HISTORIAL DE CORRUPCION EN DEMOCRACIA: 1976-2012

GOBIERNO ADOLFO SUAREZ- CALVO SOTELO (1976-1982)

Caso de la Colza fue muy sonado por la venta fraudulenta de aceite adulterado, que provocó el envenenamiento de 60.000 españoles y la muerte de 700.
Caso Fidecaya: Un agujero en ésta entidad de ahorro creada en 1952 fue intervenida en 1980, con 250.000 afectados y una presunta estafa de 1.800 millones de pesetas. El gobierno forzó una liquidación que el Tribunal de Cuentas consideró irregular. El déficit patrimonial de la Empresa fue estimado provisionalmente en más de 7.000 millones de pesetas, la mitad de los ahorros depositados en ella,  fueron garantizados en un 90 % por el Estado. El propietario Edmundo Alfaro, fue procesado por estafa, y Fidecaya comprada por Rumasa, ante la oposición del Gobierno. El caso fue archivado por la fiscalía en 1989.

GOBIERNO DE FELIPE GONZÁLEZ (1982-1996) 

Caso Flick : trama española de un gran caso de financiación ilegal de partidos y evasión de impuestos en la RFA, por parte del multimillonario ultraderechista Friedrich Karl Flick. La Fundación Friedrich Ebert, próxima al SPD, destinó donaciones de Flick por valor de un millón de marcos para financiar al PSOE.
Caso Kío : suspensión de pagos por valor de 300.000 millones de pesetas (1.803 millones de euros). El gerente de ésta sociedad en España, Javier de la Rosa, y sus colaboradores habrían robado, según acusación particular, 30.000 millones de pesetas (180 millones de euros).
Caso Wardbase : una causa separada del anterior, referida a un pago fraudulento realizado por Javier de la Rosa a Manuel Prado y Colón de Carvajal por importe de 1.900 millones de pesetas.
Caso de los fondos reservados : desvío de partidas destinadas a la lucha contra el terrorismo y el narcotráficco por valor de 5 millones de euros, entre los años 1987 y 1993 para uso privado, enriquecimiento personal y pago e sobresueldos y gratificaciones a siete altos funcionarios del ministerio del Interior.
Caso Rumasa : expropiación, venta y liquidación del holding en una operación que supuso su quiebra total, debido a las irregularidades en su gestión por parte de la familia Ruiz-Mateos.
Caso Filesa : financiación ilegal del PSOE a través de empresas tapaderas Filesa, Malesa y Time-Export, que entre 1988 y 1990 cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que luego no llegaron a realizarse. Entre las personas vinculadas se encontraban el diputado socialista por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote.
Caso AVE: cohecho y falsedad en relación con las supuestas comisiones ilegales obtenidas por la adjudicación del proyecto de tren de alta velocidad Madrid-Sevilla, a su vez desglosado en :
Caso Seat : pago de 175 millones de pesetas por parte del PSOE a directivos de Seat, para la recalificación irregular de terrenos de ésta empresa, con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE. Aunque la sentencia consideró probados los hechos, absolvió a los acusados por haber prescrito el delito.
Caso Osakidetza: en las oposiciones al Servicio Vasco de Salud de 1990 se detectó un "cambiazo" masivo de exámenes que obligó a repetir gran parte de las pruebas, a las que se habían presentado cerca de 50.000 aspirantes. Por su presunta relación con el éste caso, fueron detenidos Pedro Pérez, director de gestión económica de Osakidetza, y otras tres personas militantes del PSOE, acusadas de fraude con objeto de beneficiar a miembros del PSOE y UGT e instalar un grupo de personas afines en posiciones de responsabilidad.
Caso Cesid : escuchas ilegales practicadas por los servicios en la sede de Herri Batasuna en Votoria.
Caso Mengele : presunto secuestro y experimentación ilegal con tres mendigos, uno de los cuales murió, por parte del Cesid y el cardiólogo Diego Figuera, con obeto de probar un sedante que debía administrarse a un dirigente etarra, al que se planeaba secuestrar. La causa procesal, instruída por el Juez Garzón, fue sobreseída en 1999 a petición de la Fiscalía General.
Caso Guerra : condena de Juan Guerra, hermano del vicepresidente Alfonso Guerra por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones.
Caso Casinos: desvío de unos 3.000 millones de pesetas de la sociedad de Casinos Inverama por parte de su presidente Artur Suqué, mil de los cuales habrían sido destinados a la financiación ilegal de CIU.
Caso Ibercop : especulación bursátil con valores bancarios por parte de Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de España.
Caso Urbanor : una serie de irregularidades en las transacciones para la construcción de las famosas torres Kío, cuando la sociedad Urbanor vendió terrenos de la Plaza de Castilla de Madrid, al grupo kuwaití Kío. Reconociendo los hechos delictivos, el Tribunal Supremo absolvió a los acusados por la prescripción de los mismos. Sin embargo, la Audiencia de Madrid dictó en 2010 pena de cárcel, ratificada por el propio Supremo, por falsedad documental en su defensa.
Caso Sarasola : la gestión irregular del Hipódromo de la Zarzuela y la concesión de la quiniela hípica; presuntos delitos de estafa y alzamiento de bienes en la Sociedad Española de Banca de Negocios.
Caso Urralburu: una trama de prevaricación y cohecho por el cobro de comisiones ilegales en las obras publicas realizadas por el gobierno socialista de Navarra, Gabriel Urralburu, entre 1987 y 1991. Urrulburu fue procesado y condenado junto al ex consejero Antonio Aragón.
Caso Bardelino : la liberación bajo la fianza y huída del dirigente de la camorra napolitana Antonio Tonino Bardelino.
Caso Godó : escuchas ilegales o espionaje electrónico realizadas en 1992 por ex agentes del CESID al personal del periódico La Vanguardia, por encargo del empresario Javier Godó, el cual fue finalmente exculpado. El informe policial acusaba al propio CESID de controlar la red.
Caso BPF : en 1992 se descubrió un delito de estafa cometido a través de una red de pagarés de empresa falsos de BFP Gestión y Asesoramiento Financiero, por un valor de 4.000 millones de pesetas. En 1994 fueron procesados y encarcelados Jordi Planasdemunt, alto cargo de CIU y director general del Institut Català de Finançes, y otras diez personas, entre ellas Salvador Forcadell, Varles Vila y Joan Bassols.
Caso Gran Tibidabo: causa contra el empresario Javier de la Rosa y otras siete personas, entre ellas Manuel Prado y Colón de Carvajal y la esposa de la Rosa, Mercedes Misol, por la descapitalización de la compañia  Grand Tibidabo presuntamente en beneficio propio, bajo la acusación de delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
Caso Estevill : trama de corrupción judicial en torno al ex juez y ex vocal del CGPJ, Luis Pascual Estevill, condenado por delitos de cohecho y prevaricación.
Caso Turiben : una presunta re de facturas falsas utilizadas por miles de militares y agentes e policía para estafar al Estado, justificando dietas.
Caso Salanueva : Detención de la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, por una presunta malversación de fondos el 29 de Noviembre de 1993. Se estima que pudo cometer un fraude al adquirir papel presna por un valor total de 2.385 millones de pesetas, precio muy superior al del mercado, causando un perjuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda. Fue puesta en libertad el 1 de Diciembre de 1994, fue denunciada por imitar por teléfono la voz de Carmen Romero y de la reina para quedarse con cuadros de un pintor famosos con falsas promesas.
Caso Expo-92 : cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210 millones de euros. Fue archivada por el juez Garzón tras siete años de instrucción.
Caso Roldán : Luis Roldán, director de la Guaria Civil entre 1986 y 1993, enriquecido ilícitamente con el robo de 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 millones más en comisiones de obras del Instituto Armado.
Caso Pavesa : vinculado al anterior.
Caso Banesto: un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros (605.000 millones de pesetas) que dejó en la estacada a siete millones de clientes, medio millón de accionistas, 15.000 trabajadores y 50 empresas en las que la entidad participaba.
Caso Palomino : el cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, ganó 346 millones de pesetas gracias a la venta de su empresa, en quiebra técnica, por 310 millones a CAE (luego comprada por Dragados), cuya cartera de obras para el MOPU se multiplicó. Posteriormente, una investigación le vinculó con la mala calidad de las rejas de la cárcel de Sevilla 1.
Caso  Petromocho : fraude perpetrado por un tal Jean-Maurice Lauze, presunto intermediario en una falsa inversión saudí de 100.000 millones de pesetas en un proyecto para construir una refinería de petróleo en las cercanías del puerto de El Musel, en Gijón. El proyecto debía recibir una subvención estatal de 1.000 millones de pesetas. El escándalo provocó la dimisión del presidente socialista de Asturias, Juan Luis Rodríguez-Vigil, sin que el asunto llegara nunca a aclararse completamente.
Caso Naseiro : financiación ilegal del Partido Popular a través de la exigencia de pagos a empresas inmobiliarias.
Caso PSV: fraude y apropiación indebida de 18.588 millones de pesetas, para enriquecimiento personal y financiación ilegal de la UGT a través de ésta cooperativa de viviendas y de su gestota IGS.
Caso Hormaechea : prevaricación y malversación de caudales públicos por parte del popular Juan Hormaechea, es alcalde de Santander y ex presiente de Cantabria, condenado en octubre de 1994 a séis años de prisión mayor y 14 de inhabilitación.
Caso de la minería : subvención ilegal de compañías mineras por parte de M.A. Pérez Villar, ex senador por el PP y consejero de Economía de Castilla y León, condenado por el Tribunal Supremo a ocho años de inhabilitación por prevaricación continuada.
Caso Soller : prevaricación y cohecho en la adjudicación de las obras del túnel de Sóller por el ex presidente Balear del PP, Gabriel Cañellas. Absuelto de prevaricación en los Tribunales, prescibió el probado delito de cohecho.

GOBIERNO DE JOSE Mª AZNAR (1996-2004)

Caso Zamora : iniciado en 1997 para investigar la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Zamora a través del cobro de un "impuesto" de dos millones de pesetas y el 8% de comisión por cada obra pública entre 1987 y 1991. Fueron imputadas 33 personas, en su mayoría políticos del PP y constructores, aunque el caso fue archivado en 2012.
Caso Pallerols : en 1997 salió a la luz pública ésta presunta operación de financiación irregular de Unió Democrática a través del desvío de las subvenciones recibidas por las empresas controladas por el empresario Fidel Pallerols y su esposa para realizar cursos de formación laboral. Sobreseído provisionalmente en Diciembre de 2005, fue reabierto por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona en Noviembre de 2006.
Caso del Lino : en 1999 la Junta de Castilla-La Mancha denunció un presunto caso de ayudas irregulares al cultivo de lino, y desvío de fondos de altos cargos del gobierno popular, entre ellos la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio. En Julio de ese mismo año, la Comisión de Investigación constituída a solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, no halló ninguna irregurlaridad. No obstante, el Fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo redactó un informe denunciando la existencia de un "fraude generalizado. Tras una instrucción de 6 años a cargo de Baltasar Garzón, el 23 de Abril de 2007 la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió por completo a los 18 imputados, no hallando nin guna prueba de fraude o falsedad, y confirmando las conclusiones de la Comisión de Investigación. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la UE halló en 2009 deficiencias en el sistema de control de las ayuda al lino, y condenó a España a devolver 129 de los 134 millones de euros cobrados.
Caso Sanlúcar: en 1999 miembros del PSOE y algunos empresarios locales trataron de sobornar a un concejal del PP en Sanlúcar de Barrameda. Entre los 6 condenados por cohecho y tráfico de influencias en 2006 se hallaron los ex alcaldes socialistas de Sanlúcar y Chipiona, Agustín Cuevas Batista y Luis Mario Aparcero Fernández de Retana.
Caso Villalonga : presunto tráfico de influencias del presidente de la CNMV, Juan Villalonga, que se enriqueció mediante información privilegiada en la compra de opciones sobre acciones de Telefónica.
Caso Tabacalera: presunto enriquecimiento ilícito a través de la compra-venta de acciones con información privilegiada por parte de César Alierta, entonces presidente de Tabacalera, su mujer y un sobrino, en concreto entre 1997 y 1998. En 2010 fue absuelto al considerarse prescrito el delito.
Caso Forcem : presunto fraude en la Fundación para la Formación Continua (FORCEM), constituída en 1992 por CCOO, UGT, CIG y CEPYME para la gestión de las subvenciones para la formación de los trabajadores concedidas por el INEM con fondos de la Unión Europea. Algunas e las empresas receptoras de fondos realmente carerían de actividad, empleados y alumnos. La Fiscalía pidió el procesamiento de 6 cargos de UGT por el fraude de 100 millones de euros, y el informe del Tribunal de Cuentas remitido al Congreso detectó responsabilidades penales y civiles en dos de sus máximos responsables.
Caso Gescartera :un agujero patrimonial de 50 millones de euros en ésta sociedad de inversión.

GOBIERNO DE JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO (2004-2011)

Caso Malaya : El saqueo a Marbella es de más de 500 millones de euros. La red de testaferros blanqueó más de 670 millones a Roca. Los ayuntamientos controlados por Gil acumulan más de la mitad de sus deudas a la SS, se estima en 383,4 millones de euros. Diecisiete ayuntamientos del PSOE investigados por tramas urbanísticas.
Caso Gürtel : Esta trama vinculada al PP cuesta más de 120 millones al erario público.
Caso Jaume Matas : la corrupción balear tiene a más de 40 altos cargos imputados. En ésta trama también está imputado el yerno del rey, Iñaki Urdangarin.
Caso  Ladrillazo : recalificaciones y adjudicaciones irregulares en diversos ayuntamientos gestionados por el PP.
Caso Pretoria : El caso pretoria dejaba una media de 10 millones de euros en cada "pelotazo". Implicados PSOE-CIU.
Caso Salamanca : El ayuntamiento de Salamanca (PP), deja prescribir una deuda de 1.160.000 euros a un constructores amigo del alcalde. Perdona 20 millones de euros a constructores amigos vinculados al PP.
Caso Zarrafaya: en 2005 el alcalde socialista de ésta ciudad malagueña, Salvador Zamora, fue condenado a nueve meses de cárcel y 2.160 euros de multa, junto con tres concejales -sentenciados a 7 años de cárcel- , por un delito de prevaricación administrativa, al autorizar un complejo hotelero en suelo rural no urbanizable. Su sucesor, el también socialista Jose Miguel Muñoz, fue condenado a nueve meses de cárcel por desobediencia grave a la autoridad al negarse paralizar la construcción.
Caso de la Ciudad de golf : presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en torno a la construcción de un complejo de golf chalés en una zona de importancia medioambiental. Todos los imputados fueron absueltos.
Caso Bolín : Condena al ex alcalde del PP de Benalmádena, Enrique Bolín a 8 años de inhabilitación, así como al pago de una multa de 16.200 euros, por prevaricación urbanística, al conceder licencias de obra ilegales.
Caso Salmón : En 2008, el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, fue imputado por cohecho. El caso fue archivado al no encontrarse pruebas de delito.
Caso Sayalonga : En 2009 José Luis Navas (PSOE) ex alcalde de Sayalonga, es condenado a un año de cárcel y nueve meses de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio perpetrado en el año 2000.
Caso Matsa : En 2009 la Junta de Andalucía otorgó una subvención de 10,1 millones de euros a la empresa de minería Matsa. La oposición del Partido Popular y el sindicato Manos Limpias denunciaron en dos ocasiones que ésta subvención violaba la Ley de Incompatibilidades, puesto que Paula Chaves, la hija el Presidente  andaluz Manuel Chaves, trabajaba en Matsa. El Tribunal Supremo archivó las dos querellas presentadas considerando que Chaves no había incurrido en ningún delito.
Caso Alozaina : El ex alcalde de Alozaina, Antonio Blanco (IU) es condenado en 2010 a veinte años de inabilitación por dos delitos urbanísticos en 2002 y 2003.
Caso Plasenzuela : presunta prevaricación, malversación, estafa y delitos urbanísticos por parte del alcalde socialista de ésta localidad cacereña, Jose Luis Villegas, imputado por el desvío de 4,4 millones de euros de fondos públicos y apropiación de otros 66.000 por una residencia y un polideportivo. También fueron imputados un concejal socialista, el secretario municipal y el alcalde del cercano pueblo de Torremocha, Domingo Galán Encina del Partido Popular.
Caso Castellfollit : presunta falsedad de documento público por parte del alcalde de Castellfollit de la Roca, Moisés Coromina para poder cobrar cobrar un subvención con el fin de construir el nuevo ayuntamiento.
Caso de Los Eres Falsos : una presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, que saltó a raíz de la investigación del Caso Mercasevilla en 2011, donde se detectaron prejubilaciones irregulares. El fraude ascendería a 1.400 millones de euros y afectaría a 68 empresas. Los directores de la trama serían, presuntamente, Antonio Rivas, delegado de Empleo en la provincia de Sevilla, y Antonio Fernández García, consejero de Empleo de la propia Junta de Andalucía. El caso sigue siendo investigado por la justicia ordinaria y el Tribunal de Cuentas.
Caso Riopedre : en enero e 2011 el ex consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias durante el gobierno de Vicente Álvarez Areces, el socialista José Luis Iglesia Riopedre, es acusado de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas para funcionarios por una supuesta trama de adjudicaciones ilegales por valor de 14 millones de euros.
Caso Campeón : una presunta trama dedicada a captar subvenciones ilegales para determinadas empresas gallegas, que se saldó con la detención del director y un subdirector del IGAPE. Se investiga la implicación de dos diputados autonómicos socialistas, del alcalde socialista de Lugo, José Luis Orozco, y de Oriol Pujol de CIU. Su derivación más grave es la acusación de cohecho y tráfico de influencias por parte del ministro de Fomento y vicesecretario del PSOE José Blanco López, que se reunió en una apartada gasolinera con el empresario Jorge Dorribo, que le habría entregado 400.000 euros al primo de Blanco a cambio de subvenciones.
Caso de las ITV : una presunta trama de trama de concesiones irregulares de ITV en Cataluña. Condujo a la detención, en marzo de 2012, de dos altos cargos de CIU del gobierno catalán, Josep Tous, coordinador general de la Diputació de Barcelona, e Isidre Masalles, subdirector general de Segurida Industrial, y tres empresarios. El sumario acusa a Oriol Pujol de connivente con los presuntos delitos.
Caso Millet : presunto desfalco de 35,1 millones de euros del presupuesto del Palau de la Música por parte del presidente de su patronato, Félix Millet, y otros colaboradores, como Jordi Montull, a lo largo de diez años. Según un informe policial, 12 millones habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergència Democrática de Catalunya.
Caso Cambril : condena a 15 meses de prisión y 7 años de inhabilitación del ex alcalde socialista de la localidad jienense de Cambril, Agustín Cubillo por prevaricar al conceder dos licencias de obra. Otros ocho implicados fueron condenados a séis meses de prisión.
Caso Porcuna : la ex alcaldesa socialista de la localidad jienense de Porcuna, Ana Mª Moreno de la Cova, fue condenada a 21 años de inhabilitación y multa de 2.190 euros tras admitir haber concedido tres licencias de construcción ilegales entre los años 2004 y 2006. Tres concejales fueron condenados a 14 años de inhabilitación y el pago de una multa de 1.460 euros.
Caso NOOS o caso URDANGARÍN : derivación del caso PALMA ARENA referente al fraude fiscal relizado por el ex jugador de balonmano y duque de Palma, Iñaki Urdangarín. Hacienda estima en más de 16 millones de euros el dinero recaudado por la trama de las empresas del marido de la Infanta Cristina.

GOBIERNO DE MARIANO RAJOY (2011-... )

Caso Berzosa : presuntas irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en la gestión del ex-rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa; un sobrecoste de 11,5 millones de euros en un residencial en Somosaguas y facturas imposibles (como 57 viajes en coche a Atenas). Por ello la Asamblea de Madrid ha reclamado la comparecencia tanto de Bezosa como de su sucesor, José Carrillo, ante la posibilidad de un delito de prevaricación, malversación de caudales públicos e, incluso tráfico de influencias. La Fundación de la UCM ha defendido la gestión de Berzosa y prometido aclarar los problemas detectados.
Caso Garzón : éste juez es condenado por el Tribunal Supremo de España a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, al ordenar la escucha ilegal de los abogados defensores de Francisco Correa durante la instrucción judicial de otra trama de corrupción, el Caso Gürtel.
Operación Pitiusa : 88 detenidos, entre ellos 15 empleados públicos, en una red de robo y tráfico de datos confidenciales de la administración, con centro en Barcelona y actividades extendidas por 11 comunidades autónomas. La información se vendía a empresas privadas, muy singularmente bancos y operadoras de telecomunicaciones, a través de agencias de detectives privados.
Caso Dívar :El presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, costeó con dinero público 30 viajes a la Costa del Sol, con estancias en hoteles de cuatro estrellas. Tras ser exonerado y después de dos semanas de fuerte presión parlamentaria y mediática, Dívar presentó su dimisión, siendo el primer presidente del Poder Judicial que deja el cargo. Se le indemniza con más de 8.000 euros al mes durante dos años, además de su espléndida jubilación.
Caso  de la Cooperación : presunto desvío e más de 6 millones de euros en subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana a través de séis ONGs, entre 2008 y 2010, en la época de la dirección del popular Rafael Blasco, principal implicado. Los fondos, teóricamente destinados a ayuda humanitaria, acabaron gastados en viviendas de lujo en Miami.
Caso Alcorcón : según un informe del Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento de Alcorcón, uno de los más endeudados de España, recibió, presuntamente, bajo el gobierno del socialista Enrique Cascallana, créditos ilegales por valor de 44 millones de euros, con la aquiesciencia o dejadez del entonces Ministro de Economía Pedro Solves. En la actualidad se esperan las alegaciones de los afectados.


Ana Berges Estellés
@Esgreb60





Fuentes : Wikipedia- Google