miércoles, 1 de enero de 2014

EL TIMO DE LA LUZ : EL INVENTO DEL DÉFICIT TARIFARIO

Desde la supuesta liberalización del sector eléctrico en 1997 y la privatización de Endesa, el precio de la electricidad ha escalado un 70%, causando una “misteriosa” deuda pública de la que todos los gobiernos se han sentido responsables por razones que nadie entiende las contadas ocasiones en que se explican. Cifrado a día de hoy en más de 28.000 millones, el “déficit tarifario” es padecido año tras año por unas eléctricas que, pese a declarar no cubrir sus costes, firman cada ejercicio beneficios más cuantiosos.

Las razones para justificar semejante “déficit tarifario” alegan que los precios de mercado han resultado muy superiores a los previstos. Pero no explican cómo esos precios no responden solo a los costes de producción. Se manipulan en función de las necesidades de producción y el monopolio de información controlado por los propios productores y distribuidores, las compañías eléctricas.




Así, por ejemplo, durante todo el período de vigencia de los famosos CTC –costes de transición a la competencia- aprobados por el ministro Josep Piqué, nunca fueron liquidados a favor del sistema y a nuestro favor los ingresos extra obtenidos por las eléctricas hasta 2001, gracias a una tarifa basada en una estimación de precio -36 euros- superior al precio real del mercado. En cambio, las eléctricas sí liquidaron rigurosamente los 8.660 millones de euros que les garantizaba el sistema cuando los precios reales empezaron a superar a las tarifas a partir del 2001.

Parece muy complicado porque así se ha pretendido conscientemente. Pero no lo es. Solo nuestras pocas y grandes eléctricas saben cuánto cuesta realmente producir la electricidad que pagamos. Es la ley de los oligopolios piratas en estado puro. Controlan de manera absoluta los precios, mediante un mercado y un sistema de facturación que nadie puede contrastar o evaluar y al que añaden continuamente costes inflados a través de la agregación de supuestos servicios sin valor, servicios que el consumidor ni siquiera ha solicitado. El regulador ha evitado asumir el coste político de velar por el correcto funcionamiento del mercado y la verificación de la información que sustenta los costes. El consumidor aunque quiera saber por qué paga lo que paga, no puede. Carece de los recursos o de la información y tampoco tiene donde buscarla.

El ¨déficit tarifario” se ha fijado en cerca de treinta mil millones. Pero podrían haberlo valorado en cuarenta o cincuenta. Seguramente pocos podrían haber alegado nada en contra. Si a alguien se le hubiera ocurrido poner objeciones habría sido discretamente silenciado, como lo son ahora quienes cuestionan la deuda con las eléctricas. Es como si el contador de la luz de su casa no funcionase y la compañía eléctrica le mandase cada mes una factura descomunal, que usted acepta por pura fe o confianza; a cambio la compañía no se la va a cobrar… de momento. La deuda se renegocia y crece año tras año. Mientras, los sucesivos gobiernos la van dejando en el cajón para el siguiente, apuntándose el tanto de subir poco, o incluso bajar, el recibo de la luz.

Todos ganan, menos nosotros, los clientes. Pero es que ese era el plan. La liberalización y privatización del sector eléctrico no se efectúo para liberarnos a nosotros, los consumidores, sino para liberar a los oligopolios piratas del control democrático de los gobiernos y la opinión pública. Se privatiza para abaratar costes transfiriéndolos a los clientes y facilitar la producción, no para hacer más competitivos a los mercados y más libres a los clientes. En el Neoliberalismo corsario, las privatizaciones no se hacen para liberarnos a nosotros, sino para liberar a los piratas de lo público.

Texto extraído de "Piratas de lo público", Losada A.
http://www.solidaridad.net/noticia/8094/el-timo-de-la-luz-el-invento-del-deficit-tarifario

REFLEXIÓN SOBRE LA CRISIS FINANCIERA MUNDIAL

La crisis económica mundial en curso llega después del quiebre de importantes bancos de Estados Unidos, cuyos negocios se extendían en todo el mundo. Varios estudiosos están hablando de un fenómeno muy grave, comparándolo a los acontecimientos de 1929; otros dicen que se trata del proceso final del capitalismo que no logra seguir su trayectoria; todos están de acuerdo que se precisarán muchos años para salir de este problema. Que la dificultad sea importante lo demuestran las medidas que están tomando los países más desarrollados del mundo en América y en Europa, hasta llegar a entregar a estos institutos miles de millones de dólares. Un editorial del "Osservatore Romano", el diario del Vaticano, ponía justamente en evidencia que las medidas que se están votando y tomando por los parlamentos del mundo para salvar a los bancos, nunca fueron pensadas para salvar la vida de millones de personas que viven por debajo del nivel de pobreza, en la miseria extrema: es decir que lo que se hace para salvar una institución símbolo de la riqueza, no se hace para los pobres cuya situación no es más un secreto para nadie.


Pocos hablan, sin embargo, de las causas de la crisis económica. En realidad, es una crisis financiera, que tiene que ver con el movimiento del dinero: la crisis económica (disminución de riqueza y disponibilidad de dinero, falta de lugares de trabajo, de nuevos emprendimientos…) será la consecuencia, en el caso que los gobiernos no lleguen a resolver el problema.

Es una crisis financiera consecuencia de la falla del sistema del crédito. Este sistema es lo que está en la base (para hacer ejemplos de la vida cotidiana) de las tarjetas que permiten a los trabajadores comprar con el sueldo que todavía no cobraron y de los préstamos que permiten comprar hoy lo que sería el fruto de meses de ahorro (sin considerar en este momento el desperdicio de materias primas que este estilo de vida implica, ya que en muchos casos lo que se compra resulta al final inútil). 
Pasa a menudo encontrar personas que al momento de cobrar el sueldo se quedan con muy poco dinero, porque lo demás ya está comprometido para pagar cuotas de distintos préstamos que le sirvieron para comprar una moto, para hacer una fiesta, para tomarse dos días de vacaciones o para comprarle el celular al hijo; al endeudado le quedan dos opciones: comer y no pagar las cuotas (por ejemplo perdiendo el empleo) o intentar otro préstamo que le permita pagar y comer, por un tiempito más (calesita). 
El mismo sistema se usó para construir casas que después se compran en cuotas de varias décadas. Los bancos se especializaron en prestar dinero por finalidades inmobiliarias. Pero cuando las sociedades inmobiliarias llegan a la condición del endeudado del que se habló, ahí explota la crisis actual. Lo que tratan de hacer los gobiernos es prestar más dinero a los bancos para que aguanten la falta de pagos de cuotas sin parar sus negocios: de otra forma se da el quiebre de bancos y negocios. 

Llama la atención el paralelismo entre lo cotidiano y el sistema mundial: en realidad la crisis encuentra sus orígenes en actitudes que normalmente se indican como malas a los niños: querer tal juguete enseguida; no saber esperar; llorar si no se consigue rápidamente lo deseado; no aguantar que falte lo que tiene el compañero; no aguantar las frustraciones. ¿Por qué sufrir si es tan sencillo conseguir el dinero prestado para realizar los sueños? Es decir que estamos hablando de una crisis moral, de interpretación y aceptación de la vida por lo que es y no por como se quiere vivirla. Capaz la mejor forma para contribuir a la solución de la crisis es preguntarse por qué tengo una deuda (si la tengo) o por qué he pensado en algún momento pedir un préstamo.

Francesco Bottacin

ENVEJECIMIENTO Y SEGURIDAD SOCIAL

El envejecimiento de la población en los países del centro, se utiliza para avalar la idea de que los gobiernos no podrán mantener el gasto necesario para atender la creciente demanda de atención médica y pagar las pensiones de la población envejecida.


La Seguridad social en España se financia a través de un fondo (caja única) que si bien se integra en el presupuesto, dispone de su propio mecanismo de financiación.

Los beneficiarios de este fondo, son, mayoritariamente, las personas que cotizaron a lo largo de su vida laboral contribuyendo en su momento a financiar las prestaciones que la seguridad social ha pagando en el pasado. Estas cotizaciones, son, precisamente, las que dan derecho a acceder a una pensión, cuando a causa de la edad o por situación de invalidez, alguien queda fuera del mercado laboral.

Es evidente que atender a estas personas y garantizarles una pensión digna, es una responsabilidad del Estado. Lo que ocurre es que esta responsabilidad ahora no se quiere asumir y por esto se buscan excusas de todo tipo.

Durante años, los ingresos de la Seguridad Social han sido suficientes para atender sus obligaciones con los pensionistas e incluso se ha acumulado un excedente, que mayoritariamente ha sido invertido en deuda pública. La Seguridad social, por lo tanto, no sólo no ha generado el déficit presupuestario sino que ha ayudado a financiarlo.

Es cierto que en determinadas situaciones, los ingresos recaudados con las cotizaciones pueden ser insuficientes. Pero llegado a este extremo, el gobierno siempre puede aprobar una transferencia de dinero hacia la caja única con lo que se crearían las condiciones necesaria para pagar todas las pensiones. De hecho, resulta difícil imaginar que esta transferencia superara, en ningún caso, a las astronómicas cantidades en concepto de intereses, que el Estado está pagando ahora por su deuda pública.

La riqueza material de un país, depende, en último extremo, de la cantidad de bienes y servicios que es capaz de producir. Con el tiempo, el crecimiento de la productividad proporciona los medios necesarios para mejorar el nivel de vida, ya que permite que la población pueda acceder a más recursos trabajando el mismo número de personas con el mismas número de horas o incluso menos.

Por otra parte, si analizamos la situación demográfica a nivel internacional descubriremos que nunca en la historia de la humanidad la población había sido tan numerosa y nunca fue tan fácil desplazar a las personas de un lugar a otro. Desde este punto de vista, el llamado problema intergeneracional no existe.

Pero si tenemos en cuenta que la nuestra es una economía capitalista, entonces las cosas se complican.

Bajo este sistema los patronos usan todos los métodos a su alcance para reducir los salarios, incluso en los llamados buenos tiempos.
De hecho, no existe, como algunos dicen, falta de mano de obra joven para sustituir a los trabajadores que se jubilan y financiar sus jubilaciones. Existe justamente lo contrario: un gran ejercito industrial de reserva compuesto por personas de todas las edades, sexos y profesiones.

El problema no proviene del envejecimiento de la población en los países del centro. El problema está en que los empresarios han utilizado y utilizan la deslocalización junto con la tecnología y la explotación de los trabajadores inmigrantes para promover un empeoramiento de las condiciones laborales y un recorte de los derechos adquiridos, incluyendo el derecho a una pensión digna.

Existe aún otro elemento a tener en cuenta:  el capitalismo tiende a mercantilizar todo aquello que las personas necesitan y que pueda reportar un beneficio. Esto forma parte de su ADN. Las pensiones y la atención sanitaria, pueden reunir estos requisitos. Por esto se busca eliminar su actual contenido público para convertirlas en mercancías.

DEL PACTO DE TOLEDO AL PACTO CON LOS MERCADOS

El Gobierno ultima el Decreto-Ley de reforma del sistema de pensiones, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo mes de enero. Esta nueva normativa comporta la inclusión de dos nuevos instrumentos: el “factor de revalorización de pensiones”, vigente a partir del 1 de enero de 2014, y el llamado “factor sostenibilidad”, que empezará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2019. Esta regulación se une a la primera reforma del sistema operada por la Ley 27/2011. Con aquélla se estableció el aumento de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. También se estableció la entrada en vigor del factor de sostenibilidad para los años 2027/32, como mecanismo llamado a revisar, entonces, el efecto del aumento de la esperanza de vida en el sistema.

El Gobierno, con el nuevo Real Decreto que entra en vigor el 1 de enero, adelanta la entrada en vigor de este mecanismo al año 2019, de forma unilateral y sin consenso político ni social. No han faltado enmiendas al proyecto de ley, y desde la oposición se ha afirmado que “el Go­bierno del PP utiliza la crisis para acelerar al año 2019 la entrada en vigor del factor sostenibilidad, cosa que no está objetivamente justificada, puesto que no es hasta 2027 y 2032 cuando se prevé un aumento del gasto en pensiones derivado de la incorporación de las generaciones del baby boom”, según el grupo Izquierda Plural.

La decisión unilateral del Gobierno de acometer la reforma se ha calificado desde diferentes sectores como el “fin del Pacto de Toledo”. Este compromiso se suscribió hace 18 años para asegurar que las decisiones que afectan a la preservación del sistema público se toman de forma consensuada entre todas las fuerzas políticas y agentes sociales presentes en cada periodo; sin embargo, durante el trámite parlamentario de la última reforma, la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, no hizo ninguna alusión al Pacto de Toledo.



Las más prejudicadas

La población activa que accedió al mercado de trabajo a partir de los años ‘90 “será la más perjudicada” por esta revisión de la reforma, afirma Desiderio Martín Corral, sindicalista de CGT. La dinámica laboral de estos trabajadores se define por la ausencia de “carreras continuadas de cotización en el régimen de la Seguridad Social, lo que se materializa en contrataciones temporales e intermitentes”. Esto supone que estos trabajadores van a tener que recibir una pensión asistencial, ya que “es imposible que coticen 37 años”, explica Martín Corral, quien considera, además, que este sector de la población “ha crecido con la cultura interiorizada de que no van a cobrar jubilación, lo que se traduce en una falta de solidaridad para luchar en este momento por la defensa del sistema de pensiones”.

En el caso del sector de la población jubilada, desde Comisiones Obreras se ha realizado el cálculo estimado del impacto que la nueva fórmula de revalorización de las pensiones va a causar. “Un empobrecimiento de un mínimo del 12% del poder adquisitivo y, en los peores casos, de hasta un 28%”, señalan desde el sindicato. La pérdida de poder adquisitivo viene del abandono del Índice de Precios al Consumo (IPC) como referencia para la actualización de la prestación. Lo alarmante de esta previsión realizada desde el sindicato es su aplicación en el actual escenario: a día de hoy, el 51,8% de la población jubilada ya no llega al salario mínimo interprofesional y 2,3 millones personas tan sólo perciben una pensión asistencial de 330 euros al mes.

En este momento, el Gobierno centra sus esfuerzos en intensificar los argumentos que traten de justificar la idoneidad de la reforma operada. La disminución de tres millones de cotizantes en el régimen de la Seguridad Social; que en el año 2010 hubiera más de cuatro personas empleadas por cada pensionista y que en el 2049 se prevé que haya “sólo” 1,75 por cada pensionista, o que el sistema actual de pensiones “no puede mantenerse por la situación demográfica” son los principales mensajes que se emiten para justificar la reforma del sistema. Desde esas posiciones, se tacha de “irrelevante” que actualmente el fondo de pensiones tenga superávit y que su fondo de reserva alcance el 6% del PIB.

“Las pensiones se sustentan con cualquier tipo de partida presupuestaria y no sólo con las cotizaciones”, subraya Desiderio Martín, quien señala que “el artículo 50 de la Constitución española obliga al Es­tado a tener recursos suficientes para pagar pensiones y revisarlas periódicamente. Por ello, considera que es irrelevante la bajada del número de cotizaciones en el régimen de la Seguridad Social como argumento. Por su parte, Vicenç Navarro, catedrático de Ciencias Políticas y So­ciales de la Universidad Pompeu Fa­bra de Barcelona, en su reciente libro 'Lo que debes saber para que no te roben la pensión', hace referencia a la bajada en el número de trabajadores con la situación de la producción agrícola: “Si hoy con menos trabajadores en el sector agrícola se producen más alimentos, el mismo cálculo se puede aplicar en el caso de las pensiones”, puesto que “el aumento inevitable de la productividad de un número menor de trabajadores puede sostener, e incluso expandir, las pensiones sin ningún problema”. Para Navarro, “la viabilidad de las pensiones no es una cuestión demográfica o económica, sino política”.

A la hucha privada

Desiderio Martín, de CGT, calcula que la reforma de las pensiones va a suponer una trasferencia de más de 200.000 millones a fondos privados de pensiones. Los datos estadísticos ya reflejan que el patrimonio de los planes de pensiones privados aumentó alrededor de 1.100 millones hasta junio, y en el último trimestre ha alcanzado ya los 1.997 millones. Al principio los planes en Estado español tenían una aportación media individual de 1.926 euros y el año pasado habían aumentado hasta los 6.519 euros.

Otra forma paralela de incentivar el ahorro privado frente al sistema público de pensiones es la puesta en marcha por el Gobierno de una normativa que tiene como objetivo reducir las comisiones y cargos de gestión de estos planes de pensiones privados: de un 2% se pasa a un 1,5% y de un 0,5% al 0,25% para su gestión. Estas propuestas, anunciadas el pasado mes de noviembre, vienen a dar respuesta a las pretensiones que se hacían desde la Patronal de las Instituciones de Inversión Colectiva (Inverco) como medida para incentivar la contratación de fondos de pensiones privados.

Para CC OO, “los sistemas complementarios de pensiones, llamados fondos de pensiones, como alternativa al régimen general de la Seguridad Social, son un error”. Desde este sindicato se remarca que se ha demostrado en esta crisis que, a diferencia de los fondos de inversión privados, que padecieron los efectos de la crisis desde el primer minuto, el sistema de la Seguridad Social está padeciendo los efectos de la crisis después de cinco años, cuando la pérdida de empleo y de cotizantes ha sido masiva. “Por si fuera poco, los planes de pensiones invierten sus fondos en activos de los mercados financieros, cuya rentabilidad depende de las condiciones que haya en los mercados en ese momento”, afirma el economista Juan Ariza Martín. Para Ariza, llama la atención que las cotizaciones sociales se tilden como ‘impuesto’ mientras las aportaciones a planes de pensiones privados son calificadas de ‘ahorro’.

Elena Idoate, economista del semanario Taifa, considera que “de lo que se trata es de desposeernos de un ahorro colectivo y público, que no está al servicio del capital, para potenciar un ahorro privado que permita al capital financiero ir invirtiendo en los mercados y generar un beneficio privado”. Para Idoate, esta reforma supone “desmantelar lo público, lo que tenga que ver con la solidaridad y los derechos sociales, para convertirnos en una sociedad más desigual e individualista”. En la misma línea se afirma Adoración Gua­mán, quien declara que “se trata de una reforma neoconservadora y que sólo los que tienen rentas elevadas pueden permitirse inmovilizar una parte de sus rentas durante unos años en un fondo de pensiones privado”. Desde diferentes sectores se estima que las medidas en materia de pensiones deberían ir encaminadas a aumentar los fondos de la Seguridad Social.

Abc de la reforma

2014. Entra en vigor el “índice de revalorización de las pensiones”: se actualizan al margen del IPC un mínimo del 0,25% y como máximo un 0,5 más el IPC de ese año. Edad de jubilación: 65 años y dos meses si no se tienen 35 años y seis meses cotizados. Se computan los últimos 17 años.

2015-2018. La edad de jubilación en 2015 será 65 años y tres meses si no se tienen 35 años y nueve meses cotizados y se computan los últimos 18 años. A partir de ahí, cada año aumentará un mes la edad de jubilación (65 años y cuatro meses en 2016). Aumentará tres meses el mínimo de tiempo cotizado y un año el cálculo de cómputo. De esta forma, en el año 2018 la edad de jubilación será de 65 años y seis meses si no se tienen 36 años y seis meses cotizados, y se computarán los últimos 21 años.

2019. Entra en vigor la aplicación del “factor de sostenibilidad”. Se calcula la cuantía de la pensión de una sola vez y en función de cuál sea
la esperanza de vida en ese momento. A mayor esperanza de vida, menor cuantía de pensión. La edad para jubilarse y cobrar el 100% de la pensión es de 65 años y ocho meses si no se tienen 36 años y nueve meses cotizados, y se computan los últimos 22 años.

2020-2026. En 2020, la edad de jubilación será de 65 años y 10 meses si no se tienen 37 años cotizados, y se computan los últimos 23 años. A partir de ese año, la edad para jubilarse aumentará dos meses cada año, y el mínimo para optar a la jubilación anticipada aumentará tres meses por año, de forma que en 2021, la edad mínima será 37 años y tres meses. El cálculo para el cómputo de la pensión aumentará hasta 25 años en 2022 y permanecerá así hasta 2027.

2027. Para cobrar el 100% de jubilación se exige tener 67 años si no tienes cotizados 38 años y seis meses y se computan los últimos 25 años.

Acuerdo empresa y trabajador. La edad mínima para acceder a esta prestación es de 63 años y se tiene que haber trabajado un mínimo de 33 años.  

Voluntaria. La edad mínima para cobrar esta pensión es de 65 años y se tiene que haber trabajado 35 años.

Jubilación parcial. La edad para acceder a ella es de 63 años (habiendo cotizado 36,6) o de 65 (habiendo cotizado 33). 

Recorrido de la reforma en los tribunales

Desde diferentes instancias judiciales, entre las que destacan las resoluciones del Juzgado Social número 1 de Burgos y la del Juzgado Social número 4 de Donosti, se invalidó el nuevo sistema de cálculo establecido con el Real Decreto Ley 28/2012, de 30 de noviembre, por considerar que era contrario al artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece la obligación de revalorización anual de las pensiones según el IPC. Paralelamente, diferentes frentes plantearon ante el Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad del Decreto porque la decisión de la norma de no actualizar y revalorizar las pensiones en función del IPC de noviembre de 2012 incumpliría preceptos constitucionales. El recurso fue admitido a trámite y se encuentra pendiente de resolución.

CIEN AÑOS DE LA GRAN GUERRA

  • En 2014 será el centenario de la primera guerra química y la última con caballos
  • Setenta millones de soldados cavaron miles de kilómetros de trincheras
  • Dejó 10 millones de muertos
  • Repasamos en 30 claves la Gran Guerra que cambió nuestro mundo


Comenzó el 28 de julio de 1914 y terminó el 11 de noviembre de 1918. En esos cuatro años, las principales potencias militares del mundo se enrocaron en una contienda de una atrocidad sin precedentes: surgieron los lanzallamas, los zepelines, los bombardeos aéreos, las armas químicas... La neutralidad española fue un gran negocio: una riada de metales preciosos llegó a las arcas de los comerciantes. En realidad, todo se gestó dos años antes, cuando en Alemania ya atronaban los primeros tambores de guerra...

EL ORIGEN PRIVADO DE LOS BANCOS CENTRALES

Uno de los secretos mejor guardados es el origen privado de los bancos centrales. Esta es la clave del nacimiento del sistema financiero que hoy tiene al mundo de rodillas. Y el hecho es que tanto la Reserva Federal, como el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo o el Banco de Pagos Internacionales son instituciones privadas.
El primer Banco Central de Estados Unidos (1791-1811) nació para hacer frente a las deudas de guerra. Este banco fue creado por Alexander Hamilton, Secretario del Tesoro del Presidente George Washington, quien aplicó la experiencia desarrollada en la fundación del New York Bank en 1784...



BESTIARIO : FELIPE GONZALEZ

Felipe González ha pasado a la historia como rey de las cloacas, señor de las alcantarillas, plenipotenciario de los desagües, emperador de los albañales. Sus frases escatológicas (“Aznar y Anguita son la misma mierda”, “El Estado de derecho también se defiende en las alcantarillas”, “El Estatuto de Cataluña es una cagada porque Zapatero es una mierda”) revelan una inequívoca vocación por lo pútrido, lo hediondo y lo infecto. El adalid del cambio no era tan sólo un político hábil y marrullero, sino un prodigioso alquimista que transformó la inmundicia franquista en inmundicia democrática. Para conseguir este milagro, empleó una fórmula magistral: unas gotas de socialdemocracia, grandes dosis de pasión neoliberal, la persuasiva retórica de un comerciante acostumbrado a vencer las formas más insólitas de resistencia y el ingenio de un tahúr que esconde un Colt debajo de la mesa, mientras despluma a sus rivales con una bajara de naipes marcados.

Desde niño, Felipe González soñó con bajar a las alcantarillas e inspeccionar sus aguas, embriagándose con su olor a letrina. Algo le decía en su interior que en ese mundo de hedores, turbulencias y penumbras, se hallaba el verdadero poder, ese cetro invisible que determina el rumbo de la historia. Se imaginaba a sí mismo con botas de pocero, un casco y una lámpara, adentrándose en un territorio, donde estorba moral y los principios sólo son argucias para sobrevivir. Ser el príncipe de las tinieblas le parecía mucho más seductor que ser un bobo idealista. Sabía que le esperaba un largo camino y que no llegaría muy lejos sin dotes de comediante, capaz de fingir, aturdir, enredar y seducir. En los sesenta, se apuntó a la pana, el pelo moderadamente largo, los vaqueros de campana y la canción-protesta. Aprendió a cerrar el puño, lanzar arengas y argumentar como un leguleyo curtido en mil batallas judiciales. Se tomó ciertas molestias que consideró ineludibles: participar en manifestaciones ilegales, conocer las dependencias policiales en calidad de detenido, escuchar resignadamente a Mercedes Sosa, hojear ostentosamente El Capital y leer con aparente arrobo a Julio Cortázar. Nunca le gustó Rayuela, pero entendió que un estudiante de derecho antifranquista debía pasearse con una novela experimental debajo del brazo y no ser descubierto con su lectura favorita: Los complots del gran visir Iznogud. Ambicioso, ladino y traicionero, Iznogud era su personaje de ficción favorito y su inequívoco modelo. Aunque González no hablaba inglés, le agradaba saber que el nombre de Iznogud había surgido de un juego de palabras: “He’s no good”. Aún no había descubierto a Nicolás Maquiavelo, el diplomático florentino que iluminaría sus largas noches como Presidente del Gobierno, y los Hermanos Malasombra le parecían demasiado ingenuos, pese a su indudable iniquidad. En cambio, Iznogud se le antojaba insuperable, con sus alfombras voladoras, sus genios embotellados y sus brebajes mágicos. “Ser califa en lugar del califa” era un bonito sueño, pero se conformaba con ser un pocero, un mago que hace desaparecer la porquería con cal viva y perfuma el ambiente con su sonrisa de mercader deshonesto.

Sus ilusiones comenzaron a materializarse cuando se convirtió en Isidoro y escaló hasta el Comité Ejecutivo del PSOE. Era un paso importante, pero insuficiente. El famoso congreso de Suresnes en 1974 sería su 18 de Brumario. Escoltado por el general José Faura, agente del SECED, el servicio de inteligencia creado por el almirante Carrero Blanco, logró desbancar a la vieja guardia, acusándola de conspirar contra la civilización occidental, con su estalinismo trasnochado. Su pretensión era reinventar el PSOE, extirpando cualquier tendencia utópica y revolucionaria, pero sin despilfarrar las palabras mágicas “socialista” y “obrero”, excelentes cebos para los incautos. Felipe González entendía que aceptar el apoyo del SECED no constituía una traición ni un signo de oportunismo, sino un gesto de madurez y pragmatismo, que serviría de inspiración en el futuro. En 1994, Faura sería recompensado con el cargo de Jefe del Estado Mayor del Ejército. Por supuesto, no hay ninguna relación entre su nombramiento y el golpe de mano de Suresnes. Simplemente, las distintas etapas de la historia se comunican como los canales de una red de alcantarillado. Algunos se obstinaban en no comprenderlo, pero Felipe González ya lo tenía muy claro en 1979, cuando dejó una frase para la posteridad: “Marxismo o yo”. El tiempo demostraría que “marxismo o yo” significaba sí a la OTAN, sí al terrorismo de Estado, sí al encarcelamiento de insumisos, sí a la precariedad laboral, sí a los contratos basura, sí a la reconversión industrial, sí a la guerra contra Irak, sí a la inmolación del pueblo saharaui, sí a la corrupción, sí a la tortura y sí a la dispersión penitenciaria. “Marxismo o yo” significaba renunciar a las veleidades republicanas y rendir vasallaje al Borbón rijoso, beodo y botarate. Por descontado, Felipe González era más inteligente que Iznogud. Por eso, dejó al califa ser califa y no fantaseó con coronarse emperador. Se contentó con pequeños gestos simbólicos, como realizar una excursión de pesca con el Azor, el yate preferido de Francisco Franco. Sólo fue una pequeña debilidad, que no puede empañar su profunda comprensión de los asuntos de Estado. De hecho, su gran capacidad política se puso de manifiesto en su premura por halagar y mimar al califa con automóviles de lujo, motocicletas de gran cilindrada, aviones, helicópteros, barcos y un auténtico harén, con actrices, cupletistas, vedettes y strippers. Por supuesto, todo a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Es mejor ser pocero que ser califa, pues el pocero es un verdadero demiurgo, que esculpe su época desde el subsuelo. Los años ochenta y la primera mitad de los noventa siempre tendrán la marca de Felipe González. Es un período de rufianes, arribistas, bellacos, bribones, alcahuetes, granujas y timadores. González reclutó para su guardia pretoriana a los canallas más conspicuos y desalmados: Barrionuevo, un carlista con la piel estragada por la viruela y aficionado a resolver los problemas, enterrándolos dos metros bajo tierra; Solchaga, un tahúr que impulsó la cultura del pelotazo (“España es el país donde es más fácil enriquecerse en menos tiempo”) y confraternizó con los criminales de cuello blanco; Miguel Boyer, amante de las villas ostentosas, lector empedernido del Hola e implacable cruzado contra la clase obrera; José Bono, nostálgico del yugo y las flechas, propietario de un rico patrimonio de origen turbio, españolista histérico y gran admirador del inmundo Manuel Fraga; Enrique Múgica, enredado en la trama del 23-F e inverosímil Defensor del Pueblo; Rubalcaba, embaucador incansable, conspirador discreto, parlanchín con tendencia al sermón moralizante, superviviente nato. La lista de villanos sería inacabable y tediosa, pero no quiero dejar de mencionar ciertos nombres, particularmente los de los facinerosos que se encargaron del trabajo sucio: José Amedo, Rodríguez Galindo, Luis Roldán, Vera, Sancristobal, Corcuera, Damborenea, Elgorriaga. Ninguno de estos malhechores se caracterizaba por su inteligencia o finura. Luis Roldán era un vulgar ladrón, torpe y sin imaginación. Amedo, antiguo inspector de la Brigada Político-Social, pasaba la mayor parte del tiempo en locales del alterne, presumiendo de sus hazañas, con una mano en la bragueta y la otra ocupada en sostener un vaso de whisky barato. Corcuera era un lunático, que resolvía los dilemas morales y legales con una patada en la puerta, y Damborenea un visionario, que acusaba a Amnistía Internacional de boicotear los interrogatorios de la Guardia Civil, cuestionando su derecho a propinar bofetadas, patadas y, de vez en cuando, una inofensiva descarga eléctrica. Todos eran rematadamente estúpidos y perversos, pero sus perfidias disfrutaban del tupido paraguas de Felipe González, un artista del engaño, el fraude y la superchería. Cuando Iñaki Gabilondo le preguntó en una famosa entrevista televisiva si sabía algo sobre los GAL, González respondió con indignación: “Nada, salvo lo que he leído en la prensa”. Desmintió que fuera Mr. X y repudió las acusaciones, asegurando que todo eran calumnias. “Falso, radicalmente falso. Mienten. Falsean la realidad”. Gabilondo arqueó las cejas con incredulidad y Felipe le fulminó con una mirada digna de Fu Manchú. Los creadores de mitos dicen que se limitó a seguir el lema de su adorado Maquiavelo: “Yo no digo nunca lo que creo, ni creo nunca lo que digo, y si se me escapa alguna verdad de vez en cuando, la escondo entre tantas mentiras, que es difícil reconocerla”.

Felipe González perdió su puesto de Pocero Mayor del Reino en 1996, reemplazado por José María Aznar, un verdadero prócer, que ejerció un hiperliderazgo de tintes sobrenaturales. “Yo soy el milagro”, exclamó el pequeño cesar, encaramado sobre sus zapatos con alzas invisibles. España siempre ha tenido suerte con sus gobernantes, grandes hombres que han dejado una huella imborrable. Después del aznarismo, vino el zapaterismo y ahora el marianismo, que lucha con denuedo contra rojo-separatistas, perroflautas, antisistema y altermundistas. Pero ¿qué ha sucedido en estos años con Felipe González? ¿Echa de menos las alcantarillas? ¿En qué se ha convertido? Increíblemente, en un “jarrón chino”. Con la ternura de un verdugo jubilado, ha explicado su insólita transformación: “Soy como un jarrón chino en un apartamento chiquito. Como se supone que es valioso, nadie se atreve a romperlo, pero estorba en todas partes”. Pobre jarrón chino, que acumula ganancias millonarias como asesor de magnates, políticos y empresarios. Su abultada fortuna personal convive con su sueldo vitalicio de ex presidente, una prebenda que estableció antes de abandonar La Moncloa para asegurar su vejez. Se codea con los grandes: Henrique Capriles, cruzado antichavista y valedor de las oligarquías; Carlos Slim, prestidigitador de los negocios sucios y uno de los hombres más ricos del mundo, y Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, narcotraficante y asesino de masas. Emprendedor infatigable, Felipe González cobra unos 125.000 euros al año como asesor de Gas Natural. A pesar de su éxito como hombre de negocios, su vocación política no ha desaparecido. Cuando hace poco unos felones realizaron escraches contra políticos del PP, reaccionó con ese afán justiciero que siempre le ha acompañado: “¿Por qué un niño va a tener que aguantar una presión en la puerta de su casa?”. Es evidente que los escraches son terrorismo. Se trata de una acción mucho más violenta y despiadada que desahuciar a un menor, un aciano o un discapacitado. ¿Por qué los talibanes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no toman ejemplo de los votantes del PP, que pasan hambre antes que cometer la villanía de no pagar una letra?  Felipe González, que se define como “un cristiano con minusvalías”, considera que la solución de todos los males consistiría en imitar a los Estados Unidos, donde puedes morir apuñalado en el metro, pero disfrutando hasta el último estertor de una reconfortante libertad. Al igual que a Millán Astray, le preocupa que los anhelos independentistas de Catalunya y Euskal Herria mutilen la indisoluble unidad de la Nación española. En cuanto al paro, coincide con la patronal. La verdadera tragedia de nuestra sociedad es que nadie quiere trabajar. Por eso, se deben vincular los salarios a la productividad o nos convertiremos en “un rincón de Eurasia”, con ridículas pretensiones de igualdad y solidaridad. Es evidente que tanta sabiduría no debe caer en saco roto. La Fundación Felipe González, creada y presidida por Felipe González, se dedicará a estudiar su trayectoria personal, profesional, política e institucional. Es una gran noticia que enseña al mundo la trascendencia de los poceros, infravalorados fontaneros del Estado.

Felipe González sigue fumando puros superlativos y cuidando bonsáis. Al mirar hacia atrás, piensa con melancolía en la graciosa ondulación de las aguas fecales. Sigue amando el subsuelo, pero agradece su jubilación, pues ya no tendrá que sufrir los baños de multitudes (nunca aguantó el contacto personal con la chusma) ni soportar que le llamen “Felipe”, un gesto de confianza que jamás le agradó. Hace unos días, un periodista se atrevió a escarbar en su intimidad y le preguntó si desearía ser recordado como un nuevo Adriano, el emperador humanista y helenófilo que inspiró una excelente novela a Margarite Yourcenar: “Miré usted –contestó con su inconfundible acento sevillano-. Cité la obra de Yourcenar para quedar bien. El que a mí me gusta de verdad es Iznogud. Me río mucho con sus álbumes. Yo nunca quise ser califa en lugar del califa, pero entiendo su ambición y sus artimañas”. “No le comprendo”, comentó el periodista. “¿Desea ser recordado como una especie de Iznogud?” “Eso es. A mí no me gusta el poder, lo que me gusta es mandar y eso sólo lo consigue un visir. Mandar con las botas y no con los votos. No me interprete mal. Se lo digo sin acritud”. El periodista, estupefacto, le hizo una última pregunta: “¿Añadiría alguna frase? ¿Algo que resuma su visión del mundo?”. “Sólo dos palabras”, respondió González. “Por consiguiente…” Después se alejó, pensando que sus restos merecían un Mausoleo más grande que El Valle de los Caídos. ¿Cuál será el lugar que reservará la Historia a Felipe González? Indudablemente, una letrina. A veces, los sueños se hacen realidad.

Rafael Narbona: Escritor y critico literario

LA LISTA DE FRANCO PARA EL HOLOCAUSTO

Al final de la II Guerra Mundial, el régimen de Franco intentó con relativo éxito confundir a la opinión pública mundial con la fábula de que había contribuido a la salvación de miles de judíos del afán exterminador nazi. No solo era falso lo que la propaganda franquista pretendía demostrar. En la España del dictador hubo la tentación de contribuir a acabar con el "problema judío" en Europa.

La paciente labor de un periodista judío, Jacobo Israel Garzón, ha conseguido que aflorara el único documento conocido sobre el asunto, conservado por obra de la casualidad en el Archivo Histórico Nacional, y proveniente del Gobierno Civil de Zaragoza. Lo publicó en la revista Raíces. A partir de ese trabajo, EL PAÍS ha continuado la indagación y ha reconstruido la historia completa de la frustrada colaboración con el Holocausto. Quiénes fueron sus protagonistas y sus cómplices. Una historia que cambia la Historia.

El 13 de mayo de 1941, todos los gobernadores civiles españoles reciben una circular remitida el día 5 por la Dirección General de Seguridad. Se les ordena que envíen a la central informes individuales de "los israelitas nacionales y extranjeros afincados en esa provincia (...) indicando su filiación personal y político-social, medios de vida, actividades comerciales, situación actual, grado de peligrosidad, conceptuación policial". La orden la firma José Finat Escrivá de Romaní, conde de Mayalde, el último día de su permanencia en el cargo, porque va a ser relevado por el coronel Galarza. De ese puesto va a saltar en pocos días al de embajador de la España de Franco en Berlín.




El conde es un personaje refinado y culto, y muy amigo de Ramón Serrano Suñer, el hombre fuerte del régimen [fue ministro de Interior y Asuntos Exteriores], que es quien le va dando los distintos cargos que ostenta. Ha prestado grandes servicios a Serrano y a Franco, como el de organizar a los policías que, en connivencia con el embajador Lequerica y la Gestapo, utilizando a un siniestro policía de apellido Urraca, consiguió traer a Companys y Zugazagoitia a España para sufrir una burla de juicio y ser fusilados.

José Finat hizo buenas migas con Himmler cuando este visitó España en octubre de 1940. Himmler pudo asistir a un espectáculo que le pareció cruel: una corrida de toros en Las Ventas. En esos días, ambos pusieron al día una vieja colaboración firmada por el general Severiano Martínez Anido en 1938. Gracias a ese acuerdo, la policía política alemana goza de status diplomático en España, y puede vigilar a sus anchas a los treinta mil alemanes que viven aquí.

Dentro de poco más de un mes, Finat va a ocupar su cargo de embajador en Berlín. Allí podrá entregar en persona a Himmler sus listas de judíos. Si España entra en la guerra, serán un buen regalo para los nazis. Antes va a tener tiempo suficiente para dar una paliza y emplumar por maricón a un cantante, Miguel de Molina. Le ayudará el falangista Sancho Dávila, primo del fundador del partido fascista.

El objetivo del Archivo Judaico no consiste en defender al régimen de la posible acción subversiva que puedan realizar los refugiados que pasan por España huyendo de la persecución nazi. Esos son conducidos directamente a Portugal para que se marchen a Estados Unidos, o internados en el campo de concentración de Miranda de Ebro hasta que se sepa qué hacer con ellos. De lo que se trata, sobre todo, es de tener controlados a los judíos españoles de origen sefardí:

"Las personas objeto de la medida que le encomiendo han de ser principalmente aquellas de origen español designadas con el nombre de sefardíes, puesto que por su adaptación al ambiente y similitud con nuestro temperamento poseen mayores garantías de ocultar su origen y hasta pasar desapercibidas sin posibilidad alguna de coartar el alcance de fáciles manejos perturbadores".

El trabajo no va a ser fácil por esa capacidad de adaptación que tienen los judíos. Sobre todo en lugares que no sean como Barcelona, Baleares y Marruecos, donde había antes de la guerra "comunidades, sinagogas y colegios especiales", y eso permite una mayor facilidad de localización.

La circular no oculta la urgencia de la acción. Hay que proteger al Nuevo Estado de la posible actuación de estos individuos, que son "peligrosos".

El coronel Valentín Galarza está poniendo patas arriba el ministerio que le ha dejado Serrano Suñer, infestado de falangistas revolucionarios. Pero no va a destrozar toda la obra de su antecesor. El Archivo Judaico se va a seguir completando con carácter de urgencia al principio y con metódica seriedad después.

¿No son acaso los judíos y los masones los enemigos fundamentales del Nuevo Estado?

Cuando haya pasado el tiempo, el Archivo Judaico será ocultado y sistemáticamente destruido, como toda la documentación comprometedora para el régimen franquista en relación con la persecución antisemita realizada en los años cuarenta. Cuando deje de ser urgente tener listas completas de israelitas y haya que justificar la patraña de que el régimen surgido del 18 de julio ayudó en todo lo posible para que se salvaran muchos judíos de la persecución nazi.

En mayo de 1941, cuando se envía la circular, resulta muy significativa la desaparición de las guardias de falangistas de la puerta del Ministerio de la Gobernación. Ya no se trata de que la represión la lleve la Falange por su cuenta, como si fuera un poder autónomo del Estado. Se trata de que el Nuevo Estado asume comportamientos que le identifican con los de la Alemania nazi, pero mediante las instituciones tradicionales, o sea, en este caso, la Policía y la Guardia Civil. Eso sí, "auxiliados por elementos de absoluta garantía".

Esos elementos son falangistas entusiastas de la represión, que hay muchos. Porque continúa en funcionamiento la Delegación Nacional de Información e Investigación, con sedes en muchos municipios españoles. Hay más de tres mil agentes del partido repartidos por toda la geografía nacional, que elaboran sin descanso expedientes sobre sospechosos. En el año anterior han escrito más de ochocientos mil informes y han elaborado fichas sobre más de cinco millones de ciudadanos. Los miembros de las delegaciones hacen informes constantes sobre la situación política en cada lugar, sobre el estado de la opinión pública, y sobre los antecedentes políticos de cualquier ciudadano que aspira a un puesto de trabajo. Y tienen el privilegio de participar en interrogatorios policiales y torturas en comisarías o cuartelillos.

A veces, fuera de las dependencias judiciales. El ricino y las palizas callejeras están a la orden del día.

Con el cambio de destino del conde de Mayalde, los falangistas dejan de ser los que encabezan este tipo de investigaciones, pero están. Siguen estando.

Los investigados para el Archivo Judaico no son gente de especial relevancia. Salvo en algún caso, como el del escritor Samuel Ros, amigo íntimo del revolucionario Dionisio Ridruejo, cuya condición de judío levantará las inquietudes de los funcionarios nazis instalados en España. Se da la circunstancia de que Ridruejo es también muy amigo del conde, con el que va a compartir muchas jornadas en Berlín durante su discontinua presencia en la División Azul, el contingente español que va a marchar a Rusia a luchar contra el comunismo a las órdenes del general Agustín Muñoz Grandes.

Los hombres de Himmler, a los que el conde de Mayalde ha dado el estatus oficial para que se muevan con soltura por el país, reclaman a la Policía española que les dé detalles sobre las actividades de Samuel Ros. Incluso se atreven a protestar porque se le permita escribir en medios oficiales como el diario falangista Arriba.

Otra de las circunstancias llamativas de la circular es que rompe con el antijudaísmo clásico de la católica España. Para la Iglesia, y por tanto para el régimen nacional católico amparado por los cardenales Pla i Deniel y Gomà, un judío deja de serlo si se convierte al catolicismo. Los nazis consideran que se trata de una raza, y el conde de Mayalde expresa claramente su concepción próxima a la de los seguidores de Hitler: los sefardíes, que por "su adaptación al ambiente y su similitud con nuestro temperamento poseen mayores garantías de ocultar su origen". Hay un temperamento español y un origen judío.

La fecha en que se emite la circular tampoco es casual. En España se debate desde hace meses la posibilidad de que el país entre en guerra al lado de Alemania. Y los más furibundos partidarios de esta opción son los falangistas revolucionarios, los nacionalsindicalistas que admiran a Hitler y comprenden su política de liquidación del judaísmo.

En Francia, las autoridades de Vichy han puesto en marcha, sin necesidad de que los ocupantes alemanes se lo pidan, un Estatuto Judío que incluye un censo. Ya hay muchos miles de judíos franceses o apátridas recluidos en campos de concentración en la zona de Vichy y en la zona ocupada. En todos ellos la autoridad le corresponde a la policía francesa. De esos campos saldrán los trenes de la muerte que conducirán a casi todos los judíos franceses al exterminio en Auschwitz.

El más importante está al lado de París, en una localidad llamada Drancy, donde catorce sefardíes españoles han sido recluidos. Un diplomático llamado Bernardo Rolland de Miota, cónsul general en París, intenta, contra las órdenes del embajador Lequerica y del ministro Serrano Súñer, salvarles. No lo consigue, aunque sí puede actuar a favor de otros dos mil que reciben protección de su consulado. Serrano Suñer le hará pagar por su desobediencia destinándole a un oscuro puesto africano. Será declarado por la Fundación Wallenberg "justo entre las naciones", un título al que se harán acreedores otros diplomáticos españoles, como Sebastián de Romero, Eduardo Propper, Julio Palencia, Ángel Sanz Briz o Carmen Schrader.

»LA REUNIÓN DE WANNSEE. A las afueras de Berlín hay un plácido barrio de casas residenciales donde muchos berlineses de posición económica acomodada pasan los fines de semana. Antes para alejarse del estruendo de la gran urbe. Ahora para eludir la incomodidad de las alarmas aéreas. El barrio se llama Wannsee, y está construido a las orillas del lago del mismo nombre.

Allí se solazan y descansan los responsables de la Seguridad del Estado hitleriano. Los jefes de los Eisantzgruppen, estresados, se recuperan del pesado trabajo de matar en masa a tantos judíos, a tantos partisanos y comisarios bolcheviques. Lo hacen en una casa adquirida por la Seguridad del Reich, que dirige un asesino en masa llamado Reinhardt Heydrich.

Heydrich, el virtuoso violinista que, a las órdenes de Himmler, desarrolla la matanza de los judíos, ha hecho balance, y este no es nada bueno. Con gran esfuerzo y un enorme gasto de munición y recursos, se ha conseguido matar solo a un millón de judíos en números redondos, de los más de once que se calcula que están en los territorios del Reich o en las zonas conquistadas. Y lo que no cabe ya, a la vista de la reacción del Ejército soviético, que ha detenido la ofensiva sobre Moscú y Leningrado, es pensar en expulsar a todos los hebreos hasta los montes Urales para que allí se extingan.

Hasta octubre de 1941, se ha conseguido que quinientos treinta y siete mil judíos se marcharan de los territorios del Reich. Unos quinientos mil, de Alemania y Austria; los treinta mil restantes, de Bohemia y Moravia. Pero esta política está realmente acabada, porque trae muchos problemas, en plena guerra, negociar transportes, destinos e itinerarios.

Mientras a los de las repúblicas bálticas se les mata en bosques o se les enrola por la fuerza en destacamentos de trabajo, en Varsovia sigue habiendo un gueto poblado por decenas de millares de judíos polacos que absorben recursos alimenticios, que obligan a dedicar numerosas tropas a controlarles. No es barato liquidar el problema judío. Los responsables de cada área ocupada se las ven y se las desean para cumplir con una orden muy vaga, la de que cada uno se las tiene que arreglar para matar a sus judíos. Pero eso no es fácil. Hans Frank, el gobernador general de Polonia, ha mostrado su desesperación hace pocas semanas: "No podemos fusilar a esos tres millones y medio de judíos, no podemos envenenarles, pero tenemos que ser capaces de dar pasos para encontrar una forma de llegar al éxito en el exterminio".

Es 20 de enero y en el palacio de Wannsee, junto al lago de aguas cristalinas, Heydrich ha reunido a los quince mejores expertos en matanzas porque ha recibido la orden de poner de una vez en marcha la "solución final" de ese problema. Hay que tomarse en serio el asunto, y ordenar los métodos, convertir el empeño en un sistema industrial eficiente en resultados concretos y en términos de economía. Y la consigna debe carecer de elementos que permitan la duda. A partir de ahora está claro que lo que procede es matar a todos, absolutamente todos, los judíos que se encuentran en territorios del Reich o en zonas conquistadas. No solo en esas áreas, sino también en el resto de Europa. Porque quedan muchos judíos en países rendidos o aliados. En casi ninguno de ellos se va a encontrar ningún problema para aplicar la solución. Sí en Italia, que es un aliado dubitativo en este asunto, pero no hay quejas sobre la actitud de Francia.

Hitler ha hecho hincapié varias veces en su "profecía" de que, si se produjera una nueva guerra mundial, los judíos desaparecerían de la faz de la tierra. Ahora ya no puede haber vacilaciones. Ya hay una guerra mundial desde que Estados Unidos se han enrolado en ella. Dentro de diez días, en un sitio público, el Sportpalas de Berlín, el Führer va a insistir en ello: "Esta guerra no tendrá un final como imaginan los judíos, con el exterminio de los pueblos arios de Europa, sino que el resultado de esta guerra será la aniquilación de la judería. Por primera vez, la antigua ley judía será aplicada ahora: ojo por ojo y diente por diente".

No hay constancia documental de que en Wannsee se hable de España. Se hace notar, simplemente, que allí hay seis mil judíos. Pero su destino está claro, para cuando se pueda atender la relación con este país. Lo seis mil están censados por algún organismo del Gobierno, que ha pasado nota a los representantes alemanes en la Embajada de Madrid. El censo que inició el 5 de mayo de 1941 José Finat, conde de Mayalde, ahora embajador en Berlín. Están todos localizados.

Una compleja serie de razones impedirá que España entre en la guerra al lado de Alemania. Eso evitará que los nombres incluidos en el Archivo Judaico pasen a formar parte de los listados de Auschwitz.

A finales de 1945, los archivos de los ministerios de Gobernación y de Asuntos Exteriores serán expurgados para que no quede nada que demuestre que la mayor actitud de piedad de Franco hacia los judíos fue dejar pasar a algunos, o soportar en ocasiones la acción individual de los pocos diplomáticos que se la jugaron por salvar vidas humanas.

El Archivo Judaico habría sido un hermoso regalo para Hitler. Su conservación, una repugnante prueba de lo que los falangistas de Ramón Serrano Suñer pretendían hacer con los judíos españoles.

El cinismo franquista llegó al extremo cuando tuvo que negociar con los aliados vencedores en la guerra la liquidación de las deudas con Alemania. La delegación española se atrevió, ante el escándalo de los representantes aliados, a pedir compensación por los daños patrimoniales causados por los nazis a los sefardíes de Tesalónica. El representante inglés McCombe tuvo que recordar en la reunión que España jamás había protestado por la persecución nazi contra sus compatriotas.

Autor: Jorge M. Reverte - El País

EL TRABAJO ESCLAVO COMO PILAR DEL FRANQUISMO

Al apuntar el término 'campo de concentración', el imaginario colectivo aterriza en los centros nazis de exterminio. Pero existe una parada preliminar: el uso del esclavo como pilar fundacional y vertebrador del franquismo. En suelo andaluz, unos 100.000 reclusos pasaron por alguno de los 55 recintos que sortearon la aniquilación física del adversario, como finalidad única, para convertirlos en mano de obra gratuita al servicio de empresas privadas e instituciones públicas.

Caso, paradigmático, del Ayuntamiento de Sevilla por los campos de concentración de El Colector, ubicado en la barriada de Heliópolis, y el de Las Arenas, en la cercana población de La Algaba. En el primero se tiró de trabajo forzado para una obra pública, y será señalizado para honrar la memoria de aquellos esclavos del franquismo. El segundo es una excepción: fue un centro de exterminio donde murió la mitad de su población reclusa.




Un sistema esclavista sin las cifras nazis 

Las cifras en España quedan, según las investigaciones realizadas, lejos del Holocausto provocado por la Alemania nazi y sus fábricas de la muerte. Aún así, el incipiente régimen franquista y la jerarquía circundante acumuló –sin contar los batallones de soldados– medio millón de personas en 180 campos de reclusión. Desde el mismo verano de 1936 se fundó un sistema esclavista, perfeccionado hasta alcanzar su máxima expresión con la creación del Patronato Nacional para la Redención de Penas por el Trabajo (PRPT).

Bien o mal, aquellos enjutos cuerpos apresados servirían incluso para obras faraónicas. Pero no sólo. También llevaron a cabo arreglo de calles, construcción de viviendas, recogida de cosechas o labores domésticas las mujeres, en situaciones no exentas de acoso sexual. Era, apuntan historiadores como José María García Márquez, la explotación planificada de los vencidos.

En estos campos de trabajo, explica García Márquez, "no murieron muchos presos ni tampoco en los batallones de trabajo, es más, murieron muy pocos". "La alimentación evitó esas muertes masivas", una "gran mortalidad" –especifica– que sí se dio en "prisiones, penales, cárceles y en campos de indigentes y mendigos".

Como en Las Arenas. Allí se recogían, cuenta, a "indigentes, mendigos, indocumentados o pobres, en general, que retiraban de las calles de Sevilla". Unos 300 reclusos (en 1941 y 1942) a los que, "sencillamente, los fueron dejando morir de hambre, uno tras otro sin que nadie moviera un dedo". La "escalofriante" cifra de muertos: 144. Un "porcentaje altísimo". Hoy, aquel edificio permanece aislado, en ruinas, cerca de un polígono industrial con el mismo nombre.

El campo de concentración de Heliópolis será señalizado 

De El Colector, sin embargo, no queda ni rastro. Más de 500 esclavos del franquismo construyeron el desagüe municipal de Heliópolis desde unas instalaciones que ocuparon terrenos propiedad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y la Autoridad Portuaria de Sevilla, y están cedidos al Consistorio sevillano. Prisioneros que hoy estarían a la sombra del puente del Quinto Centenario y cerca de la dársena del Puerto Este.

Hace años, el movimiento memorialista lanzó una petición –nace del grupo de trabajo de CGT-A– para colocar "una inscripción junto a un pequeño monumento" y honrar a aquellos "presos políticos". Un homenaje que, según fuentes consultadas por eldiario.es/andalucia, ha recibido el visto bueno de CHG y Ayuntamiento de Sevilla y se materializará una vez finalicen las obras del parque en construcción sobre el antiguo cauce del río Guadaíra.
¿Se construyó el régimen franquista sobre la fuerza del trabajo esclavo? "Es indudable", responde García Márquez. Partiendo del objetivo primario "de recluir a todas las milicias republicanas en campos de prisioneros", desde donde eran "clasificados", llegó al "uso masivo de trabajadores a unos costes ínfimos". El sueldo eran 2 pesetas al día y el sistema carcelario descontaba 1,5 en concepto de manutención y vestimenta.

Franco: "no se encontraría régimen tan justo, católico y humano"

Francisco Franco decía en su discurso ante el Consejo Nacional del Movimiento, año 1944: "Si se visitasen los establecimientos penales de los distintos países y se comparasen sus sistemas y los nuestros, puedo aseguraros sin temor a equivocarme que no se encontraría régimen tan justo, católico y humano como el establecido desde nuestro movimiento".

Para el investigador José Luis Gutiérrez Molina, el franquismo tenía tres pilares fundamentales. Uno: el ejército, que como "característica especial del fascismo español" controlaba "todo, desde la justicia hasta la economía". Dos: la corrupción, se trató de "un régimen absolutamente corrupto, desde la altura hasta la base". Y tres: el trabajo esclavo, que beneficia "al Estado franquista y a empresas privadas", convirtiéndose en "elemento vertebrador".

En Andalucía, se dan los primeros campos de concentración y trabajo forzado en zonas donde ya no hay operaciones militares. Hubo trece instalaciones en Granada, once en Córdoba y Sevilla, ocho en Jaén, cuatro en Cádiz y Málaga, tres en Huelva y uno en Almería. Alguno, como el de Los Merinales, con diferentes usos hasta 1956, dos décadas después de iniciada la guerra civil.

Una "empresa", en suma, con fundamento económico y de reeducación mental, al servicio "de lo público y lo privado" y, en palabras de Gutiérrez Molina, muy presente en la "primera orientación autárquica del régimen franquista", un proyecto "concentracionario" –aunque alejado de la "política de exterminio" presente en la denominada por Francisco Espinosa "matanza fundacional"–, sin el que el franquismo "no sería comprensible". Como dice un personaje en la obra Por el río abajo de Alfonso Grosso y Armando López Salinas: "¡Así aprenderán los rojillos a no insultar a los señores!".

Juan Miguel Baquero

domingo, 22 de diciembre de 2013

SOCIALISTAS CONTRA EL VOTO FEMENINO

«No utilice falsedades históricas para contestar al Grupo Socialista, como la que se produjo cuando se refirió al voto femenino durante la Segunda República», dijo Elena Valenciano, muy segura de sí misma, a Alberto Ruiz-Gallardón. La indignación de la diputada del PSOE se debía a que el ministro de Justicia aseguraba que, al comenzar la Segunda República, los socialistas tenían una diputada que se negó a votar a favor del voto femenino.

Valenciano y el resto de sus compañeros del PSOE dieron muestras de desconocer la historia de su propio partido, pues la diputada socialista en cuestión, Margarita Nelken, efectivamente fue contraria a otorgar el derecho de sufragio a la mujer en 1931, un año en el que podían ser elegidas, pero aun no electoras. Lo que Gallardón no mencionó en el Congreso sobre este hecho insólito y sonrojante del PSOE es que Nelken no fue la única, sino que hubo otros diputados socialistas y de la órbita republicana y de la izquierda que también se opusieron con fuerza.


En las discusiones parlamentarias sobre la concesión a las mujeres del derecho a votar en las Cortes Constituyentes de 1931, el diputado Hilario Ayuso del Partido Republicano Federal, un grupo que después formaría parte, junto al PSOE, del Frente Popular, propuso una enmienda por la que los varones pudieran votar desde los 23 años, pero las mujeres desde los 45. Un momento clave de la historia de España en el que Partido Republicano Radical (PRR), de fuerte tendencia anticlerical, quiso ir un poco más allá en su oposición y propuso retrasar la votación, por el peligro que creía que suponían para la República que las mujeres ejercieran su derecho al voto.

«La mujer es histerismo»
A partir de este momento, las perlas que se escucharon en el Congreso por parte de algunos diputados de izquierda y de otros de diferentes tendencias socialistas resultarían impensables hoy en día. Desde que «la mujer es histerismo y se deja llevar por la emoción y no por la reflexión crítica» (Roberto Novoa, de la Federación Republicana Gallega), hasta que «el histerismo impide votar a la mujer hasta la época menopáusica» (Hilario Ayuso, del Partido Republicano Federal). O la propuesta del diputado Eduardo Barriobero, del Partido Republicano Democrático Federal, que pedía excluir de dicho derecho a las 33.000 monjas que existían en España.

Lo llamativo de esto es que dos de las tres diputadas que había en el Congreso en 1931, ambas de tendencia socialista, se mostraron en contra de conceder el sufragio a la mujer. Por un lado Nelken, que había ingresado en el PSOE poco antes y que fue la única mujer que consiguió las tres actas parlamentarias durante la Segunda República, y por otro Victoria Kent, diputada del Partido Radical Socialista.

«Es necesario que las mujeres que sentimos el fervor democrático, liberal y republicano pidamos que se aplace el voto de la mujer», aseguró Kent en el Congreso el 1 de octubre de 1931, consiguiendo los aplausos de sus compañeros de partido. Tanto la diputada socialista-radical como Nelken sostenían que la mujer española carecía en aquel momento de la suficiente preparación social y política como para votar responsablemente, debido a que estaban muy influenciadas por la Iglesia y su voto podía ir a parar a los partidos conservadores.

Es decir, que tanto Kent como Nelken no querían que las mujeres votaran porque creían que sus votos no serían para los partidos de izquierdas. Puro oportunismo político que basaban en que un grupo de católicas acababa de entrega un millón y medio de firmas al presidente de las Cortes, pidiendo que «se respetaran los derechos de la Iglesia» en la Constitución.

Clara Campoamor
Frente a ellas, y frente a un buen grupo de otros diputados republicanos y socialistas, incluidos los de su propio partido, se encontraba una figura clave de la historia contemporánea de España: Clara Campoamor. «¿De qué se acusa a la mujer? ¿De ignorancia? Si se trata de analfabetismo, las estadísticas afirman que, desde 1886 a 1910, el número de analfabetos ha disminuido en 48.000 en las mujeres y en menos proporción en los hombres. La curva ha seguido hasta hoy, momento es que la mujer es menos analfabeta que el hombre», contestaba la histórica diputada del Partido Republicano Radical a Victoria Kent, sentenciando que «la mujer fue eliminada de los derechos políticos porque las leyes habían sido detentadas por el hombre». «No olvidéis que nos sois hijos de varón tan solo», les advertía.

Fueron unas sesiones tensas en un congreso que acabó dividido ante esta cuestión. Hubo muchos diputados que defendieron el voto femenino con argumentos como que «la única manera de arrancar a la mujer de las garras del confesionario es concederle el voto», «que esta sabrá separar sus sentimientos religiosos del fanatismo que le impida el ejercicio de sus deberes ciudadanos», «que el voto de la mujer no solo no perjudicará, sino que representará un extraordinario refuerzo para la República» o que, «para que la mujer se vea comprometida con la República, es preciso concederle el voto».

El 1 de octubre de 1931, el derecho al sufragio femenino no solo no fue aplazado, sino que la propuesta de que los hombres votaran al cumplir los 23 años y las mujeres a los 45 no salió adelante. Ambos sexos votarían a los 23 años tras una votación que acabó con 161 votos a favor y 121 en contra.

Durante esta se produjo un curioso incidente que ABC destacaba en sus páginas. Cuando Clara Campoamor iba a votar, una espectadora del Congreso le gritó desde la tribuna: «¡Eso es impropio de una mujer!». Tras llamarle la atención, le preguntaron que por qué criticaba a la diputada defensora del voto femenino, a lo que esta respondió gritando de nuevo, y provocando las risas de los diputados, que «creía que era la Kent».

«Nunca superarán nuestros absurdos»
La diputada radical-socialista hizo un último intento para conseguir que se aplazara el sufragio femenino, presentando dos meses después una disposición transitoria que pedía que las mujeres no votaran en unas elecciones generales hasta haberlo hecho dos veces en unas municipales. La propuesta de Kent fue rechazada, esta vez con un margen mucho más estrecho: 131 votos contra los 127 que representaban, entre otros, gran parte de los diputados del Partido Radical Socialista, todos los parlamentarios de la Agrupación al Servicio de la República –entre los que estaban Ortega y Gasset, Marañón y Ramón Pérez de Ayala, que habían presentado candidatos dentro de la candidatura republicano-socialista–, muchos miembros de la izquierda republicana más radical y la diputada del PSOE Margarita Nelken.

Tras esta votación, el derecho al sufragio femenino fue aprobado finalmente por las Cortes Constituyentes el 9 de diciembre de 1931. Como dijo Wenceslao Fernández Flórez en las crónicas parlamentarias de ABC que le hicieron famoso, «para orgullo de la superioridad masculina estamos seguros de que ellas nunca podrán superar nuestros absurdos».

sábado, 21 de diciembre de 2013

JUZGAR A LOS TORTURADORES : ¿SERA SUFICIENTE?

Según informa la prensa de hoy, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz “ha retirado el pasaporte y ha prohibido salir del territorio nacional" al ex inspector Antonio González Pachecho, alias Billy el Niño, y al ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar. Los dos miembros del aparato represor franquista aún vivos, de los cuatro que la juez argentina María Servini de Cubria ha imputado recientemente por el delito de torturas en los últimos años del franquismo, y contra los que ha solicitado una orden internacional de detención. Las medidas impuestas a los dos ex agentes, que incluyen la "obligación de comparecer semanalmente en la Audiencia Nacional o en el juzgado más próximo a su domicilio", han sido decretadas por el juez Ruz "en conformidad con lo solicitado por el fiscal, Pedro Martínez Torrijos". 


La citación de los dos ex mandos policiales franquistas se ha producido después de que el Consejo de Ministros decidiera, el pasado viernes, continuar los trámites legales del proceso de extradición solicitada por la justicia argentina para que la juez Servini de Cubría pueda tomarles "declaración indagatoria". 

Lo ocurrido hoy en la Audiencia Nacional es el resultado de las denuncias presentadas en Argentina, desde 2010, por las familias de las víctimas de la represión franquista ante la falta de progreso de las causas contra estos agentes en España. Un resultado que ha sido posible porque la Justicia argentina ha tomado en consideración el criterio de "justicia universal" utilizado por el juez Baltazar Garzón cuando investigó en España, a finales de la década de los noventa del pasado siglo, a los criminales de las dictaduras de Argentina y de Chile de los años 1976-1983 y 1973-1990 respectivamente.  

Pero también es - como lo ha declarado hoy frente a la Audiencia Nacional una de las víctimas del bestialismo de esos torturadores - un "sueño hecho realidad" que ha sido posible gracias a la obstinación de las asociaciones de represaliados en proseguir las denuncias judiciales en Argentina después del fracaso de la tentativa de hacerlo en España con Garzón.

Un "sueño hecho realidad" que los miembros de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) quisieran repetir con el ex ministro Martín Villa. 

¿Se realizará este "sueño"? ¿Serán extraditados a Argentina los dos ex agentes franquistas para que les interrogue la juez Servini de Cubría? ¿Los juzgará y condenará la Justicia argentina?

Por lo sucedido hoy en la Audiencia Nacional, tanto en el despacho del juez Ruz como en la calle, pocas esperanzas pueden alentarse. El hecho de que la juez haya dejado en libertad a los dos ex mandos de la Policía y la Guardia Civil, y que los agentes de la Policía y de la Guardia Civil, que guardaban el edificio, hayan alejado a empujones y con amenazas de multar a los integrantes del grupo de víctimas del franquismo que reclamaba justicia, induce más bien a pensar que ni ese “sueño” se repetirá, ni serán extraditados, juzgados y condenados esos dos ex agentes franquistas.

Además, aunque en los próximos días, semanas, meses o años, ese "sueño" llegara a repetirse y hubiera extradición, juicio y sentencia, sería la Justicia argentina y no la española la que finalmente juzgaría y condenaría (o no) a los torturadores y responsables de la represión franquista que aún queden vivos. Es decir, que tendríamos que asumir la vergüenza de nuestra impotencia por no haber sido capaces de poner fin a la continuidad del franquismo en las Instituciones del Estado.

Desgraciadamente, el que el juez Ruz se haya visto obligado a actuar a petición de la juez argentina evidencia ya esa impotencia. Una impotencia cuya responsabilidad incumbe principalmente a la clase política española que se pretende "progresista": tanto por aceptar este estado de cosas en la oposición como por su cobardía a cambiarlo cuando ejerció funciones de gobierno.

Ante una tal situación, ¿que hacer? 

Por supuesto, todo lo que se haga por recordar y rehabilitar públicamente a las víctimas de la represión franquista tiene su valía y debemos continuar haciéndolo… Lo peor sería enterrar la memoria de su lucha con nuestro silencio... Pero me parece que no se conseguirá preservar esa memoria dejándola en manos de la Justicia (sea la argentina o la española); pues un acto judicial entierra la memoria más que la preserva.

El combate de la memoria no debe ser para castigar, aunque sea simbólicamente. El castigo, y más si es judicial, es una venganza. El objetivo de la memoria debería ser el de interesar a las nuevas generaciones en lo que fue aquella lucha, para que no haya amnesia histórica y los Poderes responsables de aquella tragedia no sigan decidiendo el ordenamiento de la sociedad. 

El recurso a la Justicia, como lo hicimos los libertarios con las demandas de revisión de las sentencias pronunciadas por los tribunales franquistas, era para romper la amnesia impuesta por la “transición” y obligar a los partidos políticos “progresistas” a asumir su responsabilidad… 

El “proceso de memoria histórica” se puso en marcha y esos partidos no supieron ir más lejos de esa cobarde e hipócrita Ley,  parida por un gobierno socialista, que ni siquiera sirve para anular las sentencias franquistas. No obstante, eso demostró que el combate, aunque deba pasar en algún momento por lo judicial, es político y que es a los políticos de asumir la responsabilidad del resultado del mismo. Y a nosotros de obligarles a asumirlo.

Desgraciadamente, la situación es la que es , y por ello se impone ahora, cuando comienza el tiempo de las promesas, de no olvidar lo que esos políticos no tuvieron el valor de hacer cuando tuvieron en sus manos el poder de hacerlo.

Octavio Alberola

EL REY, SU AYUDANTE ARMADA, Y MUGICA

La muerte del general Alfonso Armada, indultado por el Gobierno del socialista Felipe González tras cumplir solo 6 años de los 30 a los que fue condenado, no ha enterrado ni mucho menos la verdad histórica y judicial sobre el golpe de Estado del 23-F. Cada vez más historiadores, investigadores y testigos directos están desvelando que la asonada no se produjo como la contaron sus protagonistas, sino que fue el propio rey Juan Carlos, su ayudante desde 1955, Alfonso Armada (secretario de la Casa del Príncipe Juan Carlos y después, cuando su jefe era ya el monarca, secretario general de la Casa Real) y el dirigente socialista Enrique Múgica (PSOE) quienes urdieron un “Gobierno de concentración” para derrocar a Adolfo Suárez. El problema fue que el autor material, el coronel golpista Antonio Tejero, les salió rana. Y además un operador de TVE dejó encendida una cámara que puso al descubierto la opereta bufa. Para colmo, Armada no consiguió convencer a Tejero de que se le invistiera allí mismo presidente del Gobierno junto con dirigentes de AP, PSOE, PCE, “traidores” de UCD e independientes.




La médico del Congreso, doctora Carmen Echave, escuchó la conversación Armada-Tejero tras una puerta contigua y anotó los nombres que intentaban pactar. Los escribió en su propia agenda para no olvidarse. Es la conocida “lista de los 19”, políticos y militares que, por fidelidad al rey, odio a Adolfo Suárez, ambición o las tres cosas juntas, estaban dispuestos a todo con tal de poder ocupar un sillón ministerial:

– Presidente: general Alfonso Armada
– Vicepresidente para Asuntos Políticos: Felipe González (PSOE)
– Vicepresidente para Asuntos Económicos: J.M. López de Letona (Banca)
–Ministro de Asuntos Exteriores: José María de Areilza (Coalición Democrática)
–Ministro de Defensa: Manuel Fraga Iribarne (Alianza Popular)
–Ministro de Justicia: Gregorio Peces-Barba (PSOE)
–Ministro de Hacienda: Pío Cabanillas (UCD)
–Ministro del Interior: general Manuel Saavedra Palmeiro
–Ministro de Obras Públicas: José Luis Alvarez (UCD)
–Ministro de Educación y Ciencia: Miguel Herrero de Miñón (UCD)
–Ministro de Trabajo: Jordi Solé Tura (PCE)
–Ministro de Industria: Agustín Rodríguez Sahagún (UCD)
–Ministro de Comercio: Carlos Ferrer Salat (presidente de la CEOE)
–Ministro de Cultura: Antonio Garrigues Walker (empresario)
–Ministro de Economía: Ramón Tamames (PCE)
–Ministro de Transportes y Comunicaciones: Javier Solana (PSOE)
–Ministro de Autonomías y Regiones: general José Antonio Sáenz de Santamaría
–Ministro de Sanidad: Enrique Múgica Herzog (PSOE)
–Ministro de Información: Luis María Anson (presidente de la agencia Efe)

La fiabilidad del testimonio de la doctora Echave lo corrobora la periodista Victoria Prego, especializada en la Transición, y lo confirma el periodista Pablo Sebastián, que menciona como Fernando Alvarez de Miranda (UCD) y Alejandro Rojas Marcos (Partido Andalucista) supieron que Felipe González había dado el visto bueno a un “Gobierno de concentración nacional”:

“¿Por qué Felipe González -como lo recuerda Fernando Alvarez de Miranda citando a Adolfo Suárez  y lo ha confirmado Alejandro Rojas Marcos- prefería un Gobierno de concentración nacional presidido por un militar, como el que proponía Armada, en vez del Gobierno de Suárez? ¿Qué pasó entre Armada y Tejero cuando el coronel de la Guardia Civil con el que Armada había preparado el golpe, le negó a Armada su entrada en el Congreso secuestrado porque al parecer la lista del gobierno que traía el exgeneral incluía a socialistas y comunistas?”.

El coronel Martínez Inglés incluye en su libro “La transición vigilada”, retirado del mercado a los 15 días, las únicas declaraciones del general golpista Milans del Bosch sobre esos acontecimientos. Habían coincidido en la misma prisión y el coronel le prometió no divulgarlas hasta después de su muerte. Milans del Bosch dijo: “El rey quiso dar un golpe de timón institucional, enderezar el proceso que se le escapaba de las manos y, en esta ocasión, con el peligro que se cernía sobre su corona y con el temor de que todo saltara por los aires, me autorizó actuar de acuerdo con las instrucciones que recibiera de Armada”.

Afirma que después el general Armada siguió teniendo mucha amistad con el rey, con quien hizo un pacto de silencio: “No acusó a su señor, se calló y estuvo solamente cinco años en la cárcel, después lo indultaron. Sin embargo, el general Milans, un hombre completamente distinto de Armada, no es un hombre de Palacio sino un militar más puro, fue engañado y abandonado, siguió en la cárcel durante nueve años”.

El periodista Jesús Cacho también investigó este asunto en el libro “El negocio de la libertad’. Su colega Rafa Plaza afirma que Cacho lo había entregado a la editorial Plaza y Janés del grupo Berstelsmann, pero le dijeron que lo publicarían si mutilaba 50%. “No queremos problemas”, le comentaron. Lo llevó entonces a la editorial Foca, y el libro ya va en la undécima edición, con 90 mil ejemplares vendidos.

Cacho concluye que “el rey participó en el 23-F, y menciona en el libro un informe escrito y firmado de puño y letra por el general Armada, que confirma lo anterior, así como la carta que escribió antes del juicio, en la cual el general le pide permiso al rey “por el honor de mis hijos y de mi familia, para utilizar, durante el consejo de guerra, parte del contenido de nuestra conversación, de la cual tengo nota puntual, mantenida días antes del golpe, a la vuelta de los reyes del entierro de la reina Federica de Grecia”.

Otros tres testigos más, los coroneles Diego Camacho y Alberto Perote, junto con el propio jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, que fue despedido por el rey porque no admitía las continuas tropelías del monarca y se las recriminaba, han dejado testimoniado lo que saben. Con ellos habló o recabó su testimonio el catedrático Roberto Centeno:
“Los golpistas del 23-F fueron víctimas de la fatalidad: el teniente coronel Tejero, encargado de la toma de las Cortes, se negó a obedecer a Armada cuando supo que iba a formarse un Gobierno con socialistas y otras izquierdas de nombre. En una entrevista radiada la pasada semana con el señor Trevijano, el coronel Diego Camacho, del CESID, relató cómo sus jefes estaban dentro del golpe y cómo lo apartaron cuando lo denunció ante su superior el general Calderón, sin saber que formaba parte de la trama. Según este coronel, el Rey dio marcha atrás cuando Armada le comunicó por teléfono que Tejero iba por libre y no le obedecía”.

“Además, el hecho de que la radio y la televisión continuaron transmitiendo, con un energúmeno pegando tiros al aire y el mundo entero viéndolo en directo, hacía el “golpe de timón” absolutamente infumable a nivel internacional”. En otra entrevista realizada en la COPE por César Vidal al coronel Alberto Perote del CESID, que vivió en directo todo el asunto, al preguntarle qué habría pasado si Tejero hubiera obedecido y las cámaras hubieran sido desconectadas, su respuesta fue rotunda: “Armada habría salido del Congreso investido como presidente del Gobierno”.

El jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, cuando fue expulsado de su puesto por el Rey, le contó a Trevijano cómo en el libro de visitas al monarca del día 11-F aparecía borrado el nombre de D. Alfonso de Borbón y en su lugar se había puesto el del general Armada, que se presentó de improviso en la Zarzuela, sin conocimiento de su capitán general. Y -continúa el general Fernández Campos- “tratándome como si fuera un soldado”, ante mi sorpresa me exigió: “dígale que estoy aquí y vera cómo me recibe (el Rey) en el acto”, lo que efectivamente sucedió.

Fernández Campos le contó también a Trevijano que, a las tres de la mañana del 24-F, ordenó a un capitán de servicio en la Zarzuela que se presentara en la agencia EFE y retirara el cable enviado por el Rey a Miláns del Bosch en el que le decía “que ya no podía dar marcha atrás”. Se refería a la suspensión de la operación político-militar promovida por la Corona. Miláns del Bosch, que ya había sacado los tanques a la calle, no obedece al Rey al instante, por eso el mensaje del monarca en la televisión no puede emitirse hasta la madrugada. En el 23-F los militares pagaron el pato, todos los condenados menos uno eran militares, aunque en el golpe había mas civiles que militares: “Y con una dignidad y una lealtad digna de mejor causa todos mantuvieron la boca cerrada”