NAVARRA MANTIENE EL RECONOCIMIENTO A DOCE FRANQUISTAS, INCLUIDO EL DICTADOR

  • Siete de los galardonados ejercieron de generales en la cruenta Guerra Civil
  • El Gobierno de UPN incumple la Ley de Memoria Histórica, que le obliga a anular estos nombramientos



Según informa Noticias de navarra, hasta doce reconocidos franquistas, muchos de ellos responsables directos de los asesinatos de miles de personas, siguen ostentando en la actualidad la condición de hijo predilecto o adoptivo de Navarra..


Integran esta ignominiosa lista siete generales que participaron tanto en la sublevación armada contra el legítimo Gobierno de la II República como en la cruenta represión posterior (Francisco Franco, José Solchaga, José Iruretagoyena, Francisco García Escámez, Rafael García Valillo, Ricardo Rada y Luis Orgaz); dos obispos que apoyaron con entusiasmo el golpe militar y justificaron la cruzada (Manuel Arce y Marcelino Olaechea); dos políticos incrustados en la dictadura (Tomás Domínguez, conocido como el conde de Rodezno; y Luis Arellano); y un peculiar orador que no se cansó de hacer propaganda del régimen que salió victorioso de la Guerra Civil (Federico García Sanchís).

Durante cuarenta años de franquismo, la Diputación Foral otorgó el honor de ser nombrado hijo predilecto o adoptivo -la única diferencia entre estos dos títulos es que el primero se daba a los navarros o considerados como tales y el segundo a los foráneos- a quince personas. Los galardonados fueron los doce mencionados, además del ingeniero Serafín Huici, el cardenal Arcadio Larraona y el empresario y político Félix Huarte, según figura en la relación facilitada por el consejero de Interior, Javier Morrás, al parlamentario de Izquierda-Ezkerra Txema Mauelón. De esta quincena, solo los tres últimos no tienen las manos manchadas de sangre.

Flagrante ilegalidad


El mantenimiento de estas distinciones es a día de hoy una irregularidad flagrante. La Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936, dice en su artículo 11 que “el Gobierno de Navarra tomará las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. Y en el artículo 12 ordena a las Administraciones Públicas de Navarra a proceder, “en el plazo de un año, a revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas con el régimen franquista, procediéndose en dicho plazo a realizar las diligencias oportunas que lo certifiquen”.

Llama la atención que estas concesiones honorífcas estén todavía vigentes, y que ninguno de los sucesivos gobiernos navarros constituidos en estas cuatro décadas de democracia haya tomado la iniciativa de acabar con lo que es una humillación para las cerca de 3.500 víctimas mortales, vinculadas al bando republicano, que hubo en la Comunidad Foral y para la inmensa mayoría de la sociedad.

Javier Encinas