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miércoles, 17 de diciembre de 2014

AYER FUERON LOS ANARQUISTAS : MAÑANA PUEDE SER USTED

Ayer nos despertábamos con la noticia de una nueva operación antiterrorista. Los Mossos d´Esquadra detenían a más de 10 personas en Cataluña y en Madrid otra persona corría la misma suerte a manos de la Guardia Civil. En el dispositivo, los diferentes cuerpos de seguridad del Estado han entrado en catorce inmuebles entre viviendas, centros sociales y ateneos -incluyendo el domicilio de dos jubilados en Barcelona, que los propios Mossos calificaron como “error involuntario”.

A las personas detenidas se les atribuyen “delitos de pertenencia a una organización criminal”, aunque no nos dicen a cuál, y añaden “con finalidad terrorista de carácter anarquista” por si nos quedaban dudas de lo malvadas que son. En los registros policiales, que se realizaron destrozando mobiliario urbano, se incautó peligroso material anarquista como ordenadores, teléfonos móviles y libretas… ¡Quién sabe lo que tendrían pensado hacer con esas libretas!



Alguien con un poco de mala fe podría pensar que toda esta operación sólo persigue la creación de una amenaza artificial, en este caso los anarquistas. O que pretende criminalizar los espacios autogestionados, okupados o no, que se convierten en lugares de encuentro, debate político y creación cultural en nuestras ciudades. O incluso que el objetivo era el de ocultar que el ya ex-molt honorable Pujol y su Clan han sido llamados a declarar en calidad de imputados.

Pero nada más lejos de la realidad. Sin duda, se trata de una actuación ante un problema que atemoriza a la población, como bien demuestra la primera posición que ocupa el “terrorismo anarquista” en el último barómetro del CIS. Además, esta operación se lleva a cabo siguiendo la senda de la Ley Mordaza, cuya reciente aprobación ha suscitado un enfervorecido apoyo en las redes, en las calles y en el mismo Parlamento. Este tipo de actuaciones, junto a declaraciones que aseguran que “la crisis ya es historia”, reflejan la sintonía de este Gobierno con las preocupaciones y las demandas ciudadanas.

Nada indica que el Gobierno tenga la intención de desviar la atención sobre los múltiples casos de corrupción que le rodean o de reducir a una cuestión de orden público la oposición a sus planes de austeridad y recortes. Día tras día, miembros del Ejecutivo nos muestran su sensibilidad ante los sufrimientos de la población, y el nombramiento como portavoz de Rafael Hernando, hombre tranquilo, amante de la pluralidad y respetuoso, así lo confirma.

Así que tenga cuidado. Si considera que la corrupción, los desahucios, el paro juvenil, la precariedad generalizada o la creciente pobreza son asuntos que requieren de todos los esfuerzos de las administraciones para atajarlos, míreselo bien, puede que usted también sea un peligroso anarquista.

Sí, sí, usted. No se extrañe. Ayer fueron los temibles anarquistas pero antes fueron los perroflautas de las plazas, los terroristas de la PAH, los adolescentes que reclamaban calefacción en sus institutos, la cúpula de Anonymous o la de Contrapoder, quienes defendieron un transporte público accesible y de calidad, quienes ejercían su derecho a la huelga o las mujeres que se negaban a no decidir sobre su cuerpo y su sexualidad. Y mañana puede ser cualquiera.

Bueno, cualquiera no. Si usted tiene cuentas en Suiza o Andorra, se ha beneficiado de algún pelotazo inmobiliario o concesión pública o forma parte de ese poder político que no se presenta a las elecciones, es poco probable que entren a las 6 de la madrugada en su casa acusándole de nada. Pero si no es de esa minoría, no lo olvide, cualquier día puede ser el enemigo.

Autor: Pablo Padilla es miembro de Juventud SIN Futuro y de la Oficina Precaria.

domingo, 21 de septiembre de 2014

LA CRISIS COMO EXCUSA PARA UNA DOCTRINA DEL SHOCK

El Gobierno se sirve de la crisis para abordar un tratamiento de choque económico que nos receta descargas eléctricas de forma continuada. A pesar de que nos presentan los recortes como inevitables, organismos como el FMI están pendientes de la reacción ciudadana en España.

Dice Naomi Klein que la estrategia de la doctrina del shock, ideada por el economista Milton Friedman y puesta en práctica por sus poderosos seguidores -desde presidentes estadounidenses hasta oligarcas rusos, pasando por dictadores del Tercer Mundo, catedráticos de universidad o directores del Fondo Monetario Internacional-, consiste en “esperar a que se produzca una crisis de primer orden o estado de shock, y luego vender al mejor postor los pedazos de la red estatal a los agentes privados mientras los ciudadanos aún se recuperan del trauma, para rápidamente lograr que las “reformas” sean permanentes”. 

El propio Friedman describió así la táctica del capitalismo contemporáneo:

“Solo una crisis -real o percibida- da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo depende de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que ésa ha de ser nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable”. 



Chile se convirtió en el primer escenario donde se aplicó la doctrina del shock. Allí la “crisis aprovechable” fue el golpe de Estado de Pinochet y la represión impuesta por él. Aquello allanó el camino para imponer grandes transformaciones económicas en un breve periodo de tiempo. Friedman, que asesoró a Pinochet, predijo que las características de esos cambios económicos provocarían una serie de reacciones psicológicas en la gente que “facilitarían el proceso de ajuste”. A ese proceso lo llamó el “tratamiento de choque” económico. 

En el caso de Irak el shock colectivo lo provocó la invasión, los bombardeos, dentro de una operación denominada precisamente “Conmoción y pavor” - ”Shock and awe”- con el objetivo de “controlar la voluntad del adversario, sus percepciones y su comprensión, y literalmente lograr que quede impotente para cualquier acción o reacción”, según los autores del documento de doctrina militar que llevaba el mismo nombre. Tras ello, Paul Bremer decretó privatizaciones masivas en Irak y la liberalización del mercado.

Friedman era ya un anciano cuando se produjo la inundación de Nueva Orleans en 2005, pero también vio en aquello una oportunidad. Y así lo escribió en The Wall Street Journal: “La mayor parte de las escuelas en Nueva Orleans están en ruinas. Esto es una tragedia. También es una oportunidad para emprender una reforma radical del sistema educativo”.

Dicho y hecho. Tras el huracán Katrina, think tanks y grupos estratégicos se abalanzaron sobre la ciudad estadounidense con el propósito de convertir los colegios de Nueva Orleans en “escuelas chárter”; es decir, escuelas públicas que pasarían a ser gestionadas por instituciones privadas. ¿Os suena?

Aquí en España el escenario del shock no lo provoca un golpe de Estado ni una invasión ilegal con bombardeos masivos, ni una inundación de consecuencias catastróficas, sino la propia crisis económica. Es ella la justificación de la que se sirve el Gobierno -y sobre todo, los poderes económicos y financieros que auspician sus medidas- para abordar un tratamiento de choque económico que nos receta descargas eléctricas de forma continuada hasta provocar un cortocircuito en nuestra capacidad de respuesta o, dicho en palabras de Friedman, reacciones psicológicas que facilitan “el proceso de ajuste”.

Con la excusa de responder contra la crisis, se nos impone más crisis para crear una modificación permanente a través de recortes drásticos en derechos y servicios sociales: Nada volverá a ser lo que era.  No hay mes en que no nos desayunemos con alguna nueva medida que quiebra aún más nuestra posibilidad de vivir con cierta dignidad y bienestar. No hay tiempo para asimilar. La rapidez con la que se están acometiendo las ‘reformas’ impide una capacidad de reacción continuada ante tantos nuevos frentes. Cuando se denuncia el desagüe por el que se nos esfuma la educación pública, nos comunican nuevos tijeretazos en la sanidad; cuando ponemos empeño en detener desahucios, se reforman las pensiones para devaluarlas. Y así, un largo etcétera. 

Pero incluso en este negro escenario la reacción de la sociedad civil importa, y mucho. Por ello organismos como el Fondo Monetario Internacional están pendientes de la respuesta ciudadana. Cuando en el Egipto de 2008 surgieron grandes protestas en ciudades y fábricas, la preocupación era que estas pudieran “impedir a Mubarak acometer su reforma económica”, consistente en la liberalización del mercado, privatizaciones masivas y recortes de los servicios sociales. 

Ahora que el FMI vigila a España de cerca -con su propio “hombre de negro” destinado en nuestro país para supervisar de cerca el rescate de la banca con nuestro dinero-, es interesante observar qué dice de nosotros. Su informe de agosto destaca que “la situación política parece estable pero la tensión social podría comprometer el esfuerzo de reforma. El gobierno tiene una amplia mayoría, no habrá elecciones generales hasta finales de 2015 y solo se ha enfrentado a disturbios sociales limitados”. Y prosigue:
“Pero el contexto económico ha reducido la popularidad de los dos principales partidos, lo que podría hacer que el apoyo público a nuevas y difíciles reformas fuera más complicado”.

En los despachos del poder se observa con preocupación el descenso de las dos organizaciones políticas que sostienen el bipartidismo y se mide el pulso de la sociedad civil, de la ciudadanía activa. Hasta ahora, los ‘disturbios’ sociales les parecen limitados. ¿Y si crecieran? Probablemente aumentaría la carga de electroshocks, con todo tipo de estrategias: mayor represión, medidas que crean más pobreza, e incluso mecanismos para hacer tambalear, desde dentro, a los grupos organizados.

Mientras que 2011 fue el año del despertar, de las revueltas árabes, de los indignados, del movimiento Occupy, 2013 podría ser su reverso. Hubo un momento hace dos años en que la calle fue capaz de imponer agenda en el debate público. Pero el poder tomó rápidamente la delantera, y ahora la agenda oficial nos bombardea. Aun así se ha construido tejido social y político con capacidad para responder a determinadas estafas. No es todavía suficiente para evitar el tratamiento de choque. Pero todo suma.

Mientras haya memoria, conciencia y resistencia, se estará abriendo un camino para un futuro diferente al que nos tienen preparado. De momento se está erosionando el monopolio de la verdad. El poder tiene los mecanismos para seguir gobernando contra los intereses de la mayoría. Pero no está siendo capaz de inocular su mentira en la sociedad. Por ahora dispone de impunidad, pero carece de hegemonía moral. Y esto, ya de por sí, simboliza toda una grieta en el tenebroso tratamiento de choque de la doctrina del shock.

Artículo de Olga Rodríguez, visto en el diario.es

jueves, 5 de junio de 2014

LA CARA OCULTA DE LA FUNDACIÓN PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Para su padre es “una bendición del cielo” y para el resto de los españoles, monárquicos o no, acabará siendo rey por gracia divina. El príncipe Felipe se mantiene en un segundo plano aséptico para esquivar escándalos y toma posiciones ante la cada vez más inminente sucesión. Los empresarios que han acompañado al rey Juan Carlos en las últimas décadas, conscientes de las “bendiciones” reales, también toman posiciones y pelean por un sillón en la corte del futuro monarca.


El hermetismo sobre la figura del heredero, que cumplió 45 años el pasado 30 de enero, es casi absoluto. Los ciudadanos suelen recibir informaciones controladas que ensalzan su preparación, cuidada al detalle desde su más tierna infancia; y sus discursos están aliñados siempre de alusiones a la concordia, la cultura y el deporte, tres conceptos que rodean las campañas de imagen del hijo varón del rey. Casa Real intenta justificar con esa “preparación” su continuidad en un sistema democrático moderno, en el que muchos ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, no entienden que el cargo más alto del Estado se herede de padres a hijos varones...



Y es que los tiempos cambian. Es la primera vez que el rey suspende en el barómetro del CIS. La primera vez que se juzga a un miembro de su familia. La primera vez que el monarca pide perdón. La primera vez en 13 años que concede una entrevista. Y la primera vez que TVE dedica un programa semanal exclusivo para hablar de la monarquía.

Por el contrario, el heredero sigiloso se mantiene ajeno a los escándalos que aceleran aún más la creciente desafección ciudadana hacia la institución, mientras se rodea de una élite de empresarios heredada de su padre de la que Emilio Botín, presidente del Banco Santander, es uno de los miembros más destacados.

La corte del príncipe pivota, entre otros foros, en dos fundaciones: Príncep de Girona (FPdGi) y Príncipe de Asturias (FPA). Esta última, creada en 1980 e impulsada en la actualidad por 77 patronos –entre ellos, los presidentes de Banco Santander, El Corte Inglés, Telefónica, Repsol o Iberdrola– se ha convertido en un trampolín de lujo para entrar en el despacho del heredero. “Las aportaciones [anuales] de cada uno son bajas: 70.000, 80.000, 100.000 euros… y con ellas consigues un ticket para sesiones privadas con él y con grandes empresarios”, explica uno de los patronos. A los mecenas, además, Hacienda les desgrava un 20% de la donación. Entre éstos, la FPA mantiene al presidente de Bankia, Rodrigo Rato, a pesar de su imputación. “Es una cuestión que no depende de la fundación, ya que es la institución miembro del patronato quien debe nombrar a su representante”, se justifica la FPA.

La fundación, instrumento de altavoz y toma de contacto empresarial del príncipe, se diseñó cuando él tenía 12 años. Entonces, costó conseguir financiación. Fueron organismos públicos y empresarios asturianos, como Pedro Masaveu, quienes costearon los primeros Premios Príncipe de Asturias, hace 33 años. “Pero ahora que la fundación está consolidada, hay codazos por entrar”, añade el mismo patrono.

El heredero al trono mantiene reuniones periódicas en El Pardo con algunos de estos mecenas para debatir sobre política o economía, según reconoce Casa Real, al margen del encuentro anual de junio, en el que aprueban las cuentas de la fundación. Las audiencias más jugosas son las de grupos reducidos, de unos cinco o seis. El príncipe les convoca cada cuatro o seis semanas, sin una periodicidad fija.

Esta agenda paralela a la de su padre permite a Felipe forjar su red de cortesanos millonarios, que durante estos años de transición siguen acompañando al rey en sus viajes al extranjero en busca de inversiones. Es el caso de la reciente expedición a Brasil, en la que participaron Antonio Brufau (Repsol), Botín y altos directivos de Telefónica, Iberdrola, Iberia, Gas Natural, Indra, Acciona y Talgo, entre otras. Los nombres de estas empresas se repitieron en la mayoría de las excursiones económicas del monarca en 2012 (Rusia, India, Kuwait…).

Botín, el primero de la clase

El socio más aventajado es el Banco Santander. En abril de 2008, Casa Real entregó el sillón de presidencia de la Fundación Príncipe de Asturias al vicepresidente de la entidad, Matías Rodríguez Inciarte. Su designación provocó un terremoto entre el resto de los patronos, especialmente los banqueros, celosos del nuevo pelotazo que había dado Emilio Botín.

BBVA trató de frenar la creciente hegemonía de su competidor creando, de inmediato, los ocho galardones Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento (el mismo número que los Príncipe de Asturias, pero con una dotación 10 veces superior, de 500.000 euros, y centrados en la investigación científica). No obstante, BBVA mantuvo su tributo a la fundación. A Caja Rural y Cajastur tampoco les hizo gracia. La caja de ahorros asturiana había donado 300.000 euros, frente a los 30.000 del Banco Santander.

Hasta 2011, el balance de situación y la cuenta de resultados eran secretos. Antes de ese año, los detalles de la auditoría sólo se habían aireado una vez, como consecuencia de las constantes denuncias de “oscurantismo” que publicó en la prensa asturiana David Ruiz, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo. La presión hizo claudicar al director de la FPA, Graciano García, que terminó entregándole a Ruiz el informe. El catedrático define la organización que preside Rodríguez Inciarte como “un chiringuito para blindar la monarquía y crear un espacio en el que colocar gente”.

Que el presidente de la fundación pertenezca a la cúpula del principal banco español forma parte de la estrategia de la Corona, orquestada directamente por el rey y no por el príncipe, según reconocen fuentes de la fundación. Matías Rodríguez Inciarte fue ministro de Presidencia con UCD y, en 2011, uno de los 15 directivos mejor pagados de España: 6,51 millones de euros.

La Fundación Príncipe de Asturias tiene tres grandes vías de financiación: un 63% de los ingresos procede de entidades privadas –grandes empresas, la mayoría–; un 18%, de las arcas públicas (Gobierno central, gobierno de Asturias, Junta Central del Principado y ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés); y otro 15%, de inversiones financieras que la fundación realiza, en parte, con dinero público. En 2011, sumaron más de seis millones. Cuánto aporta cada empresario es secreto.

Y las contribuciones públicas no cesan. Además de las aportaciones regulares, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2005 la inyección de 12 millones de euros a la fundación durante el periodo 2006-2008. “En 2013, el ayuntamiento de Oviedo entregará otros 350.000 euros”, denuncia el portavoz de IU en el consistorio de la capital asturiana, Roberto Sánchez. Rivi, como se le conoce después de más de 20 años recorriendo los pasillos del ayuntamiento, provocó un alboroto en el patio de butacas durante la entrega de los premios en 1994, al ponerse de pie con una pancarta que reclamaba el 0,7% del PIB para cooperación. En la sala de realización de TVE se hicieron malabares técnicos para que no saliese la imagen, pero un fotógrafo de La Voz de Asturias logró inmortalizar la escena. Desde aquel año, se prohíbe el acceso de los fotógrafos al escenario.

En busca de financiación

El creador del patronato de la fundación fue su segundo presidente, Plácido Arango, empresario mexicano y padre de la cadena de restaurantes y tiendas Vips. En la organización recuerdan la anécdota de una de las primeras reuniones con grandes empresas a las que Arango asistía para pedir dinero. Fue en el Comité Ejecutivo del Banco Popular. El presidente de la fundación llegó con una carta de recomendación del rey debajo del brazo.

Antes del encuentro, los miembros del comité especulaban con la cantidad que les pediría: “¿Cuánto querrá? ¿100 millones de pesetas [equivalentes en 1987 a 600.000 euros]? ¿50? ¿80?” Por prudencia o por ignorancia del poder que tenía la rúbrica del monarca, Arango pidió apenas cinco millones de pesetas (30.000 euros). Los banqueros respiraron pero, al terminar la reunión, desde Casa Real se espetó al presidente: “¿Pero tú qué te has creído, que la firma del rey es para pedir calderilla?”, recuerdan fuentes cercanas a la fundación. Finalmente, Banco Popular aportó 10 millones.

Además de la fundación, los grandes patronos abren canales alternativos para agasajar a la Familia Real. El presidente de La Caixa (actual Caixabank), Isidro Fainé, por ejemplo, es uno de los habituales en los corrillos empresariales cercanos a la monarquía. De hecho, La Caixa fue una de las empresas que, junto con el Gobierno balear, realizó una colecta al más alto nivel para obsequiar a Juan Carlos de Borbón con un yate, el Fortuna III, que les costó 18 millones de euros. El pasado 15 de enero, Caixabank era una de las empresas participantes en el Spain Investors Day, unas jornadas presididas por el Príncipe de Asturias para establecer contacto con inversores extranjeros.

El primo del rey y hombre de su extrema confianza, Carlos de Borbón, es una figura clave para acceder al monarca, ya sea a través de reuniones o en una de sus habituales cacerías, a las que es muy aficionado. Carlos, de 75 años, es apenas 10 días menor que Juan Carlos y los dos han tenido vidas paralelas.

De hecho, Carlos de Borbón tuvo un papel clave, junto al abogado Juan Luis Iglesias, en el derrocamiento en 2009 del mentor de la Fundación Príncipe de Asturias, Graciano García, según fuentes internas. García es el periodista republicano que más ha ayudado a la monarquía desde que a finales de la década de 1970 se le ocurrió la idea de crear los premios como el mejor escaparate posible para el príncipe. Felipe tenía 12 años. Vincularle desde entonces al mundo de la cultura y el deporte (abanderado en los Juegos Olímpicos de Barcelona’92, esquiador, regatista…) le daba una imagen afable. Además, le aseguraba un discurso anual en el que todo el país centraba su mirada en el Teatro Campoamor de Oviedo.

El sueldo de 183.000 euros que alcanzó García, recogido en el libro Nada fue un sueño. Biografía íntima del creador de los Premios Príncipe de Asturias (KRK), da cuenta de lo agradecida que quedó Casa Real por el invento. Sin embargo, después de 30 años, Zarzuela decidió dar un giro a la dirección, apostando por un perfil experto en fundaciones y del entorno del Opus Dei: Teresa Sanjurjo. Carlos de Borbón presidía la Asociación Española de Fundaciones (AEF) cuando Sanjurjo era la directora. Además, la buena relación de la AEF con el Banco Santander y, en concreto, con la mujer de Botín, Paloma O’Shea, allanó todavía más el camino.

En realidad, los encargados de la elección del director de la FPA tendrían que haber sido los patronos, según consta en los estatutos de la fundación. Dos de ellos, el periodista Juan Cueto y el presidente de Caja Rural, Román Suárez Blanco, protestaron por la elección a dedo de Sanjurjo, que incluso obvió el consenso de los mecenas de buscar a alguien de origen asturiano. Sí que se cumplió la voluntad de la reina Sofía y la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de que fuera una mujer quien ocupase el cargo.


Del ‘juancarlismo’ al ‘felipismo’

Dicen desde Casa Real que no existe un planteamiento para la sucesión. Que se pondrá en marcha cuando toque. Lo que sí funciona a pleno rendimiento desde hace años es el trasvase de contactos empresariales del rey al príncipe, bajo la dirección y el control del primero.

La preparación del heredero para asumir el trono comenzó desde el primer momento de su educación y se ha llevado a cabo de forma progresiva y lineal, sin acelerones en los últimos años, según las mismas fuentes. De hecho, el príncipe participa en actos institucionales en solitario desde mediados de la década de los 90 y empezó a ejercer de representante de España en el exterior en 1996. Destaca su papel en las tomas de posesión de presidentes sudamericanos. Estos viajes protocolarios, sumados a la proyección internacional que atesoran los premios Príncipe de Asturias al reconocer la trayectoria de personajes como Bill Gates, Stephen Hawking, Woody Allen o Nelson Mandela ya dotan al heredero de una nutrida agenda internacional, a la altura de un jefe de Estado.

¿Cómo se legitima a un rey nombrado “desde la emoción del recuerdo a Franco” y que prometió “guardar lealtad a los principios que conforman el Movimiento Nacional”? Para los historiadores que defienden la figura del monarca, como Paul Preston, Juan Carlos lo logró gracias a su “sacrificio y dedicación”, como apunta el historiador inglés en Juan Carlos, rey del pueblo (Debate), la última biografía publicada del soberano. Para otros, como Alberto Carrillo, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla, “su legitimidad de origen es el franquismo, porque fue Franco el que determinó la línea dinástica saltándose a Don Juan”.

Ambos coinciden, eso sí, en la importancia del golpe de Estado del 23-F para crear la base sociológica del llamado juancarlismo, aunque lo hacen desde visiones antagónicas. En la biografía, Preston asegura que el rey coordinó el desmantelamiento del alzamiento militar desde la Zarzuela para “dar una segunda oportunidad a la democracia española”. Para Carrillo, tanto los movimientos de Casa Real tras la muerte de Franco como la imagen dada durante el 23-F responden a una “estrategia” calculada de la Corona, que “sabía que la única manera de mantenerse viva era distanciarse de la dictadura”. Ese hecho histórico “ha blindado en gran medida a la monarquía, ha sido su colchón salvavidas”, añade.

Pero los réditos de aquella “jugada maestra” del rey, según el historiador malagueño, no son hereditarios. “El príncipe necesitará su propia estrategia, intentando ofrecer un perfil más cercano al pueblo. Y en eso, el papel de Letizia es fundamental”, augura Carrillo. Eso sí, estas variaciones son “estéticas” porque “desde un punto de vista democrático no se justifica de ninguna manera la herencia de una jefatura de Estado”.

Incluso entre quienes alaban la figura del monarca, como Preston, existen ciertas dudas sobre cómo afectará la sucesión a la legitimidad de la institución: “Depende de cuándo y de las circunstancias en que se haga el traspaso de poderes. Pero en principio, en circunstancias normales, sí que sería legítimo”.

La asunción del trono por parte del príncipe Felipe, en un futuro más o menos lejano, se encontrará con un problema extra: el creciente desapego de la ciudadanía hacia la monarquía. La última vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó a los españoles por su confianza en varias instituciones, en octubre de 2011, la Corona obtuvo su primer suspenso de la historia con un 4,89 sobre 10, una nota menor que la que los encuestados otorgaron a los medios de comunicación (4,97) y muy inferior a los resultados de años anteriores (5,35 en 2010 y 6,67 en 1997, por ejemplo).

Esta pregunta, que no ha vuelto a aparecer en los barómetros del CIS desde entonces, incluye valoraciones sobre otras instituciones, como las Fuerzas Armadas (5,65) o los partidos políticos (2,76) y forma parte de un paquete flexible del barómetro que suele incluirse en las encuestas, sin una pauta fija, cada cierto tiempo. “No hay una razón concreta por la que no se ha incluído en las últimas encuestas. No significa en absoluto que se vaya a dejar de hacer esa pregunta o que no vaya a entrar en las próximas oleadas”, explican desde el CIS.

Mientras llega ese nuevo examen oficial a la monarquía, las encuestas de los medios ofrecen resultados dispares. La última, publicada en enero por El Mundo, muestra que el 50,1% de los españoles valora positivamente al rey. La oleada anterior, de enero de 2012, le dio un 76% de aprobación. El príncipe, eso sí, se lleva el visto bueno del 62,3% de los encuestados. Mientras la monarquía sigue perdiendo fieles, los principales partidos políticos, PP y PSOE, apoyan sin fisuras a la institución.

La pérdida de adeptos a la Corona no es flor de un día, tal y como explica Belén Barreiro, Doctora en Ciencia Política y Sociología, fundadora de la firma de investigación social MyWord y exdirectora del CIS: “A lo largo de la democracia se ha ido produciendo una caída de la valoración de la monarquía, que estaba muy bien vista en los 80, al contrario de lo que ha pasado con otras instituciones como el Ejército, que tenía una mala valoración tras la dictadura y ha ido ganando simpatías”. A esto se le suma la evaluación que hacen los jóvenes de la institución, que la deja peor parada que la media. Esto supone, según la socióloga, un obstáculo a largo plazo.

Barreiro culpa de esa desafección hacia la Corona tanto a factores coyunturales, “de posible recuperación”; como estructurales, derivados de la propia esencia de la monarquía. “El hecho de que no sea una institución democrática, porque no ha sido elegida por la ciudadanía, hace que chirríe, sobre todo para los más jóvenes”, explica.

De los factores coyunturales, el más importante es la imputación de Iñaki Urdangarín. No ayuda, tampoco, que el Rey fuese pillado en plena cacería de elefantes en Botsuana el 14 de abril porque tuvo un accidente y necesitó volver a España para ser intervenido, aunque luego pidiera disculpas públicas e hiciese propósito de enmienda. Todos estos escándalos han trasladado los temas relacionados con la Corona, que solían habitar en el escaparate de las páginas de la prensa rosa, a las portadas de los medios generalistas.

¿Existía hasta ahora un veto sobre la monarquía? Según Carmen del Riego, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), no. Lo que sí había, en su opinión, es una “prudencia” a la hora de denunciar hechos escandalosos que “no se ha dado en otros casos, porque el respeto del que gozaba la monarquía los hacía más difícil de creer, no sólo para los periodistas sino también para los ciudadanos”.

Para Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), sí ha habido un “cambio radical” más patente en el tratamiento que los medios hacen de los temas reales porque, hasta ahora, había “un pacto no escrito entre los editores para respetar o proteger la figura del rey”, nacido de la idea forjada en la Transición de que criticar al monarca podía afectar a la democracia. Para González, la receta para los nuevos tiempos es más vigilancia desde la prensa y más transparencia desde la Corona.

Y es en esa mejora de la transparencia en la que, según fuentes de Zarzuela, basan su política de trabajo desde hace años. Un ejemplo de ello, siempre según la institución, es la publicación de los presupuestos de Casa Real en su web. Las cuentas de 2013 han sido las terceras en salir a la luz después de 32 años de secretismo. Esta decisión, alabada por casi todos, tuvo sin embargo dos frentes críticos: uno exigía un mayor desglose del gasto y el otro recordaba que, además del presupuesto oficial, algunos ministerios hacen frente a gastos derivados de la Corona que deberían constar en las cuentas finales.

Desde Palacio argumentan que en muchos casos es difícil desglosar gastos que son compartidos (si en un viaje que sufraga Exteriores participan el rey y el ministro, por ejemplo) y que, en todo caso, desvelar o no esos gastos es responsabilidad del ministerio competente. La institución se defiende e insiste en que el presupuesto es modesto y que la austeridad es marca de la casa.

Zarzuela vigila también que la gestión del patrimonio económico del príncipe no tenga ni un solo punto flaco. A diferencia de otros miembros de la Familia Real, el heredero no ha tenido opción de gestionar su dinero a través de una impopular Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV). Estas entidades son la trampa que utilizan cientos de grandes fortunas en España para tributar sólo un 1%, frente al 25% que pagan las pequeñas y medianas empresas o el 30% de las grandes.

Para lograrlo hace falta un patrimonio inicial de 2,4 millones de euros y encontrar 100 mariachis que pongan su nombre para cumplir el mínimo de los 100 socios. Hay empresas especializadas en conseguir esos 100 titulares. Pero entre la Familia Real no todos sus miembros son tan cuidadosos con las formas. El ejemplo más claro es Pilar de Borbón, hermana del rey, que preside la sociedad Labiernag 2.000 Sicav S.A. Esta entidad también sirve de cobijo para otros familiares, como los hermanos Bruno Alejandro y Beltrán Ataulfo Gómez-Acebo De Borbón.

El gasto de la monarquía, en un país con cinco millones de parados y cuando aún retumban en las cadenas de televisión las palabras del monarca sobre la “igualdad de todos los españoles”, ha pasado a un primer plano. Aun así, en opinión del historiador Alberto Carrillo, el debate monarquía-república no debería fundamentarse con argumentos económicos. En su opinión, se debería reflexionar sobre si la máxima institución del Estado es democrática o, como en el caso de la monarquía, no es más que un “anacronismo”.

Pero, como explica el profesor, Casa Real sabe aprovechar estas circunstancias desfavorables para su propio beneficio. Así lo hizo cuando Juan Carlos espetó su “¿Por qué no te callas?” al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Para Carrillo, se trató de “un acto con una gran carga simbólica para buscar un enemigo fuera que reforzara la unión con el rey”. La táctica fue similar en su último discurso de Navidad, en el que pidió una “política con mayúsculas”. Entonces desvió el foco hacia los partidos políticos, consciente de las críticas que los últimos escándalos de corrupción habían despertado. Carrillo lo considera un “acto de populismo”, porque el rey dijo exactamente lo que la gente esperaba oír.

Audiencia abierta se emite cada sábado a las 13.00 horas en La 1 y recoge discursos, apretones de manos, actos de protocolo, apariciones públicas y un análisis de la monarquía. El programa pasa de unos niños de uniforme describiendo lo que es para ellos un rey, a una enumeración de sus funciones y de las leyes que afectan a la Corona. Intercalados, se cuelan frases y rótulos de ensalzamiento de la institución: “El rey es la figura en la que empieza y acaba el engranaje constitucional”; “el príncipe moderador, que ejerció por unas horas de árbitro entre Rajoy y Mas”. Su coste es de unos 2.500 euros por programa, aunque también utiliza recursos de los servicios informativos, según fuentes de TVE. El semanal empezó a emitirse el pasado 13 de octubre y su objetivo, tal y como explicó su presentadora en el primer programa, es “acercar la institución a los ciudadanos, cumpliendo un mandato parlamentario”. Lo que no dijo es que esa orden está fechada en 2007. Entonces, ¿por qué ahora? Según el director del programa, Miguel Ángel Sacaluga, es un proyecto que lleva años planteando como miembro del consejo de administración de RTVE.

Para Yolanda Sobero, presidenta del consejo de informativos de RTVE hasta las recientes elecciones, las motivaciones son otras: “La estrategia nace de Casa Real, que ante el descalabro del caso Urdangarín intenta reforzar su imagen”. Para Sobero, se trata de un programa institucional mucho más que informativo, algo que no es nuevo: “Las noticias en TVE siempre se han quedado ahí, nunca se han realizado reportajes de investigación profunda y crítica sobre la monarquía”. Un defecto de forma y de fondo que, según ella, no es exclusivo de la televisión pública sino que se ha extendido, durante años, a todos los medios.

El director del programa responde que es un programa institucional, pero también informativo. Y asegura que sí se informa sobre escándalos como el caso Urdangarín o el viaje a Botsuana porque “afectan a la institución”. Estos temas se trataron en el resumen especial del año y en el programa que repasó la vida del rey con motivo de su 75 cumpleaños. Eso sí, edulcorados con una voz en off que toma partido: “La Corona, que sufre como el resto de las instituciones el desprestigio causado por la crisis” o “el deterioro de la imagen surgido a raíz del proceso abierto a su yerno. Y eso que desde que se conoció la noticia, no sólo condenó los hechos sino que le apartó de la familia real”.

“Audiencia abierta no es un programa sobre el rey para defender la monarquía, igual que no se hacen programas sobre las Cortes para defender a los parlamentarios”, se defiende Sacaluga.

La entrevista de Jesús Hermida al rey el pasado 4 de enero (“absolutamente versallesca”, en palabras de Yolanda Sobero) incluyó halagos de padre a hijo que inciden en una expresión que la retórica monárquica repite hasta la saciedad desde hace años y que una mayoría de los españoles ha hecho suya. Para el rey, Felipe es, además de una bendición, un hombre “muy preparado”. Si Juan Carlos quiso parecer cercano a la ciudadanía gracias al término campechano, inseparable ya de su persona, Felipe se aferra a esa imagen de hombre forjado para ser rey que haga frente al desapego creciente y al difícil encaje de una institución como la realeza en una democracia del siglo XXI.

sábado, 1 de febrero de 2014

EL CIUDADANISMO: LA SUTIL MANERA DE MANIFESTAR SUMISIÓN DEMOCRÁTICAMENTE

De proletarios pasamos a empleados. De sindicalistas pasamos a “cotizantes netos”. De revolucionarios pasamos a “alterglobalizadores”. Los carceleros ahora son “funcionarios de prisiones” y al despido libre y gratuito se le denomina “flexibilizar el mercado”. La tortura se denomina prevención, las cárceles reinserción, los ocupantes y los ejércitos son siempre –y en el peor de los casos- humanitarios. Las huelgas son legales, las empresas son “grupos”, los menores son casi siempre infractores, los marginados población excedente, los jefes son encargados y los juzgados son capaces de velar por los derechos humanos. Nosotros ya no somos pueblo sino que somos ciudadanos...




Los políticos piden el voto a los ciudadanos. Representan a los ciudadanos y velan por los intereses de los ciudadanos. Una mentalidad que se introyecta y se extiende de forma contagiosa entre la sociedad: asistimos al advenimiento del ciudadanismo. La palabra ciudadano hace hincapié en la individualidad de la persona, en la ausencia de cualquier aspecto colectivo. Somos autómatas y productivos ciudadanos. Buenos votantes y dóciles consumidores consumidos por el constante “equilibrio progresista” con el que hacemos las cosas. Siempre dentro de los cauces legales, siempre, de manera sistemática y cotidiana, reproduciendo los valores y las actitudes del neoliberalismo.

Si siempre pagas tus deudas eres un buen ciudadano. Si no te cuelas en el metro, si condenas el robo, el sabotaje y siempre prefieres la acción mediada a la acción directa, eres un estupendo ciudadano. Si desde tu simpatía por el sindicalismo crees que es fundamental el derecho al trabajo en día de huelga. Si cuando hay una injusticia delante de tus narices, el silencio es tu mejor amigo; eres un estupendo ciudadano.

Si crees que el capitalismo es el menos malo de los sistemas posibles que va de la mano con otro inevitable sistema llamado democracia, eres un buen ciudadano. Si te niegas a reconocer que democracia y fascismo son dos caras de una misma moneda, que necesariamente sustentan al capitalismo, y por lo tanto a la desigualdad, eres un buen ciudadano.

Si a los cuerpos represivos les denominas trabajadores, si crees que la policía, el ejército y las cárceles son instituciones necesarias y mejorables, eres un buen ciudadano.

Si crees que un pasado descrito siempre injusto por quien domina el presente y un futuro mejor, que nunca llega, justifica todos los atropellos humanos y animales, eres un gran ciudadano. Si crees que el trabajo asalariado puede ser algún día digno, eres un gran ciudadano.

Si amas la propiedad privada, si adoras el parlamentarismo. Si crees que denunciando continuamente a tus vecinos o que comprando fabulosos bienes materiales en cualquier centro comercial te va a convertir en más libre, eres un buen ciudadano. Si crees siempre en la negociación con las instituciones, en ese diálogo injusto que parte de premisas totalmente desiguales, eres un gran ciudadano. Si “todavía es muy pronto” para tomar ese tipo de medidas “tan radicales”, si esperas para pasar a la acción a los permisos de los interlocutores válidos de la sociedad –a los gestores de capitalismo- eres un buen ciudadano. Si la pasividad llena tu vida de hastió. Si crees en “las reglas del juego”. Si crees que quienes hacen negocios con la pobreza, “sin ánimo de lucro” como las ONGs y demás empresas que viven de ella, van acabar con esa miseria; eres un buen ciudadano.

Si crees que la prensa es independiente, si eres objetivo y neutral, a ti que te gusta “de todo” (menos luchar colectivamente por una causa anticapitalista), que crees que los extremos se tocan, que las organizaciones revolucionarias armadas son terroristas y los que saquean, expolian y exterminan pueblos son honrados profesionales, eres un buen ciudadano.

Si ves en la industria farmacéutica un sinónimo de progreso, en la tecnología aspectos revolucionarios, en la psiquiatría una ciencia indispensable. Si un sueldo te cierra la boca y te cambia las actitudes. Si crees que la lucha de clases es cosa del pasado, eres un gran ciudadano.

En suma, si legitimas continuamente la opresión, la injusticia y la desigualdad del capitalismo con ese tufillo demócrata, con esa máscara judeo‑cristiana de la tan manida tolerancia, con ese aire de no-queda-más-remedio, eres un estupendo ciudadano. Si nunca te saltas los límites establecidos que marca el capital. Si cuando votas crees que estas participando y diciendo algo. Si, como los peces que siguen la corriente del río, llevas esta renovada actitud de vasta sumisión, reproduciendo los valores de la dominación con ese desdén democrático eres, quien sabe si conscientemente o no, un válido y efectivo ciudadano. Eres entonces, simple y llanamente, un trepa, un chota, un cómplice de la explotación que miras para otro lado. Un esquirol de la vida...

sábado, 2 de noviembre de 2013

La OSCE DENUNCIA QUE EL SISTEMA QUE SUSTENTA AL REGIMEN ESPAÑOL ESTA PODRIDO

La Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE), ha emitido un durísimo informe, fechado en 2012 y silenciado por la práctica totalidad de los medios de comunicación españoles, en el que denuncia que el “sistema” que sustenta al actual régimen español bloquea el acceso a la política de los ciudadanos y de la sociedad civil para crear sus propias candidaturas, algo que le ocurre también a los nuevos partidos. Además, enriquece a los actuales políticos mediante subvenciones que van más allá del pago de las papeletas, censura hasta las cuentas de Twitter y no respeta ni la igualdad ni el secreto del voto. 

La podredumbre de este “sistema” llega a tal punto que el órgano encargado de fiscalizar la contabilidad de los partidos (Tribunal de Cuentas) envía sus informes a éstos antes de ser publicados para que puedan reformarlos y la Junta Electoral Central debate las denuncias electorales de forma secreta. También lamenta que los 6,5 millones de ciudadanos que han participado en manifestaciones de protesta ni sean escuchados ni estén representados y que el voto blanco y nulo, que alcanza niveles en España sin parangón en el mundo, no genere escaños vacíos.


El régimen español, conocido en Europa como Monarquía de partidos o “partitocracia”, es penoso y lamentable, según la descripción que de él hace la OSCE: “no se respeta plenamente la igualdad de voto”, “la financiación de las campañas electorales” por parte de los partidos no es “transparente”, no se promueve una mayor participación de la mujer y se impide siempre que se puede el “pleno acceso” de observadores independientes “a todas las fases del proceso electoral”, desde el secreto del voto hasta su cómputo.

Los políticos españoles, sobre todo de PP y PSOE, que se han turnado durante casi 40 años, han ideado un sistema según el cual el voto en las provincias pequeñas, donde pueden dominar mejor sus intereses con prácticas caciquiles, vale hasta 3 veces más que en las grandes ciudades, lo que produce una adulteración tan profunda que de ahí procede la drástica negativa a introducir distritos electorales uninominales más pequeños que favorezcan la elección directa: si cada voto valiese igual, los ciudadanos echarían prácticamente a todos los políticos profesionales y entraría savia nueva en la representación, algo que temen con verdadero pánico.

La OSCE pone el dedo en la llaga en su informe sobre España: “el sistema electoral favorece a los partidos más grandes” y llega a la aberración de dejar fuera a los ciudadanos que participaron en las manifestaciones derivadas del 15-M. La OSCE afirma que “se estimó en 6,5 millones el número de personas que participaron en las protestas”, pero incluso se cambió la ley electoral en el año anterior a los comicios de 2011, algo expresamente prohibido por la OSCE, que no admite modificaciones en las reglas de juego a tan corto espacio de tiempo de la apertura de las urnas. También reclama que las reuniones de la Junta Electoral Central sean públicas, con presencia de observadores y prensa, pues hasta ahora son secretas.

La OSCE también aprecia que la actual partitocracia discrimina a las asociaciones de ciudadanos y a los partidos sin representación parlamentaria si desean presentarse a las elecciones, exigiendo a los candidatos más requisitos, trabas y firmas que a los viejos partidos. Por eso pide “establecer condiciones de igualdad para la nominación de los candidatos de los partidos no parlamentarios y grupos de ciudadanos”.

Este organismo, dependiente de la ONU, recuerda que organizaciones relacionadas con el movimiento 15-M pusieron en marcha un proyecto denominado “Doriyakitu”, pidiendo a los votantes que denunciasen en las propias mesas electorales las anomalías del sistema español. Las 3 quejas que recuerda la OSCE aluden a la imposibilidad de votar a listas prohibidas “por no haber recogido los avales exigidos mediante la inconstitucional ley electoral vigente, que vulnera el pluralismo político restringiendo los derechos de sufragio pasivo y, en consecuencia, también el sufragio activo, ya que no permite votar lo que realmente se quiere”, según “Doriyakitu”.

El sistema tampoco acepta “el voto blanco, la abstención y el voto nulo”, pues desprecia estas opciones a la hora del reparto de acta. Además se produce sin igualdad pues “los votos de los ciudadanos no tienen el mismo valor a la hora de atribuir escaños” ya que “vulnera el derecho a la igualdad entre las personas, y entre los votos de dichas personas”. La OSCE sugiere que “los votos en blanco (que se cuentan como válidos), en realidad deberían asignar escaños en el Parlamento, y dichos asientos deberían permanecer vacíos”. Y recuerda que el partido político “Escaños en Blanco” se registró en 21 distritos electorales.

Este organismo internacional desvela que la situación española es tan anómala democráticamente que “algunos partidos políticos comparten con la OSCE la opinión de que el nivel de las subvenciones es demasiado generoso y debería reducirse”. Además, según ellos, estas transferencias de dinero público solo deben cubrir “los costos de impresión de las papeletas y no deben ser utilizadas para el reembolso de otros gastos”, como ocurre ahora, pues se pagan las sedes, sueldos políticos, gastos de funcionamiento, campañas electorales, seguridad, etc…

La OSCE también reprocha en su informe “que se hayan cerrado cuentas en Twitter durante la campaña electoral porque se parodiaba a candidatos” así como “la censura en la publicación de encuestas cinco días antes de los comicios”, algo “anticuado en la era de internet”. También demanda la presencia de “observadores internacionales” en las votaciones. “La ley electoral no garantiza plenamente el respeto al secreto del voto, un principio fundamental para unas elecciones democráticas. Las autoridades deben considerar medidas para mejorar aún más el secreto de la votación”.

Las trampas de los partidos políticos han sido descubiertas por la OSCE en su informe: el Tribunal de Cuentas, que fiscaliza los gastos electorales, es una costosa pantomima porque solo aprueba la contabilidad después de que ésta pase de nuevo a los propios partidos del Parlamento (y además los miembros del Tribunal de Cuentas son en su mayor parte políticos en activo elegidos por los partidos). Pero además de adulteradas, las cuentas se publican “con significativo retraso”, según la OSCE, logrando evitar así su actualidad informativa.

Y aunque la OSCE recuerda que España está obligada a cumplir estas exigencias “con prontitud” y la Oficina para las Instituciones Democráticas y Derechos Humanos le transmitió al Gobierno que “estaba lista para ayudar a aplicar estas recomendaciones”, la respuesta del ejecutivo español fue no aceptar críticas ni recomendación alguna. Aunque la mayor parte de la prensa española no informa de estas condenas internacionales, lo cierto es que la OSCE tiene ya a España como un país con serias deficiencias democráticas.

Muy pocos países del mundo han dado lugar a que se emitan en un mes dos notas públicas de condena, como ha ocurrido en septiembre de 2013, pero es que además en 2012 ya se advirtió que las elecciones en España poseen graves deficiencias y otra de ellas particularmente grave: la OSCE recuerda a los políticos españoles que “el mandato de los funcionarios electos debe incluir la posibilidad de revocarse antes de que expire”, pues los políticos han hurtado también a los ciudadanos los mecanismos para ello.

Y es que los cargos públicos españoles han ideado un sistema según el cual los ciudadanos no pueden retirarles el apoyo en caso de corrupción, malversación de fondos o incluso asesinato, como ocurre con la “inviolabilidad” del Jefe del Estado, “intocable” desde el punto de vista legal hasta en los casos de denuncia de hijos cosanguíneos por paternidad manifiesta, como ha ocurrido recientemente con el rey Juan Carlos.

Este moderno “derecho de pernada”, que impide incluso a los jueces investigarlo, alcanza también a los fueros especiales de los diputados en el Tribunal Supremo (con una Sala II, especial para juzgarlos a ellos) y en los tribunales autonómicos (Tribunales Superiores de Justicia). Estos jueces son designados por las cúpulas de los partidos políticos sin más méritos que la militancia, simpatía, amistad o connivencia, como ha ocurrido recientemente con el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos o antes con el filosocialista Pascual Sala.

La promiscuidad llega a tal extremo que el Consejo General del Poder Judicial es designado por los líderes de los partidos (PP, PSOE, CiU y PNV) mediante un descarado “reparto”, al igual que el Fiscal General del Estado, que se va rotando entre militantes o simpatizantes de PP y PSOE, como han sido Leopoldo Torres (PSOE), Javier Moscoso (PSOE), Conde Pumpido (PSOE), Eligio Hernández (PSOE), Jesús Cardenal (PP), Carlos Granados (PP) o Torres Duce (PP). A veces incluso son los propios políticos los que con descaro se incluyen en órganos judiciales, como el CGPJ, aún no siendo siquiera jueces, como ocurrió con el caso de los diputados Margarita Uría y Emilio Olabarría (PNV) o Ramón Camp y Mercé Pigem (CiU), entre otros muchos.

La OSCE denuncia que el “sistema” que sustenta al régimen español está podrido | Un espía en el congreso