cobrar cada vez que la plataforma, pero también el resto de medios, agregadores y blogs personales enlacen a un medio de comunicación español.

Para muchos, esta nueva normativa, impulsada entre otros por la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y por el ministro José Ignacio Wert, pretende matar internet. Hablamos con Ricardo Galli, fundador del agregador Menéame, sobre los peligros que esta medida puede suponer para la plataforma, pero también sobre la ideología y los intereses que se esconden tras ella.

¿Es España el país más paleto del mundo en materia de internet?
Lo has definido perfectamente.  

Se dice que la llamada "tasa Google" o "canon de AEDE" ignora el funcionamiento de la red. ¿Por qué?
Por dos motivos fundamentales: uno de ellos es que elimina el derecho a cita si pones un enlace.

O sea, si citas y no enlazas, ¿no pagas?
Exacto. Aparte de ir en contra de los propios intereses de los medios que la han promovido, choca de frente con un derecho fundamental. El derecho a cita forma parte del Convenio de Berna, que firmaron todos los países europeos. El artículo 10.1, el único obligatorio, limita los derechos del autor para que otras personas puedan citar su trabajo. Este derecho existe desde hace unos 300 años, y hay un motivo: imagina que le dices a un periódico que no puede reproducir las palabras de nadie, ni la obra de nadie, sino que tiene que elaborar su propio contenido todo el tiempo.

¿Y el otro motivo?
El enlace. No hay nada más honesto que citar y poner un enlace a la fuente. El link es la base del funcionamiento de internet: los buscadores, agregadores, redes sociales… no sólo es natural sino que beneficia al autor de los contenidos, e indirectamente a los intermediarios. Los medios AEDE tampoco han entendido una idea básica de economía.

¿Cuál?
Si alguien es parásito tuyo y desaparece, te beneficia. Han tratado a Google News como un parásito, ahora cierra y todos pretenden que vuelva. Después de todo, parece que no era un parásito y que ellos tienen intereses ocultos. No han sido nada agradecidos, sólo codiciosos.

El cierre de Google News afectará a quienes lo han promovido con un declive del tráfico en su web, pero sobre todo a los medios pequeños y agregadores como Menéame.
En España hace meses que no tiene sentido desarrollar nada que tenga que ver con noticias, ya sean webs o aplicaciones. Imagina que Pocket fuera una empresa española, tendría que cerrar.

Sabemos que Google News, que no tiene publicidad, es una porción diminuta del negocio de Google. ¿Es que aquí no gana nadie?
No. Es imposible que un medio AEDE genere beneficios impidiendo la actividad de apps o webs. Esta medida perjudica la aparición de nuevos medios, aunque las noticias más relevantes seguirán apareciendo en el buscador. Aquí Google se guarda un as en la manga: imagínate qué pasaría si decide eliminar esos medios también en su buscador general, eliminando la caja que agrupa links de noticias en el buscador. Ahí esos medios van a notar la caída de tráfico.

¿Qué pierde el ciudadano con esta ley?
Sobre todo afecta a la diversidad y pluralidad de noticias: el internauta español ya no tendrá tanta facilidad de acceso a las noticias que agrupaba Google News por tema. Eso hoy ya se ha perdido.

¿Y el usuario?
No creo que afecte a los blogs personales. Es impracticable que CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) se ponga a buscar los blogs que enlazan. Sí puede tener efectos colaterales en las redes sociales como Facebook.

¿Por qué?
Si CEDRO nos pide dinero, iremos a juicio y preguntaremos por qué a nosotros sí y a Facebook no, ya que utilizan el mismo mecanismo que nosotros. Estamos dispuestos a llegar a Estrasburgo: aquí hay un ataque a la libre competencia y se está beneficiando a empresas extranjeras.

Todo este asunto parece una rabieta de los medios tradicionales españoles, que no han sabido hacer la transición digital. ¿No es muy ridículo?
La analogía perfecta es la siguiente: los medios AEDE son dueños de un hotel que quieren cobrar un canon a los taxistas que les llevan clientes. No tiene sentido, es una medida ilógica y desinformada: ¿De verdad creían que Google iba a pagar sentando un precedente en todo el mundo? Tampoco se han preocupado por cómo afecta a otras empresas españolas. Es muy muy paleto.

¿Estamos ante un apagón informativo?
No es apagón porque los medios siguen publicando. A largo plazo sí ataca la pluralidad y diversidad informativa, incluso contra el debate público de las noticias. Es absurdo que El País haya creado un sitio como Verne, que se nutre de cosas que aparecen en la red. No solo cita mucho, sino que modifica la obra de un autor para generar un contenido distinto. Eso está bien, es lo que hacemos todos. Pero Verne tendría que pagar aún más, pedir permiso al autor para hacer contenidos derivados a partir de un original. No solo lo practican sino que lo penalizan tratando de parásitos a los demás.

¿Por qué El País ha apoyado una ley así?
Google es la obsesión de los grandes medios. Querían hacer pagar como fuera porque no paga impuestos en España. Pero este es un problema de ámbito fiscal europeo, no de internet. Quieren que la gente vea que ellos se enfrentan a un gigante, pero ya ha quedado demostrado que esta estrategia no les va a salvar el negocio.

Enrique Dans declaró a Vice que los medios AEDE han vendido su independencia al gobierno por un plato de lentejas. ¿Qué opinas?
Los medios se venden como controladores del poder, la policía de la democracia. Para ello, el primer paso es ser independiente del poder. El lobby AEDE ha sido aceptado por el Gobierno, no pueden prescindir de él para poder sobrevivir. No sabemos qué ha cedido el Gobierno y qué ha requerido a cambio, pero algo seguro. Los medios que dicen controlar al poder se han aliado con el mismo para quitar derechos a terceros.

El canon AEDE también es dictatorial: es obligatorio para todos los medios y no permite a nadie ser copyleft o funcionar con otro tipo de licencias, como Creative Commons.
El canon invalida estas licencias, que son legales, para el uso de noticias de actualidad. También elimina la posibilidad de contratos y acuerdos empresariales: Menéame no puede acordar con un medio republicar sus contenidos. Nos quita esa libertad y es aberrante.

¿Cómo son las batallas de Google en Francia y Alemania?
En Francia, Google puso unos 60 millones de euros para promocionar las nuevas tecnologías en los medios; éstos, por su parte, pondrán otros 40 millones. Eso es un fondo de formación e investigación, el error es que se ha vendido en Europa como que en Francia Google sí que paga.

En Alemania pusieron una ley similar a la de aquí pero no era irrenunciable: los medios podían negociar con Google News y si no había acuerdo, salir del agregador. Lo que ha pasado es que todos los medios que se fueron han pedido volver, aunque a regañadientes: para ellos eso demuestra que Google tiene un monopolio y que tendría que pagar más. Los medios utilizan siempre los mismos argumentos y siempre fallan. Se habla de la miopía de los medios AEDE, pero también de megalomanía. Estos medios creen que son los más importantes para la cultura y la democracia, que todo gira a su alrededor. Son unos ignorantes codiciosos.

¿Los medios tradicionales quieren recuperar una cuota de poder perdida?
El negocio periodístico en España ha vivido en una burbuja durante los ochenta y noventa. En algunos medios, el salario era superior a los 90.000 euros anuales, los directivos cobraban y siguen cobrando millones al año, con contratos blindados e indemnizaciones millonarias. Tiraban miles de millones en plataformas de fútbol, regalaban cacerolas y vivían de mucha publicidad institucional cara que significaba más de la mitad de sus ingresos. Estaban muy cómodos, hasta que la evolución de internet ha pinchado su negocio. Tienen una crisis bestial y ¿qué se les ocurre? Culpar a los demás.

¿Se resisten a aceptar el funcionamiento de la sociedad red?
Les hemos quitado el protagonismo. Lo que antes llamábamos opinión pública era la opinión de los grandes medios, y les hemos quitado esa fuerza. Esta medida, en tanto que debilita la pluralidad, podría beneficiarles. Hay gente que opina que todo esto es una estrategia para que vuelvan a tener el control informativo, yo creo que eso es imposible.

¿En qué punto está ahora Menéame?
Aún no sabemos si la ley nos afecta. Si hubiéramos podido leer el reglamento habríamos tomado ya la decisión de quedarnos o irnos a otro país. Pero no se publicará antes de que entre en vigor la ley, así que estamos completamente perdidos y bajo una inseguridad jurídica. El Ministerio sacó una nota de prensa diciendo que no afecta a las redes sociales, pero estas no tienen una definición jurídica. No sabemos si se refiere a los sitios donde son los usuarios quienes ponen el contenido, como sería nuestro caso. Luego Wert dijo que sí afectaba a redes sociales con fines de lucro. Total, un caos.

Ha habido mucha alarma con que íbamos a desaparecer y ya hemos recibido mucha ayuda, propuestas para instalar Menéame en otros países, con facilidades para crear la empresa, incluso nos regalan centros de datos. Existe el riesgo, pero las probabilidades de que desaparezcamos son mínimas.

Puede que se trate de una ley ignorante y paleta, o puede que se trate de un movimiento contra las libertades. El mismo día que se aprobó el canon, se aprobó la "Ley Mordaza". ¿Censura en internet y también en la calle? ¿Hay relación?

Sí. Tanto el PP como el PSOE o CiU tienen una ideología fundamentada en recortar derechos en internet. Desde los años noventa, ha sido una constante por parte de los partidos principales: si surge un problema, hay que recortar y censurar. Nada de debate.

¿Qué partidos son aliados contra el canon AEDE y la Ley Mordaza?
Desde la Coalición Pro Internet nos hemos puesto en contacto con todos los partidos pero no hemos conseguido un apoyo claro de ninguno. Hace mes y pico Podemos no tenía conocimiento de la ley, pero prometieron llevarlo al Parlamento. UpYD también lo llevó y parece que habrá trámites parlamentarios en Europa. ¿Por qué partidos que defienden la economía de mercado defienden medidas como esta?

¿Crees que el PP es un partido liberal o neoliberal? 
Qué va: es un partido de derechas, conservador, católico. En España no tenemos ningún partido liberal importante. Algunos medios AEDE también se autodenominan como liberales y no lo son. Han pedido una ley para reclamar dinero a otros.

¿Qué les dirías a los directores de los medios AEDE para que entendieran que enlazarles no es copiarles y que se están equivocando?
Pondría el ejemplo de Menéame. Cada vez que sus medios se enlazan, Menéame les genera muchas visitas. Obtienen 20 veces más dinero por una visita que nosotros, y es un cálculo muy conservador. Les beneficia más a ellos que a nosotros, y me parece bien, ya que ellos ponen el contenido y nosotros somos intermediarios. Nuestros titulares son links que llevan al lector fuera de Menéame. No tiene sentido: ponen botoncitos para compartir en Menéame y ahora nos tratan de parásitos.

¿Se puede controlar internet?
Ni siquiera se puede hablar de poner puertas al campo. No pueden restringir la actividad en la red. Sólo se han disparado en el pie, no tienen futuro.

miércoles, 17 de diciembre de 2014

AYER FUERON LOS ANARQUISTAS : MAÑANA PUEDE SER USTED

Ayer nos despertábamos con la noticia de una nueva operación antiterrorista. Los Mossos d´Esquadra detenían a más de 10 personas en Cataluña y en Madrid otra persona corría la misma suerte a manos de la Guardia Civil. En el dispositivo, los diferentes cuerpos de seguridad del Estado han entrado en catorce inmuebles entre viviendas, centros sociales y ateneos -incluyendo el domicilio de dos jubilados en Barcelona, que los propios Mossos calificaron como “error involuntario”.

A las personas detenidas se les atribuyen “delitos de pertenencia a una organización criminal”, aunque no nos dicen a cuál, y añaden “con finalidad terrorista de carácter anarquista” por si nos quedaban dudas de lo malvadas que son. En los registros policiales, que se realizaron destrozando mobiliario urbano, se incautó peligroso material anarquista como ordenadores, teléfonos móviles y libretas… ¡Quién sabe lo que tendrían pensado hacer con esas libretas!



Alguien con un poco de mala fe podría pensar que toda esta operación sólo persigue la creación de una amenaza artificial, en este caso los anarquistas. O que pretende criminalizar los espacios autogestionados, okupados o no, que se convierten en lugares de encuentro, debate político y creación cultural en nuestras ciudades. O incluso que el objetivo era el de ocultar que el ya ex-molt honorable Pujol y su Clan han sido llamados a declarar en calidad de imputados.

Pero nada más lejos de la realidad. Sin duda, se trata de una actuación ante un problema que atemoriza a la población, como bien demuestra la primera posición que ocupa el “terrorismo anarquista” en el último barómetro del CIS. Además, esta operación se lleva a cabo siguiendo la senda de la Ley Mordaza, cuya reciente aprobación ha suscitado un enfervorecido apoyo en las redes, en las calles y en el mismo Parlamento. Este tipo de actuaciones, junto a declaraciones que aseguran que “la crisis ya es historia”, reflejan la sintonía de este Gobierno con las preocupaciones y las demandas ciudadanas.

Nada indica que el Gobierno tenga la intención de desviar la atención sobre los múltiples casos de corrupción que le rodean o de reducir a una cuestión de orden público la oposición a sus planes de austeridad y recortes. Día tras día, miembros del Ejecutivo nos muestran su sensibilidad ante los sufrimientos de la población, y el nombramiento como portavoz de Rafael Hernando, hombre tranquilo, amante de la pluralidad y respetuoso, así lo confirma.

Así que tenga cuidado. Si considera que la corrupción, los desahucios, el paro juvenil, la precariedad generalizada o la creciente pobreza son asuntos que requieren de todos los esfuerzos de las administraciones para atajarlos, míreselo bien, puede que usted también sea un peligroso anarquista.

Sí, sí, usted. No se extrañe. Ayer fueron los temibles anarquistas pero antes fueron los perroflautas de las plazas, los terroristas de la PAH, los adolescentes que reclamaban calefacción en sus institutos, la cúpula de Anonymous o la de Contrapoder, quienes defendieron un transporte público accesible y de calidad, quienes ejercían su derecho a la huelga o las mujeres que se negaban a no decidir sobre su cuerpo y su sexualidad. Y mañana puede ser cualquiera.

Bueno, cualquiera no. Si usted tiene cuentas en Suiza o Andorra, se ha beneficiado de algún pelotazo inmobiliario o concesión pública o forma parte de ese poder político que no se presenta a las elecciones, es poco probable que entren a las 6 de la madrugada en su casa acusándole de nada. Pero si no es de esa minoría, no lo olvide, cualquier día puede ser el enemigo.

Autor: Pablo Padilla es miembro de Juventud SIN Futuro y de la Oficina Precaria.

domingo, 4 de mayo de 2014

EL DERECHO A PROTESTAR PELIGRA EN ESPAÑA, ALERTA AMNISTÍA INTERNACIONAL

El inicio de la crisis en España en 2008 trajo consigo la imposición de medidas de austeridad que desembocaron en una oleada de protestas. La respuesta del Gobierno a las protestas ha sido, en gran parte, represiva: abuso de las sanciones administrativas impuestas a los manifestantes y uso excesivo de la fuerza que la policía ha empleado contra ellos.

De ese modo, el Estado español en vez de cumplir con las obligaciones contraídas en tratados internacionales y salvaguardar el derecho a la libertad de reunión, expresión y asociación, ha optado por presentar propuestas legislativas que ampliarían el ámbito para sancionar a quienes organizan manifestaciones y participan en ellas...




Manuel Bustamante, de 20 años, recibió un fuerte golpe en la cabeza durante las cargas policiales del 25 de septiembre de 2012 en Madrid. “Cuando caí varios agentes me patearon por todo el cuerpo. Me cubrí la cabeza y les pedí que parasen”. En la comisaria de Moratalaz comenzó a sentirse mareado y con náuseas. Lejos de ofrecerle asistencia médica, los agentes le increparon por sus quejas, no permitiéndole ni tan siquiera ir al baño. No recuerda el momento en el que perdió el conocimiento, solo que al despertar se encontraba en el hospital Gregorio Marañón. El médico le diagnosticó traumatismo cráneo-encefálico. Manuel está acusado de cargos penales por agresión a un agente y alteración del orden. Su causa aún sigue pendiente.

María (nombre ficticio), estudiante de 21 años, iba con unos amigos a coger su coche para volver a casa tras su participación en la “Marcha Ciudadana” del 23 de febrero de 2013 en Madrid, cuando se encontraron con gente que corría huyendo de las cargas policiales. Se asustaron y echaron a correr. “Un antidisturbio me acorraló contra la puerta del restaurante y me presionó el cuello contra su brazo mientras me gritaba: asquerosa, que te he visto tirar piedras, a pocos centímetros de mi cara”. En Moratalaz permaneció un largo rato de pie frente a una pared. “Ya no podía ver, hice un esfuerzo, me di la vuelta, apoyé la cabeza en la pared, miré al policía y le dije: me voy a caer, a lo que me contestó: ¿qué quieres? ¿agua o sexo?”.

Foto: Javier Bauluz

El uso abusivo de la fuerza que ejerce la policía al practicar las detenciones y el trato violento y humillante recibido por parte de algunos manifestantes bajo custodia policial es muy preocupante, al igual que la falta de investigación exhaustiva e imparcial sobre los hechos.

En 2013, el Gobierno inició un procedimiento para reformar el Código Penal e introducir un anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana. Ambos textos afectan directamente al derecho de reunión pacífica en España.

Aunque el Gobierno justifica la reforma del Código Penal por “la necesidad de fortalecer la confianza en la administración de justicia”, este proyecto de ley no ha analizado adecuadamente el impacto sobre el sistema penal o penitenciario que pueden tener algunas de sus disposiciones, ni se justifica desde un punto de vista de necesitad pública. En una encuesta realizada en octubre de 2013 por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), órgano vinculado al Ministerio de la Presidencia, solo el 0,2 % de la población española expresó preocupación por el mantenimiento del orden público en España. Sin embargo, varias de las modificaciones propuestas tendrán como efecto ampliar el abanico de conductas punibles en el contexto de manifestaciones, incrementando la severidad de las penas que pueden imponerse y reduciendo las garantías procesales a disposición de los acusados.

La modificación de los artículos relativos a los delitos de atentado a la autoridad y desorden público en la reforma del Código Penal tipifican como una forma de desorden público ocupar instalaciones o establecimientos alterando su actividad normal, aunque no se produzcan actos de violencia. La nueva reforma considera además, que la resistencia pasiva a la autoridad pueda ser castigada de igual manera que una agresión y los desórdenes públicos tendrán penas más graves, de entre 1 y 6 años de prisión, si se producen en el contexto de manifestaciones y reuniones numerosas sin justificación alguna.

Asimismo, con esta reforma se crean nuevos delitos como el de difusión de mensajes o consignas, que pueden resultar de tal ambigüedad que se corre el riesgo de que la difusión de cualquier opinión o crítica se pueda convertir en un comportamiento punible, tal y como ya alertó el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

Foto: Javier Bauluz

Actualmente si en un acto público se produce una alteración leve del orden es considerado como falta, al igual que la falta de respeto a la autoridad o la desobediencia civil. El proyecto de ley elimina estas faltas del Código Penal y pretende transferirlas al anteproyecto de Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Este traspaso significa que estarían sujetas a sanciones más severas. Además, en los procedimientos de la Ley de Seguridad Ciudadana se presume la veracidad de la declaración policial y corresponde a la persona que se enfrenta a la multa rebatirla.

Las reuniones o manifestaciones que no se hayan notificado y se celebren en “infraestructuras críticas” o sus cercanías (el anteproyecto de Ley de Protección de Seguridad Ciudadana no incluye una lista definida de cuáles son esos lugares) también se sancionarían como infracción grave, incluso aunque no alteren el orden público. Cuando las autoridades consideren que esas manifestaciones interfieren con el funcionamiento normal de esas infraestructuras críticas, la infracción se tratará como muy grave, y se sancionará con una multa que podría ascender a entre 30.000 y 600.000 euros.

El uso de imágenes de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que atenten contra su honor, será castigado con 1.000 euros de sanción. Aunque el director general de la Policía ha manifestado que esta disposición propuesta va dirigida a los ciudadanos particulares más que a los medios de comunicación, el derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a recibir y difundir información, no corresponde únicamente a los periodistas profesionales, sino a todas las personas y a veces se convierten en pruebas esenciales de cara a las investigaciones.

Un ejemplo de ello fueron las imágenes grabadas por TVE, determinantes para mostrar como Jorge, auxiliar de enfermería de un centro de salud de Madrid y miembro activo de la Marea Blanca, no intentó agredir al consejero de Sanidad durante un acto de protesta de apoyo de la sanidad pública el 25 de marzo de 2013, de lo que se había sido acusado. Debido a estas imágenes, la jueza de instrucción desestimó la acusación contra él. En este caso fue un medio de comunicación, pero una reciente sentencia del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ha avalado que los ciudadanos puedan filmar a los policías durante sus actuaciones públicas y que éstos pierden sus garantías como agente de la autoridad cuando se extralimitan en sus funciones.

En lugar de presentar a los movimientos sociales que promueven muchas de las protestas actuales como una amenaza contra la sociedad y llevar a cabo propuestas legislativas que ampliarían el ámbito para sancionarlos, el Gobierno español debe garantizar que se respete su derecho a la libertad de reunión, expresión y asociación, derechos consagrados en tratados de derechos humanos de los que España es parte, y por lo tanto, tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar.